Contra el vaciamiento de la Universidad y el salario de los docentes, respondamos con la huelga general

El gobierno de Milei está decidido ir a fondo en su política de destrucción educativa profundizando el vaciamiento presupuestario y hundiendo los salarios de docentes y no-docentes consagrando las pérdidas acumuladas desde diciembre del 2023.

El gobierno consagró en el Presupuesto 2026 “una reducción aún más significativa en el gasto público en universidades: las instituciones de educación superior recibirán partidas apenas por un 0,4% del PBI, la más baja en varias décadas y una caída del 47% respecto al año 2023, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que también alertó por una reducción del 76% en las becas y transferencias para estudiantes”. (Clarín 13-2)

En este sentido, el gobierno envió un decreto para prorrogar por un día más, hasta el 28 de febrero, las sesiones extraordinarias del congreso y en simultaneo amplio el temario, con un proyecto de reforma de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795.

La ley 27.795 fue aprobada el año pasado, vetada por el gobierno, e insistida con más de dos tercios en ambas cámaras, a pesar de lo cual el gobierno decidió no aplicarla, lo que dio lugar a la intervención de la Justicia. En esa instancia el juez Martín Cormick, hizo lugar a una medida cautelar ordenando al Ejecutivo a actualizar las partidas previstas en la ley que había sancionado el Congreso el año pasado, decisión que fue apelada por el gobierno a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que aún no se pronunció.

Para sortear el conflicto con la Justicia, y apostando a disipar cualquier situación conflictiva con los trabajadores de la Universidad, el gobierno entabló negociaciones con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y como resultado de ello concretó un nuevo proyecto de ley de financiamiento universitario que desconoce todas aquellas medidas que apuntaban a recuperar las perdidas salariales ocurridas durante 2024 y 2025 y otras partidas destinadas a atender al sistema universitario.

Esto queda claro cuando en el nuevo proyecto solo se reconoce la pérdida salarial estimada de 2025, planteando una recomposición salarial de tan solo 12,3% en tres tramos de aumentos del 4,10%, no acumulativos, en marzo, julio y septiembre.

Es un proyecto confiscatorio, si se tiene en cuenta que la deuda salarial acumulada desde diciembre de 2023 con la docencia supera el 51%.

El nuevo proyecto elimina también el artículo de la ley 27.795 que planteaba la actualización bimestral, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, para gastos de funcionamiento de las universidades públicas correspondientes a: “Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios”, “Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en las Universidades” y “Fortalecimiento de la Actividad de Extensión Universitaria” por una suma fija de $80.072.460.000 como asistencia financiera a hospitales universitarios.

Frente a este nuevo escenario, la federación de sindicales universitarias agrupadas en el FRESU (frente sindical universitario) denunciaron al nuevo proyecto, acordaron parar y movilizarse el próximo jueves cuando se trate en la Cámara de Diputados la media sanción de reforma laboral aprobada en el Senado, pero no resolvieron ninguna acción frente al nuevo proyecto de ley de financiamiento universitario, con el agravante de reclamarle al CIN, coautor del nuevo proyecto, que se pronuncie a favor de la anterior ley de financiamiento.

Con este cuadro, la CONADU H ha convocado de emergencia para el martes 17 a un plenario de secretario generales de las asociaciones de base para discutir lo acordado por el FRESU y el nuevo proyecto de ley de financiamiento.

En un plenario de secretario generales anterior, varios secretarios se pronunciaron a favor de un paro por tiempo indefinido.

En el caso de ADIUNT, el miércoles 11 fue paro e impulsó una movilización junto a SADOP y el SITAS que pararon y se movilizaron con un cartel de cabecera planteando el rechazo a la reforma laboral y a favor de la Huelga General.

En el caso de CONADU al momento de escribirse esta nota se desconocía alguna convocatoria de conjunto. Sí se conocieron pronunciamientos y resoluciones de asambleas de asociaciones de base como en el caso del COAD (Rosario) que votó el rechazo al proyecto del gobierno y dio mociones para llevar al Congreso de delegados de CONADU (cuando el mismo se concrete): una de ellas es paro por una semana a partir de marzo, dos semanas a partir de abril y la huelga por tiempo indefinido, y la segunda moción la de preparar ahora en marzo la huelga por tiempo indefinido. La asamblea de AGD Rio Cuarto ya votó impulsar un paro del 3 al 13 de marzo con evaluación para la continuidad. Por su lado, SITRADU (Entre Ríos) también se pronunció por el paro por tiempo indefinido.

Los tiempos se van adelantando. El gobierno quiere aprovechar el derrumbe de los bloques opositores para imponer en febrero no solo la contrarreforma laboral, la nueva ley de destrucción de los glaciares, la nueva ley penal juvenil bajando la edad de imputabilidad, el acuerdo comercial con la UE y ahora el nuevo proyecto de ley de financiamiento universitario.

Todos proyectos a favor de los grandes intereses, en contra de los salarios, el derecho laboral, la destrucción del medio ambiente, el reforzamiento del aparato represivo y la destrucción educativa. Es un ataque político de conjunto, que requiere respuestas políticas de conjunto.

Las dirigencias de las federaciones siguen deshojando la margarita y pidiendo peras al olmo al CIN, que ha demostrado ahora a cara descubierta su abierta postración y colaboración con la política de destrucción educativa y contra los derechos de los trabajadores universitarios.

Los paros aislados no pasan de ser una queja frente a la política en curso.

Desde abajo están reclamando una lucha en serio.

Como ya está ocurriendo y es necesario generalizar, está planteada convocar o autoconvocar asambleas en todas las universidades para pronunciarse contra el nuevo proyecto de destrucción salarial y presupuestaria de la universidad, coordinar las acciones y lanzar la huelga general o el paro por tiempo indefinido, que incluya la convocatoria a movilizaciones masivas y la ocupación de las casas de estudio.

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Frente a la política de destrucción educativa, organicemos la huelga general Por Anahí Rodríguez, 02/02/2026.