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Dorinka fue comprada por el Grupo De Narvaéz en 2020 y emplea 15 mil trabajadores en Argentina. Este dato lo aporta Pablo Osuna, secretario general de Camioneros seccional Luján-Rodríguez, en una reciente entrevista dada al medio televisivo lujanense “Pares TV”.
Osuna se esfuerza en la extensa entrevista por ocultar a los televidentes la responsabilidad del gobierno de Milei-Caputo y de la burocracia sindical de la cual forma parte en la andanada de suspensiones, despidos y poda de los salarios reales de los trabajadores camioneros de zona oeste. No dice una palabra acerca de que la depresión económica por la cual atravesamos es el resultado buscado de la política económica del gobierno. Efectivamente, la producción y el consumo caen sin cesar como consecuencia de la megadevaluación de diciembre de 2023 que hundió el poder de compra de los trabajadores y jubilados, del ajuste brutal del gasto estatal en obra pública, educación, salud y seguridad social, de la de la apertura económica indiscriminada y de los despidos masivos en el sector público y el sector privado. Esta política económica hundió los salarios y las jubilaciones, pero aumentó en forma fabulosa el beneficio de los exportadores de commodities y de los tenedores de los bonos de la deuda pública. Claramente hay ganadores y perdedores. Osuna oculta todo esto al televidente porque “como peronista estoy en desacuerdo con el gobierno, pero quiero que le vaya bien (a Milei) y que haga las cosas bien”. O sea, Milei tiene vía libre para arrasar con los puestos de trabajo y el salario. En la pseudo caracterización que ofrece Osuna la depresión económica aparece como una fatalidad de la naturaleza.
Osuna, por otra parte, oculta a los trabajadores que la recesión/depresión inducida por Milei-Caputo apuntó a esmerilar la capacidad de lucha de la clase obrera para enfrentar la reforma laboral impulsada por el gobierno y los capitalistas de todos las fracciones y colores (banqueros, exportadores, grandes y pequeños industriales) y que la burocracia sindical sea de la CGT o las CTAs no enfrentaron, sino que por el contrario negociaron tras bastidores. Es de público conocimiento las reuniones de Moyano, Daer y Acuña en la Rosada donde se negoció la reforma laboral a cambio de mantener el monopolio de la cuota gremial y la gestión de los gigantescos recursos de las obras sociales (La Nación, 11-4-24). La reciente fractura del sindicato camioneros a nivel nacional obedece a los diversos alineamientos de las burocracias con las patronales y el gobierno (Aladio, Moyano Hugo y Moyano Pablo) en torno a cómo implementar la reforma laboral contenida en el DNU 70/2023 y en la Ley de Bases votada en el Congreso sin ninguna oposición de ninguna burocracia sindical. En esta línea, Osuna promueve todo tipo de negociaciones con las empresas para evitar despidos sin importar la vulneración de derechos laborales adquiridos, incluso aquellos contemplados en el convenio colectivo de trabajo. Propugna por la “modernización de las relaciones laborales” siempre en un acuerdo entre las empresas y los sindicatos y no entre las empresas y “la política” porque “los políticos nunca trabajaron”. De este modo rechaza que la reforma laboral se implemente por ley (vía el parlamento) y reivindica que sea discutida rama por rama. En el caso de Dorinka, “para evitar despidos”, Osuna acordó con De Narváez adelantar vacaciones, eliminar turnos nocturnos porque implican un sobre costo para las empresas e impulsó la polifuncionalidad. Naturalmente, nada de esto evitó el despido de 1/3 de su plantel (5 mil despidos).
En este marco general los desafíos que enfrentan los activistas y delegados de bases son enormes porque la defensa de los puestos de trabajo, del convenio colectivo y del salario queda en sus manos. Es necesario impulsar la más amplia deliberación en el gremio por medio de asambleas y plenarios con el fin de preparar a los trabajadores para las próximas batallas.
