Escribe Patricia Urones
Que la investigación llegue hasta los últimos responsables, intelectuales y políticos.
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Ayer por la mañana, la fiscal Paula Kelm se refirió a la situación de los dos detenidos durante el fin de semana por presunto incendio intencional. La fiscal solo dijo que los incendios fueron intencionales y que las pruebas de las que disponía demostraban esta intencionalidad sin dar mayores precisiones. A principios de mes, otro hombre, de 72 años fue detenido acusado de provocar el fuego que terminó por arrasar con varios miles de hectáreas en el departamento de Calamuchita. El gobernador Llaryora afirmó que se presentará como querellante en la causa contra los presuntos responsables y que las penas debían endurecerse para ser ejemplares. Entiende que es la negligencia o “malicia” de las personas la que está en las causas de los incendios. En términos generales, Llaryora y la fiscal no descubren la pólvora: más del 90% son provocados por la mano del hombre. La alta incidencia de las causas antrópicas obedece por lo general a la inevitable convivencia del hombre y la naturaleza, algo que no podrá corregirse jamás mientras viva el ser humano. Pero, y aquí es donde ambos incurren en omisión, de lo que se trata, por lo tanto, es de explicar la naturaleza de esa “intencionalidad” o “negligencia”, una etapa de las “investigaciones” que siempre suele quedar trunca.
Según el medio gráfico La Voz del Interior, bomberos y profesionales del Servicio Provincial de Manejo del Fuego han señalado una notable mayor frecuencia de inicio de incendios en las localidades aledañas a la capital de la provincia y en las zonas del norte del departamento de Punilla. La necesidad de viviendas en la urbe de un lado, y la atracción que produce la belleza de los valles cordobeses, de otro, hacen de estas zonas, un botín muy codiciado para el capital inmobiliario, que se quiere arrojar a la construcción de edificios, casas, barrios privados y emprendimientos turísticos. Una lógica similar se observó en ocasión de los incendios en las islas del Delta del Paraná hace dos años atrás. En aquella ocasión, la población local señalaba a los grandes productores ganaderos que buscaban extender los campos de ganado y al capital inmobiliario, interesado en la construcción, nuevamente, de edificios y barrios privados en el Delta, lo cual no es más que una extensión del complejo que ya se encuentra instalado en la zona norte de la Capital Federal -Puerto Madero, Vicente López, San Isidro y Tigre. Los isleños de los pagos de Massa hace años vienen denunciando los incendios y otros intentos de desplazarlos. La vía judicial, en el caso del fuego rosarino, quedó definitivamente cerrada por el mismo Poder Judicial, cuando la investigación llegó a la conclusión de que entre los principales responsables intelectuales de los incendios se hallaban grandes empresarios como el dueño de la famosa bebida Cepita. Otro tanto podríamos decir de Bariloche, donde se juega el desplazamiento de las comunidades originarias en pos de la apropiación y privatización de tierras para el turismo. En estos casos, donde la mano que prendió el fuego tuvo claramente la intención de iniciar un incendio, fue dirigida por intereses capitalistas concentrados.
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quintero, se ha referido a la negligencia que surge de prender fuego “para calentar una pava” o para “hacer un asado”, refiriéndose al turismo que transita los montes y las sierras cordobesas. Pero el gobierno de Córdoba, el actual y los anteriores, hace mucho que se han orientado a transformar a la provincia en una zona de turismo. El turismo masivo, en una región de montes, en época de sequía, es en sí mismo, un factor de incidencia en el origen de los incendios, porque las personas transitan y permanecen en estas zonas, con todas sus costumbres incluidas (fumar o prender fuego para cocinar). Ni al gobernador, ni a su ministro, le produjo la misma indignación, que, en medio de los incendios en la zona del Cerro Champaquí, se autorizara a turistas a hacer trekking. Semejante negligencia de las agencias de turismo puso en peligro a 400 personas y al personal que debió rescatarla. En España, donde también son frecuentes los incendios, el turismo es uno de sus grandes responsables.
Tanto la intencionalidad como la negligencia, tienen un contenido de clase, porque ambas se asientan en el uso que los grandes grupos capitalistas hacen de los ecosistemas naturales. La búsqueda de la responsabilidad por los desastres ígneos en las acciones individuales, aisladas de su contenido social, de clase, tiene el objetivo de evadir las responsabilidades de las diferentes fracciones del capital -del turismo, del agronegocio e inmobiliario- y ocultar la responsabilidad del Estado en sus diferentes estamentos. Una verdadera investigación debe aclarar el entramado de negociados y corruptelas que se encuentran en el fondo de estos incendios y llegar hasta los últimos responsables, intelectuales y políticos.
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