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Mientras que Milei y Presti recientemente comprometieron a las Fuerzas Armadas en la lucha “contra los cárteles criminales y terroristas” entrando al “Escudo de las Américas” promocionado por el trumpismo, la crisis de IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas) actúa como un agujero negro sobre los personeros políticos del gobierno. Entretanto, se acentúa la lucha faccional hacia dentro de las fuerzas entre “alineados” y “no alineados” al gobierno. A todo esto, los problemas para sus asociados se han acentuado y la creación de la nueva obra social (OSFA), no asegura terminar con los problemas en las prestaciones médicas.
La denuncia de Arrieta contra Petri
La exdiputada libertaria Lourdes Arrieta presentó una denuncia penal contra Luis Petri por presunta administración fraudulenta, malversación de fondos y abandono de deberes en el manejo de IOSFA, cuando el actual diputado libertario por Mendoza estaba al frente del Ministerio de Defensa. Arrieta señala que "el resultado de esta gestión ha sido la puesta en riesgo directo de la vida y la salud de nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y de Seguridad." La denuncia recayó en el Juzgado Criminal y Correccional federal número 3 presidido por Daniel Rafecas, considerado dentro del Poder Judicial como un magistrado “serio e independiente”, que en principio no archivaría la causa y la haría caminar, presentando otro frente de tormenta para el mendocino.
La denuncia de Arrieta sostiene que mientras Petri estuvo al frente de la gestión ministerial, IOSFA suspendió tratamientos vitales y el endeudamiento creció de manera exponencial, poniendo a la obra social en una situación de quebranto. Al día de su asunción como ministro de Defensa, Petri recibió una obra social que contaba con superávit financiero de $ 25.000 millones, tornando más engorrosa la situación para el libertario. En la denuncia presentada por Arrieta se puede leer que el desmanejo de la gestión Petri “generó un endeudamiento creciente con prestadores médicos, farmacias y proveedores", lo que se tradujo en la interrupción de servicios esenciales, la provisión de medicamentos críticos, el corte de tratamientos oncológicos, obligando a los beneficiarios a costear tratamientos de su bolsillo o directamente suspenderlos.
Según ha informado LPO, “la acusación de malversación se centra en la aplicación indebida de recursos y la celebración de contratos millonarios con droguerías y proveedores, mientras el sistema se desabastecía” (LPO, 18/3). De la denuncia realizada por Arrieta se desprende que el desfalco estuvo al servicio de la campaña electoral a diputado nacional de Petri, situación que ya habían señalado desde dentro de las FFAA.
Uno de los puntos álgidos de la denuncia es que pide que se realice una investigación especial por el destino de dos préstamos otorgados por el Instituto de Ayuda Financiera (IAF), presidido por Francisco Adorni, hermano del desahuciado Jefe de Gabinete y subsidiario del “karinismo”. El primero, de $ 14.000 millones, cuando el mendocino Oscar Sagas presidía la obra social. El segundo, por $ 42.000 millones, pedido por otro mendocino, Roberto Fiocchi, que supuestamente iban a a ser destinados a la modernización de la infraestructura del IOSFA, fue utilizado para pagar deudas con proveedores y laboratorios en lugar del equipamiento médico planeado, provocando un aumento del déficit a $210.000 millones para junio de 2025.
Otro negociado en medio de la crisis
A través del DNU 88/2026, que establece un “Plan de Transición, para avanzar en la reorganización del sistema de salud de las Fuerzas Armadas", y ante la situación de quebranto, el gobierno nacional decidió disolver IOSFA y crear OSFA, nueva obra social de los uniformados, que comenzaría a brindar servicios el 1 de abril. En medio del período de transición, el gobierno nacional, a través de Ariel Guzmán, interventor de IOSFA y responsable de llevar adelante su disolución, contrató una empresa privada para crear un Programa Integral de Prestaciones. Un militar en servicio le señaló a LPO que "este servicio de consultoría le sale al Ministerio de Defensa 86.000 millones de pesos cuando la IOSFA ya cuenta con un Programa Médico Obligatorio (PMO) que ya estaba escrito y aprobado y es superador. El PMO de IOSFA cubre muchas más cosas que lo que cubre cualquier otra obra social o prepaga" (LPO, 26/3).
La coartada utilizada por el gobierno para llevar adelante un nuevo negociado a expensas de los afiliados de IOSFA, es que el programa vigente es “genérico, ambiguo y poco específico”, y por estas razones esgrimidas se desprende que es necesario que intervenga un “equipo externo especializado, ante la falta de capacidades técnicas internas para llevar adelante las tareas” (ídem). La fuente militar asevera que "el programa no tiene razón de ser. En vez de pagarle a los prestadores y levantar deudas, ponen los recursos en esto. También contrataron a un gerente que viene de OSDE como gerente general que va a cobrar 10 millones de pesos."
Presti de remate
Según un documento oficial fechado el 19 de marzo, el gobierno puso bajo revisión 44 inmuebles que al día de hoy se encuentran bajo la égida de IOSFA, entre ellos hoteles, delegaciones, farmacias, centros recreativos y sedes administrativas, utilizados por los asociados, y a su vez propone para “sanear” el balance de la obra social retirar las propiedades de los asientos contables.
La iniciativa también se enmarca en la aplicación del DNU 88/2026 y propone la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y que sea esta última la que tenga bajo su jurisdicción los inmuebles en cuestión, con intervención directa del Ministerio de Defensa.
La ingeniería legal del gobierno es vista con desconfianza por parte de los miembros de la “familia militar”, que ven en las maniobras llevadas adelante por Presti, una avanzada para que estos inmuebles sean puesto a la venta para pagar la deuda generada por la gestión de Petri en IOSFA. Esta versión está abonada en que desde el gobierno no se han dado detalles de cómo se iba a afrontar la deuda de más de $ 200.000 millones de la obra social, y la venta de inmuebles, que en algunos casos son propiedad de las FF. AA., se presenta como una posibilidad para recaudar, aumentando el malestar de los miembros de las fuerzas para con el gobierno, pero por sobre todo con Presti.
Internas en las Fuerzas Armadas
La crisis de IOSFA se suma a los reclamos salariales, las situaciones de precariedad, las deserciones masivas y a la desconfianza cruzada que hacen crecer las internas hacia dentro de las fuerzas, creando “un clima pesado que, según admiten por lo bajo, no se veía desde hace décadas” (Tribuna de periodistas, 23/3).
Al igual que en las demás áreas, en el Ministerio de Defensa Karina Milei pisa fuerte y ha sumado a Carlos Presti a su camarilla y sus camaradas de armas sostienen que, a través de su persona, el gobierno ha llevado adelante una instancia de “intervención” del Ejército, que lo quiere ampliar a la Fuerza Aérea y a la Armada. También critican al ministro haber “teñido de verde” el Ministerio con la colocación de militares de confianza del Ejército en áreas claves y en empresas que dependen de Defensa. Siguiendo esta línea de acción, Presti ha nombrado a un General y un Coronel Mayor, ambos de su confianza, para que presidan OSFA, aumentando las tensiones entre las fuerzas y poniendo un manto de duda sobre los planes que el gobierno liberticida tiene para con las FF.AA. .
Las riñas castrenses se van extendiendo. El jefe de la Casa Militar, el coronel Sebastián Ibáñez, hombre de extrema confianza de Karina Milei, se encuentra enfrentado con el general de División Oscar Zarich, actual jefe del Ejército. El “karinista” Ibáñez, que quería presidir el Ejército, estaría operando a través de sus vinculaciones políticas para hacerse del cargo. Un eventual ascenso de Ibañez implicaría el retiro de un grupo significativo de generales de mayor antigüedad. Los sectores del Ejército no cooptados por los libertarios intentan frenar esta jugada porque consideran que sería un “descabezamiento” que afecta de lleno la profesionalidad de la fuerza, solo para poner a alguien cercano al poder.
Por su parte, la Armada también navega sus propias internas. El vicealmirante y jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, se encuentra enfrentado con el también vicealmirante y jefe de la Armada, Carlos Romay. La relación con el gobierno de Milei es el hilo conductor de todas las disputas, y en este sentido, Dalle Nogare, quien también reviste en el “karinismo”, obtuvo el cargo por expreso pedido de Presti.
Los sectores de las tres fuerzas “no alineados” con el régimen liberticida, señalan que los “alineados” están “entregando” a las FF. AA. a las decisiones políticas de Karina Milei, priorizando cuestiones de seguridad interna y logística presidencial por sobre la defensa nacional. Indirectamente el sector “no alineado” pone en cuestión el gobierno cívico militar de Milei y Presti, planteando en el horizonte dudas sobre el rol que los liberticidas le quieren asignar a las fuerzas, la de servir como activo político ante la crisis por la que transita el gobierno.
