Torturas y abusos sexuales a mujeres presas durante el 3J

El 3 de junio, por la tarde y mientras se desarrollaba una multitudinaria marcha en distintos puntos de Buenos Aires, cuatro mujeres detenidas en el Servicio Penitenciario Bonaerense, Unidad N° 51 de Magdalena, denunciaron haber sido torturadas y dos de ellas abusadas sexualmente por agentes del mencionado servicio penitenciario. Los malos tratos incluyeron golpizas, submarinos húmedos y gas pimienta arrojado a la cara a corta distancia. Después de horas de tortura, tres de las víctimas fueron trasladadas a otras unidades; la que permaneció en el Penal de Magdalena, careciendo de ayuda psicológica, pretendió suicidarse, destruida subjetivamente a raíz de lo padecido.

Según lo denunciado, a una de las víctimas, arrodillada, semidesnuda y rodeada de agentes masculinos del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE), la Jefa del Penal Daiana Balmaceda, le ordenaba "bésame las botas". Ante la negativa de la interna, le pegaban, le escupían o le apoyaban la escopeta en las partes íntimas de su cuerpo. Luego le rompieron la ropa interior y fue abusada sexualmente por diferentes agentes masculinos en cuatro oportunidades. No corresponde a esta nota abundar en más detalles escabrosos ni subrayar los maltratos de las otras mujeres detenidas.

La CPM (Comisión Provincial por la Memoria) se hizo presente en el penal después de hacerse eco de una denuncia sobre golpes, torturas y abuso sexual. Al día siguiente, cuando la CPM entrevistó a la mujer que había intentado suicidarse, seguía en la misma celda, no le habían traído comida ni había sido evaluada por personal médico ni por profesionales de la salud mental. La CPM durante los días siguientes se reunió con las víctimas y testigos en las distintas unidades donde se hallaban, y efectuó las denuncias, penal y administrativa, pertinentes; lo que dio lugar a la desafectación de las funcionarias responsables, iniciando los sumarios administrativos a fin de determinar su culpabilidad.

Todo esto y mucho más se intentó justificar como represalia por una pelea entre dos reclusas, lo que motivó que un grupo de penitenciarios ingrese al pabellón arrojando gas pimienta y encerrara a las mujeres en celdas individuales. Las víctimas entrevistadas recordaban que además de la Jefa del Penal, integraban el grupo la Subjefa de apellido Villafañe, otra agente de apellido Toledo y al menos cinco agentes masculinos.

La integridad, valentía y decoro de estas mujeres es encomiable, ya que están encerradas con las compañeras y compañeros de las represoras sin posibilidad de liberarse de las consecuencias de su denuncia.

Esto sucedió el día en que miles de personas marchaban a lo largo y a lo ancho de la Argentina, reclamando 'NI UNA MENOS'. Llamamiento que canalizó la bronca de las masas por el femicidio de Agostina, en el cual están involucradas la política y la justicia patronal de la provincia de Córdoba.

El grave hecho revela que el carácter clasista del Estado no puede eliminarse mediante cursos de perspectiva de género, que el propio Estado ha implementado para que se haga por ejemplo en las cárceles y servicios penitenciarios sólo para edulcorar una política represiva y de enseñamiento contra las mujeres trabajadoras.

Este tipo de mensajes aviesos no son ajenos a la persecución y criminalización de las protestas y manifestaciones, como sucedió en Bahía Blanca. El feriado del viernes 3 de abril, en una protesta del Sindicato de Comercio en las puertas del centro comercial Bahía Plaza Shopping, su secretario adjunto, Claudio Montiel, golpeó con un cono las puertas, siendo denunciado y detenido en una Comisaría. El Jefe de los Fiscales exigió que fuera trasladado al Penal de Villa Floresta en el día internacionalista de memoria, protesta y lucha de los trabajadores: el 1° de mayo.

Exigimos que se investigue y sancione a todos los responsables de estos vejámenes. El gobierno de Axel Kicillof es responsable.