La quiebra de las Obras Sociales es responsabilidad de la burocracia sindical

La CGT denunció en un comunicado una "crisis terminal" de las obras sociales, las cuales ya no podrían cubrir planes médicos básicos. En concreto, se advirtió que la recaudación promedio está “25 puntos abajo del costo de las prestaciones mínimas ya que el 78,5% de los afiliados no genera aportes suficientes para costearlas”. El texto -que lleva la firma de Cristian Jerónimo, Octavio Arguello y Jorge Sola, además del secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingieri- plantea un "agujero financiero" que atribuye al bajo aporte de los monotributistas y el desfinanciamiento del Fondo Solidario. Alertan que, mientras la recaudación promedio del sistema es de $67.525 por beneficiario, el costo estimado para cubrir el Plan Médico Obligatorio (PMO) es de $85.000.

Los despidos y las suspensiones, las paritarias a la baja, la expansión del monotributismo y el aumento de los costos de las prestaciones de salud, representan un cóctel explosivo para todas las obras sociales. Su expresión más aguda es el ajuste anunciado por el Gobierno contra los prestadores del PAMI y en la crisis sin final y el desarme de la IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas. La crisis de las obras sociales viene de larga data. Durante el Gobierno de Alberto Fernández se presentaba de otra manera: con el peso devaluado, los costos de prácticas, medicamentos y materiales importados generaba una crisis enorme a la hora de costearlas. La crisis actual ya se ha llevado puestas a varias obras sociales (entre ellas la de ladrilleros). El Gobierno de Milei mantiene una agenda de intervenciones sobre algunas de ellas.

La causa de la crisis de las obras sociales se reduce al desplome del poder adquisitivo de los salarios, que lleva ya varios gobiernos en continuado y que el gobierno liberticida ha profundizado hasta el límite. En este sentido, el comunicado de la CGT busca encubrir su propia responsabilidad. El triunvirato cegetista opina de las paritarias como si sus miembros fuesen comentaristas sin ninguna vinculación con los hechos, cuando son directamente responsables de la caída de los salarios.

La cosa es peor cuando el comunicado de la CGT se refiere a los “monotributistas” que aportan una suma todavía inferior a los trabajadores de convenio. El comunicado se queja de que los monotributistas aportan una suma “290%” inferior al valor promedio del Plan Médico Obligatorio. La inmensa mayoría de esos monotributistas son trabajadores tercerizados que trabajan en los mismos lugares que los dentro de convenio. Los sindicatos de la CGT han permitido cualquier tipo de tercerización y de fraude respecto de la relación de dependencia a través de las facturas incluso en la gran industria. Un punto clave de la contrarreforma laboral consiste en la eliminación de la presunción de relación de dependencia, es decir invertir la carga de la prueba en el fuero judicial para darle seguridad jurídica a las tercerizaciones.

El triunvirato, lejos de cuestionar el régimen de tercerizaciones, apunta directamente contra los tercerizados, acusándolos de afiliarse a las obras sociales para “tomar ventaja”: “debemos agregar que gran parte de los que ingresan a nuestro sistema por esta vía, presentan una carga de enfermedad que supera al de nuestros afiliados en actividad. Es decir que utilizan el régimen del monotributo al solo efecto de tener acceso al sistema de salud a precios irrisorios”. La “carga de enfermedad” superior de los monotributistas no tiene asidero en ninguna estadística. En todo caso, al no estar regidos por los convenios, los regímenes de trabajo del facturero son todavía peores que las que establecen los convenios en promedio. La ausencia de aportes patronales frente al crecimiento exponencial del monotributo -que ha sido frenado solamente por el derrumbe industrial para pasar a convertirse en destrucción neta empleo- también tiene a la CGT por responsable, porque ha permitido el crecimiento a sus anchas de esta modalidad fraudulenta. El problema no son los trabajadores monotributistas, sino la burocracia sindical.

Un capítulo aparte merece la posición de la CGT respecto de la atención de sus afiliados en la salud pública. En su comunicado, los triunviros se quejan de que el nomenclador de los hospitales públicos es más alto que el de la salud privada y que las prácticas se realizan “sin autorización de las obras sociales”. El carácter encubridor de todo el comunicado llega aquí al paroxismo: los afiliados no encuentran cómo atenderse en las clínicas de las vaciadas obras sociales y deben atenderse en el sistema de salud pública. La CGT reclama el pago de un nomenclador más alto y que se difieran las prácticas. La mentalidad burocrática no tiene en mente la salud del trabajador sino la caja del aparato sindical.

En su comunicado, la CGT no plantea ninguna solución, aunque la misma se desprende que su propósito es minimizar el Plan Médico Obligatorio, impedir que los monotributistas y los jubilados tengan acceso a las obras sociales sindicales, y limitar la atención de los trabajadores de las obras sociales en la salud pública. Estamos ante una “central obrera” que reclama el cercenamiento de los derechos de los trabajadores. El extrañamiento entre la cúpula sindical y los trabajadores no podría ser mayor.