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Más de 60 muertos y un millar de heridos por la represión no lograron amainar las protestas en Perú. Ya son cinco jornadas consecutivas de movilizaciones en Lima reclamando la renuncia de la presidenta Dima Boluarte, quien asumió el cargo tras la destitución de Pedro Castillo en diciembre pasado. Cada manifestación es en sí misma una demostración del enorme arrojo de la población peruana, que enfrenta la represión y las masacres policiales con determinación. El reclamo de renuncia de Boluarte es acompañado por la exigencia de la libertad al ex presidente Castillo, la renuncia de todo el gabinete de gobierno y de todo el Congreso, y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
La escalada represiva conoció un nuevo hito con la irrupción de la Policía Nacional en la Universidad de San Marcos el pasado sábado, deteniendo a estudiantes y a decenas de manifestantes provenientes del interior que allí se alojaban. La respuesta popular fue una inmediata convocatoria de la comunidad educativa a movilizarse en todo el país bajo el lema “Universitario de todo el Perú, unido”. También se produjo un fuerte aumento del caudal de movilizados desde las regiones del sur y centro del país hacia la capital, con delegaciones que incluyeron numerosos estudiantes.
Distintas organizaciones y coordinadoras peruanas han declarado la huelga general, que se impone a través de más de 180 cortes de las principales rutas del país, en más de 27 provincias. El gobierno denuncia que la extensión de los bloqueos está comenzando a generar desabastecimiento en diversas regiones. Los cortes en el sur, donde se concentran gran parte de las protestas, afectan especialmente la producción minera. En las regiones de Ica y Puno, manifestantes irrumpieron en instalaciones de importantes agroexportadoras exigiendo el cese de la producción. Más de una decena de agroexportadoras decidieron suspender sus actividades. La parálisis de la Central de Trabajadores se vio superada por las autoconvocatorias y coordinadoras y, finalmente, la CGTP se limitó a convocar a un paro nacional que no aún tuvo continuidad.
La crisis en el gobierno
El gobierno de Boluarte cuenta con un único recurso para enfrentar la situación, que es la actuación de las fuerzas represivas. En los últimos días se dio a conocer la compra oficial de 665.000 equipos antimotines (granadas, gases lacrimógenos, balas de goma, etc). Pero la represión, hasta hora, sólo cumplió el papel de echar más combustible al fuego.
El mes pasado el Congreso aprobó el adelantamiento de elecciones para abril del 2024, en lugar de la vigencia actual del mandato que vencería en 2026. Al tratarse de una reforma constitucional, requiere ser ratificada en segunda votación, en la siguiente sesión parlamentaria. El gobierno decidió adelantar esta segunda sesión para el 15 de febrero, debido a que el aumento constante de las protestas en las calles hace su situación cada vez más insostenible. El fiujimorismo se opuso a este adelantamiento por el temor a sesionar en medio de un mar de protestas.
De todas maneras, las fuerzas que apoyan el proyecto de adelantamiento electoral estiman que ya no cuentan con los votos necesarios para su aprobación –los dos tercios. Las fuerzas de centroizquierda abogan para que el adelantamiento electoral se realice este año, y convocar una Asamblea Constituyente. Estas propuestas, sin embargo, tampoco lograrían un consenso en el Congreso por el momento.
Con la legislación actual, el Congreso no puede hacer que se vaya Boluarte por vía electoral sin que con ella se vayan también todos los legisladores. Es decir, una renovación completa del Ejecutivo y del Parlamento. Por eso, están en carpeta una serie de reformas constitucionales que apuntan a la bicameralidad y a la renovación parcial de los parlamentarios. Las fuerzas derechistas buscan también acortar el mandato del Tribunal Supremo Electoral. Pero las sesiones del Congreso vienen fracasando en hacer aprobar cualquier reforma en las últimas semanas. El mayor temor de las fuerzas del régimen es que naufrague el proyecto de adelantamiento electoral.
El diario La República de Perú concluye que “la salida a la crisis política se complica y el único camino legal que queda, para que se vayan todos, es la dimisión de Boluarte y que su sucesor convoque a un proceso electoral de inmediato”. El sucesor de Boluarte, el derechista José Williams, es más cuestionado que la actual presidenta.
Por su parte, el periódico El Comercio reclama a los legisladores que ratifiquen el adelantamiento de elecciones que aprobaron en primera votación. Lo más probable es que el Congreso no logre reunir nuevamente los votos necesarios para ratificar el adelantamiento electoral del 2024. El Comercio sostiene que con esta variante “en las actuales circunstancias, las consecuencias serían impredecibles”. De no aprobarse el adelantamiento electoral, la renuncia de Boluarte se tornará inevitable. Sin un adelantamiento electoral, el gobierno perderá la posibilidad de jugar un papel de transición; no puede quedar hasta 2026.
Una corriente de analistas políticos concluye que sólo queda mayor firmeza de parte del gobierno actual. Reclama a la presidenta remover todos los vestigios del gobierno de Castillo del Estado y asegurar un poder firme.
El fujimorismo baraja otra salida. La congresista de derecha Maricarmen Alva sostuvo que “es momento para que saquen al Ejército a las calles” –un estado de sitio “en el marco de la democracia”. “Sí bien estamos en estado emergencia, el problema que no han salido las Fuerzas Armadas a las calles a apoyar realmente a la policía”, sostuvo la congresista.
El desarrollo de un doble poder, mediante la formación de comités en todas las regiones y ciudades, es el desafío fundamental del momento. Es fatal cualquier expectativa de dirección en la CGTP. La insurrección indígena y campesina plantea esa organización.
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