El PTS-FITU cierra filas con la burocracia sindical en el Congreso

El fracaso del tratamiento del proyecto de “Democracia Sindical”, en la Comisión de Legislación de Trabajo de Diputados, repite una historia largamente conocida que se remonta al gobierno de Illia, luego seguido por Alfonsín. Se trata de la reforma de la ley de asociaciones profesionales, impulsada en general por la UCR, para anular la perpetuación en el tiempo de las direcciones sindicales y, en algunos casos, autorizar más de un convenio colectivo por industria. En esta ocasión, el dictamen propuesto a la Comisión, a partir de iniciativas de la UCR y el PRO, establece que las direcciones sindicales sólo pueden reelegirse en una oportunidad; el otorgamiento de una representación obligatoria para las minorías que obtengan el 25% de los votos; y la eliminación de la llamada ´cuota solidaria´ que los afiliados deben entregar a la caja sindical cuando se firma un nuevo convenio salarial. Dividido en dos capítulos, la segunda parte determina la “libre elección” de la obra social para los afiliados – una desregulación que el gobierno de Milei ya dispuso por decreto en febrero de este año. El proyecto de “democracia sindical” había ingresado al Congreso en 2023, con anterioridad a la “desregulación” de la salud.

La iniciativa viene dando vueltas desde hace meses. Pero como señala Infobae, aunque los diputados de La Libertad Avanza que forman parte de la comisión apoyaban la iniciativa, el Gobierno les ordenó que no firmaran el dictamen luego de un pedido expreso de la burocracia de la CGT para que se frene el avance del proyecto. El giro ordenado por el liberticida Milei no inventa nada: en 1983, otro liberticida partidario de la ‘democracia sindical’, el ingeniero Álvaro Alsogaray, también había cambiado de camiseta a la hora de votar y, por ese solo voto el proyecto de Alfonsín fue rechazado en el Senado. En el caso actual, el cambio de línea de Milei obedeció a un compromiso asumido por Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, para que la CGT avale la contra-reforma laboral instalada en la ley de Bases. Finalmente, el dictamen sumó 15 votos, cuando necesitaba 16 pronunciamientos para ser tratado en el recinto. Entre quienes rechazaron la iniciativa, estuvieron los dos diputados de “Hacemos”, Miguel Pichetto y, claro, Jorge Ávila, el burócrata de los petroleros de Santa Cruz. Pichetto, que defendió encendidamente su boicot al proyecto, se hizo presente en la reunión en “reemplazo” de una diputada cordobesa que responde al gobernador Llaryora, partidaria de firmar el dictamen. Un verdadero enjuague de castas. Los autores del proyecto denunciaron al mandatario cordobés, afín a Milei, como el “autor intelectual” del fracaso del dictamen.

Naturalmente, el grueso de los diputados que no acompañaron el proyecto pertenece al pejota-kirchnerismo. Martín Tetaz, presidente de la comisión, denunció la “sagacidad” del kirchnerista Palazzo, quien contaba con un dictamen propio, pero declinó presentarlo. Si lo hacía, habilitaba el número necesario para que corriera el dictamen mayoritario. Para que ello no ocurriera, la UxP boicoteó la reunión. Pero ese boicot también incluyó al diputado del FITU que integra la comisión -Alejandro Vilca, del PTS. Clarín señala, precisamente, que el FITU “retiró su dictamen”, contribuyendo a que se caiga la reunión. De este modo, cerró filas con la burocracia y apoyó en los hechos el régimen de perpetuidad en los cargos de los sindicatos (Ley de asociaciones profesionales). Al final de cuentas, hicieron causa común con esa burocracia y con el kirchnerismo patronal para asegurar el monopolio de los sindicatos por parte de los agentes de la burguesía. El proyecto de la UCR tampoco garantiza la democracia sindical, porque ella depende de la calidad clasista de la dirección sindical y no de una determinada forma de representación. Pero establecía una brecha en el monopolio de la burocracia responsable de todas las derrotas de la clase obrera, que el activismo y las agrupaciones clasistas podían aprovechar para darle un golpe definitivo en el terreno de la lucha de clases y de los sindicatos.

La iniciativa de los socios parlamentarios de Milei planteaba un choque con la burocracia de los sindicatos, que no es nuevo, como hemos señalado. Se trata de una extorsión a los burócratas para reforzar su colaboración con la patronal y con el Estado. Forma parte de la política para eliminar al kirchnerismo del escenario político, en beneficio de los fascistas libertarios y de los intereses de los fondos internacionales que apoyan la ‘motosierra’ del estado y del derecho laboral. Es, estrictamente, un choque “por arriba”. Esto no justifica que el PTS-FITU haya retirado su dictamen para apoyar a la recontra podridísima burocracia sindical. El seguidismo sistemático del FITU a la burocracia ha encontrado la forma de una colaboración política. Queda más claro ahora el apoyo brindado a Massa en las elecciones pasadas.

Una posición clasista independiente hubiera denunciado la falacia de que la reforma estatutaria legal del sindicalismo entraña una consagración de la democracia sindical. Como explicó León Trotsky en sus últimos escritos, la democracia y la independencia de los sindicatos depende, en la época de los monopolios, de una dirección revolucionaria de las organizaciones obreras. No debía, por tanto, apoyar políticamente el proyecto UCR-PRO. Pero tampoco, de ninguna manera, retirar su propio proyecto para evitar el tratamiento parlamentario y favorecer: a) la reelección indefinida de la burocracia; b) el acuerdo Milei/Francos-CGT, que convierte a los sindicatos en laderos del capital financiero liberticida. La eliminación del reeleccionismo y el derecho de representación de una minoría es, por otro parte, progresivo dentro de sus límites insalvables. El PTS-FITU se acopló, en definitiva, al boicot del peronismo al proyecto, para apoyar la perpetuación de los Daer, Moyano y compañía, que operan bajo un acuerdo con el gobierno antiobrero. Coincidieron con el mismo gobierno de Milei, que restó su apoyo al dictamen radical, en la línea inaugurada por Alsogaray. El tratamiento de ese proyecto en el recinto hubiera fracasado de todos modos, como otros tantos proyectos que obstaculizan al gobierno que representa a la reacción política.

El FITU no interviene en la situación política como un factor propio, sino como segundo violín del kirchnerismo y de la burocracia. Para prueba, los hechos.