Escribe Soledad Domínguez
La privatización de la salud avanza.
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Cómo ya se había anunciado en estas páginas (https://politicaobrera.com/8645-prepagas-aumentos-desde-febrero-y-cobro-de-copagos), el gobierno dispuso un nuevo índice para el cálculo de los aumentos de las cuotas de las prepagas para todo el 2023. De acuerdo a este índice de variación mensual, en marzo, la cuota subirá un 5,04% para los que ganan menos de $ 392.562 (6 SMVM) y 7,66% si cobran más. Es en el marco de este nuevo índice de aumentos, que estos días circuló por redes sociales y medios de comunicación, que la prepaga Omint está solicitando, además, información de todos los integrantes del grupo familiar. De no completarlo, o de encontrar 'inconsistencias', adelantan que pueden reducir el plan e inclusive dar de baja el servicio.
Los afiliados y afiliadas deben adjuntar copia del recibo de sueldo del grupo familiar y detalle del sueldo neto, comisiones cobradas y hasta las horas extras que haya hecho. Además, solicita que se informe si cobra algún alquiler y que le envíe el contrato, comprobantes del banco por los intereses de los plazos fijos u otras rentas financieras que tenga en el país y en el exterior.
Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), la entidad que nuclea a las empresas de medicina privada y dueño de Swiss Medical, ya había adelantado en el mes de enero que “las compañías van a rechazar las declaraciones juradas que le transmita la Superintendencia de Servicios de Salud, con ingresos individuales de afiliados que tienen aportes del grupo familiar” (Clarín, 3/01/2023).
Al 16 de enero de 2023, sólo 219.350 usuarios y usuarias lograron completar la declaración jurada de 6 millones estimados que cuentan con prepaga (Clarín 17/01). Esto se explica, por un lado, por la falta de claridad acerca de cómo realizar el trámite y de la escasa o nula información brindada por las prepagas, sumado a la amenaza de que puedan dar de baja el servicio en caso de encontrar inconsistencias en la información brindada. De esta forma, las entidades de medicina privada se garantizaron mantener los aumentos mensuales que rondan el 8%, mientras se recortan prestaciones y se implementa el cobro de copagos.
Según el análisis de los balances que las propias empresas que realizó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), las principales empresas de medicina prepaga, tales como Galeno, Medicus, Medifé, Omint, OSDE y Swiss Medical, tuvieron ingresos de 6.800 millones de dólares promedio anuales en el período 2015 a 2020 y, en su conjunto, acumularon 44.400 millones de dólares. (Página 12, 13/09/2022). Además son beneficiadas por subsidios estatales como el Programa Nacional de Fortalecimiento de los Equipos de Salud para la Calidad y la Seguridad-FESCAS.
La privatización de la salud avanza a pasos agigantados mientras los salarios de los y las trabajadoras, incluyendo a los de las mismas empresas y clínicas privadas de la salud, se degradan exponencialmente al ritmo de la devaluación, de la inflación y de los aumentos salariales de miseria. Esto, junto a la proliferación de trabajo precario y el monotributo, deprecia los aportes que se derivan a las cargas sociales, obras sociales y prepagas que son elegidas por los trabajadores frente al vaciamiento de las obras sociales sindicales. Un claro ejemplo del vaciamiento de las obras sociales es la Obra Social de trabajadores y trabajadoras de la Ciudad de Buenos Aires (ObsBA), que se encuentra en quiebra: cobra copagos de alrededor de $1000 y ha recortado prestaciones en salud mental, gastroenterología y servicios de médico a domicilio entre otras denuncias que han realizado los afiliados y afiliadas.
Las burocracias sindicales, todas alineadas con Massa y el FMI, permiten este desfalco porque ellas mismas reciben ganancias ya sea por los aportes millonarios a las obras sociales o por ser dueños de empresas de salud privada. La defensa de la salud de la población trabajadora no va a venir de la mano de ellos. En este cuadro se plantea la lucha por la apertura de los libros de las empresas de la salud privada, por la defensa del hospital público contra su vaciamiento, contra el recorte de las prestaciones y por un salario igual a la canasta familiar.
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