Milei anuncia “un memorando de entendimiento” con Netanyahu, un reo por crímenes de guerra de la Corte Penal Internacional

Escribe Jorge Altamira

Pone en marcha una red de espionaje e infiltración con los servicios extranjeros.

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Javier Milei ha anunciado la decisión de firmar un “memorando de entendimiento” con el Estado de Israel para combatir “el terrorismo y las dictaduras”. Se trata, en estos términos, de un acuerdo internacional para, por un lado, militarizar la represión interior y, por el otro, para organizar intervenciones militares en el extranjero y contra otras naciones. En una breve columna de Clarín (24/11), la columnista a cargo de los temas relativos al sionismo, Natasha Niebieskikwiat, añadió que “ya hay una profunda interacción en materia de Seguridad e Inteligencia” y el propósito de “aumentar el nivel de relación en Defensa”. Esta observación es muy interesante en momentos en que el Ejecutivo ha iniciado otra purga en el Ejército y nuevos episodios en el conflicto entre la vicepresidenta y los hermanos Milei. Para completar el cuadro político, varios bloques del Congreso, incluidos los de Pichetto y Massa, han coincidido en un proyecto de “juicios en ausencia”, con la intención de aplicarlo contra Irán, a quien atribuyen los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA. La Justicia de Argentina, incluida la Corte Suprema, no ha podido probar la intervención del régimen persa en esos atentados, mientras al mismo tiempo apartó de la causa a la conexión interna, o sea, a los servicios de seguridad. Es claro que una mayoría del Congreso y la camarilla liberticida coinciden en apoyar la guerra de masacre del pueblo palestino por parte del sionismo, que en estos mismos momentos ha comenzado con la “la limpieza étnica” en el norte de Gaza, para extenderla próximamente a toda la Franja. La cuestión de la “seguridad” y la “defensa” son la piedra polémica entre los hermanos Milei y Villarruel, que esta última quiere poner al mando de su tropa.

La oportunidad elegida por Milei para anunciar el mencionado “entendimiento” es típica del personaje: la orden internacional de arresto impartida por la Corte Penal de Justicia contra Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, y su exministro de Guerra, Yohav Gallant, por la comisión de crímenes de guerra. El liberticida adicto a Donald Trump se prepara para acompañar al norteamericano en el apoyo a la anexión de Gaza y ulteriormente de Cisjordania, que es el objetivo político del acusado por crímenes de guerra. La falacia de “la defensa propia” a la que recurren los jefes sionistas y Milei salta rápidamente a la vista de cualquiera, porque la envergadura criminal de la respuesta no guarda proporción con el ataque que se habría cometido contra la población israelí hace un año, en octubre de 2023. A esto hay que añadir varias sospechas: que Netanyahu y sus servicios conocían de antemano que ocurriría este ataque; que la demorada represión israelí no hizo distinción entre atacantes y secuestrados (la llamada doctrina Hannibal); que en ningún caso, por último, puede ponerse en el mismo plano la destrucción que causa la rebelión de un pueblo oprimido que ha sufrido masacres durante largas décadas, con los crímenes de guerra de un Estado opresor.

Todo el mundo ha advertido la ironía de que un Tribunal creado por los Estados imperialistas para criminalizar la lucha de los pueblos sometidos, o de los rivales circunstanciales de las grandes potencias, haya librado la orden para que Interpol detenga a una figura de ese mismo imperialismo. Esto sólo dimensiona la envergadura de la criminalidad de los imputados. Ese Tribunal tiene emitida también una orden de arresto contra Vladimir Putin por infracción a las leyes de la guerra (secuestro de niños -Netanyahu se ha ahorrado el secuestro por el asesinato-, bombardeo a civiles), que es llevada adelante en el marco de una sostenida agresión de los estados de la OTAN de varios años de antelación. En definitiva, el Tribunal Internacional (creado en 2002 para asumir las funciones de los tribunales penales especiales creados a partir de 1990) carece de condiciones de independencia y es financiado por los estados adherentes, en especial Gran Bretaña, Australia, Canadá, Francia, Alemania y Japón, que apoyan la guerra genocida del sionismo y son los proveedores internacionales de su sofisticado armamento. Pocas veces se han reunido las condiciones para un fallo penal tan libre de toda sospecha. Estados Unidos no ha aceptado integrar el Tribunal para, según dice el Consejo Editorial del Financial Times, otro insospechable, “evitar el juzgamiento de sus soldados”. Estados Unidos goza también de preferencia judicial en los países en que instala sus bases militares. La Corte norteamericana dictó un laudo que exime a los responsables de acciones contra el terrorismo de comparecer ante la Justicia civil. Esto incluye a los contratistas de las fuerzas armadas, y tuvo su efecto con las torturas en Abu Graib (en Irak) y en las cárceles clandestinas distribuidas por toda Europa. Tampoco Israel o Rusia admiten la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

No es, sin embargo, el caso de Argentina. En cuanto tratado internacional, es de obligado cumplimiento constitucional. El “entendimiento” de Argentina con Israel, que promete firmar Milei, es lesivo de la Constitución y causal de juicio político; los parlamentarios, sin embargo, la emprenden contra Irán, declarado enemigo existencial por parte de Israel, sin la menor prueba material.

Milei busca imponer en Argentina un plan siniestro, que es el establecimiento de un poderoso aparato de espionaje, infiltración y represión, bajo la tutela del sionista Mossad y la CIA norteamericana. En esto consiste “el entendimiento”. Es lo que el sionismo ha impuesto en Estados Unidos, un poderoso lobby, Aipac (Comité americano-israelí de asuntos públicos), que domina a republicanos como a demócratas. Fue este lobby el que impuso a la familia Bush y al tercermundista inglés Tony Blair la invasión y destrucción de Irak. Cuando alude a la ‘lucha’ contra “las dictaduras”, Milei apunta, como bajo el último régimen militar, contra países designados –Venezuela, Cuba, Nicaragua y, entrecejas, a la clase obrera y la izquierda de Brasil-. La Justicia brasileña ha reclamado la extradición de más de cien bolsonaristas que se encuentran en Argentina, por su participación en el golpe del 8 de enero de 2023. La “dictadura” que Milei tiene, sin embargo, en vista es, por sobre todo, Irán, contra quien Netanyahu prepara un ataque militar de enormes proporciones. El Congreso acompaña. Hace 24 horas, Patricia Bullrich ha enviado un proyecto de “agentes encubiertos” para operar contra la privacidad y libertad de los ciudadanos, además de convertir al Poder Judicial en alcahuete y en instrumento de los servicios de Inteligencia. Es con este propósito que han sido “reeestructuradas” la ex AFIP y la ex AFI, convertidas en SIDE y Acara. Todo esto pone en un contexto más concreto y definido a la banda de las “Fuerzas del Cielo”, autodeclarado “brazo armado” de los liberticidas.

El “entendimiento” ata a Argentina a la guerra mundial que avanza inexorablmente como resultado del estallido de las contradicciones históricas del capitalismo. La barrera contra este genocidio final sólo la pondrá la clase obrera internacional, mediante una acción histórica independiente.

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