Israel: sanciones y represalias contra quienes denuncian el genocidio

En el tembladeral político que es Israel, aunque la mayoría de la población apruebe la extensión de la guerra a El Líbano e Irán, el diario Haaretz salió a desautorizar a su propio editor, Amos Schocken, quien se refirió a los palestinos como “luchadores por la libertad”.

En una conferencia realizada en Londres, Schocken había dicho: “Al gobierno de Netanyahu no le importa imponer un cruel régimen de apartheid a la población palestina… Desprecia el costo que paga en ambas partes por defender los asentamientos de los colonos mientras combate a los luchadores por la libertad palestinos, que Israel llama terroristas”.

Varios ministros del gobierno exigieron que el gobierno tomara “medidas drásticas” contra el diario de Tel Aviv y el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, pidió una serie de restricciones gubernamentales a Haaretz como consecuencia de los comentarios de Schocken.

El lunes, en un editorial titulado “Los terroristas no son luchadores por la libertad”, Haaretz afirmó que la aclaración de Schocken “no iba lo suficientemente lejos”, ya que no condenaba los ataques de grupos palestinos. “Hacer daño deliberadamente a civiles es ilegítimo. Utilizar la violencia contra civiles y sembrar el terror entre ellos para lograr objetivos políticos o ideológicos es terrorismo (…). Desde luego, no son 'luchadores por la libertad'”, retrucó. (Middle East Eyes 4/11).

En la misma línea de restricción de las libertades democráticas, el ministro de Justicia, Yariv Levin, solicitó a la fiscalía general poderes para castigar con por lo menos 10 años de cárcel a cualquiera que se oponga al genocidio.

“Le pido que me proporcione urgentemente un proyecto de ley que estipule que las acciones de ciudadanos israelíes para promover o alentar sanciones internacionales contra Israel, sus dirigentes, fuerzas de seguridad y ciudadanos constituirán un delito penal punible con diez años de prisión», escribió. “Solicito además que dicho delito en tiempo de guerra se considere una circunstancia agravante, que permita duplicar la pena”.

No es la única medida. El lunes, el Parlamento dio su aprobación final a una ley que autoriza al Ministerio de Educación a despedir a los profesores que “se identifiquen públicamente con un acto terrorista”, lo que provocó la condena inmediata de los defensores de los derechos humanos. La ley ni siquiera precisa qué es un acto terrorista.

El proyecto de ley, copatrocinado por los diputados Zvika Fogel (Otzma Yehudit) y Amit Halevi (Likud), fue aprobado por 55 votos a favor y 45 en contra en su tercera y última lectura -inmediatamente después de que se aprobara también en segunda lectura-.

A partir de su aprobación, el Ministerio de Educación tiene autoridad para despedir, sin previo aviso, a los profesores que hayan sido condenados por un delito contra la seguridad o de terrorismo, o que hayan «publicado un llamamiento directo a llevar a cabo un acto de terrorismo o publicado palabras de alabanza, simpatía o incitación a un acto de terrorismo [o] de apoyo o identificación con él».

La ley también permite al ministerio recortar o reducir la financiación de las escuelas en las que se hayan encontrado tales expresiones, si se ha determinado que “la dirección de la institución educativa conocía o debería haber conocido su existencia”.

El ministerio reconoce que la medida afectará especialmente a las escuelas de Jerusalén y pueblos y barrios de los “árabes israelíes”, donde la supuesta incitación vuelve a los menores “contra el Estado de Israel” y se glorifica a los terroristas de una forma que tiene un “efecto destructivo y a largo plazo [que], entre otras cosas, puede expresarse en el gran número de menores que viven en Jerusalén Este y que llevan a cabo o intentan llevar a cabo atentados terroristas”.