Escribe Lucía Viñas
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El inicio de clases de 2026 se da en un contexto social y económico cada vez más explosivo. En los colegios secundarios eso se refleja con total claridad. Los estudiantes tenemos motivos de sobra para organizarnos para luchar.
El gobierno nacional y el de la Ciudad han hundido los salarios de los docentes y de nuestras familias, han retirado o retaceado la asistencia estatal a la cursada, en materia de becas, comedores, boleto estudiantil. Los edificios de los colegios se vienen abajo.
Por otro lado, los gobiernos de Javier Milei y Jorge Macri impulsan dos reformas educativas completamente reaccionarias.
La Ley de Libertad Educativa, del gobierno nacional, apunta a declarar la prescindencia del Estado en materia educativa. Sostiene que las familias son el “agente natural y primario de la educación de los hijos”, para otorgarles las facultades de poner o remover de sus cargos a directivos y docentes para decidir si sus hijos hacen el colegio presencial o desde sus casas. Implementar el “homeschooling” no sólo apunta a negar el carácter de socialización de la escuela, sino también a reforzar la opresión sobre la mujer, devolviéndola a la catacumba del trabajo doméstico.
Es un proyecto oscurantista por donde se lo mire. La ´valorización´ de la institución familiar es la cobertura de una ofensiva contra la libertad de cátedra y la persecución ideológica contra los docentes. La misma ley habilita la creación de ´consejos de padres´ que determinen los ´ideales´ que sostenga el colegio. Es decir que el Gobierno impulsa un control de la institución familiar hacia el cuerpo docente, prácticamente fascista. La escuela pasaría a suponer una extensión de las ideas que desde las familias ya son impuestas.
El proyecto prevé un examen de egreso, que se inscribirá en el currículum y se establecerá como referencia.
La ley además declara la educación como servicio esencial, prohibiendo o limitando al extremo el derecho a huelga de la docencia. El gobierno porteño pretende endosarle a las familias los supuestos ´costos´ de las tomas estudiantiles.
Por otra parte, el gobierno porteño impulsa la reforma BA Aprende. En 2013, una rebelión estudiantil masiva obligó a archivarla. Ahora, Macri viene por la revancha.
La reforma tiene como objetivo la primarización total de la educación, el ataque al salario y la explotación laboral al cuerpo docente. Todas las materias, exceptuando Matemática, Lengua e Inglés -que se consideran troncales-, serán consideradas “satélites” y estarían destinadas a unirse en áreas abstractas y generalizantes, como "Ciencias Sociales", en lugar de Historia y Geografía y Formación Cívica y Ética (FEC). Se pierde la especificidad de las materias y, además, tres materias para lo que antes se necesitaban tres profesores, ahora requerirían uno solo. Esto supone el despido del 40 % de los docentes, como ocurrió en los colegios donde se implementó el piloto, mientras que los docentes restantes se encuentran sobrecargados de trabajo.
Se habilita que los estudiantes desarrollen tareas por fuera del sistema educativo formal -por ejemplo, en empresas- bajo el formato de “trayectorias educativas”, como ya sucede en el último año de las escuelas técnicas. Las pasantías laborales, que podrían tener un gran valor formativo, con estos gobiernos son trabajo gratuito, sin ART, sin ningún tipo de derecho laboral, ni relación con la especialidad del bachillerato.
El incremento de trastornos de salud mental, consumo de drogas y prácticas autodestructivas son una forma de canalizar los diferentes conflictos frente a un sistema que nos consume cada vez más.
La educación está puesta al servicio del capital. La orientación de la política educativa hacia la “formación laboral” se contradice con la desocupación laboral crónica entre los jóvenes, los bajos salarios y la completa ausencia de una perspectiva de vida plena e independiente. La creación de una fuerza de trabajo apta para las necesidades del capitalista es un pasaje al embrutecimiento, pues requiere una masa descalificada y sólo una pequeña élite consagrada al conocimiento. Se pretende ajustar a la baja la ´sobrecalificación´ de la mano de obra de nuestro país. El problema del trabajo no es ´educativo´, sino social: el capitalismo en crisis es incapaz de ofrecer una perspectiva de desarrollo, sólo trae destrucción y guerras.
Las corrientes kirchneristas y vinculadas a la burocracia sindical docente han abandonado cualquier propósito de organizar esta lucha. Por el contrario, son un factor de descalabro. Han arriado las banderas y siembran expectativas en las elecciones de 2027, luego de haber dejado pasar todos estos ataques.
Pero los docentes universitarios y de varias provincias ya se cansaron de esperar. Han lanzado huelgas y movilizaciones por el salario y el presupuesto educativo. Los docentes de todas las universidades de todo el país -incluyendo los colegios preuniversitarios- han adoptado un plan de lucha, para hacer valer una ley de financiamiento educativo que incluye una importante recomposición salarial y que tiene el respaldo de dos votaciones en el Congreso y un fallo judicial. Por otra parte, en Catamarca, Santa Fe y otras provincias se ha despertado un movimiento autoconvocado vigoroso, que enfrenta a los gobiernos y a la burocracia de los sindicatos.
Pongamos en pie asambleas, cuerpos de delegados y centros de estudiantes en cada colegio. Reorganicemos al movimiento estudiantil desde la base. La lucha de nuestros docentes es también nuestra lucha y nuestras reivindicaciones también son suyas.
