Escribe Marcelo Ramal
Una operación criminal contra los usuarios, para forzar un negociado
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La Ciudad de Buenos Aires ha recuperado el paisaje de los piquetes y cacerolas que se vivieron en varios momentos excepcionales, como el argentinazo del 2001, las movilizaciones de diciembre de 2017 contra la reforma previsional y también los piquetes recurrentes contra los cortes de luz. En Villa Crespo, Caballito, Flores o Parque Avellaneda, las noches tórridas de estos días han sido acompañadas por cortes de calle y protestas masivas. Lo mismo ocurre en Quilmes, Monte Grande y otros distritos cubiertos por Edesur. En Parque Avellaneda, los vecinos se agolpan sobre la oficina de Edesur, con la misma impotencia de los ahorristas que protestarían sobre las puertas de un banco quebrado. La metáfora no es gratuita: los cortes expresan la bancarrota del conjunto del sistema energético. Al cabo de dos décadas, las empresas de energía utilizaron, ora los subsidios del Estado, ora las tarifas dolarizadas (macrismo), para acelerar un fantástico proceso de concentración económica, que ha dejado al sistema eléctrico en manos de un puñado de pulpos (Enel, Pampa Energía, Galicia-Caputo). Esa concentración ha violado inclusive a las normas “antitrust” vigentes, pues habilitaron a reunir, bajo un mismo mando empresario, a empresas de varios eslabones del servicio eléctrico – generación, transporte y distribución. A expensas de esas operaciones ilegales, los monopolios desfinanciaron las inversiones en distribución eléctrica, que sirven principalmente a los usuarios domiciliarios.
El caso extremo de este vaciamiento es Edesur, que tiene en estas horas a 120.000 hogares y medio millón de personas sin luz. La ausencia de obras en infraestructura no ha sido compensada de ningún modo por un mayor mantenimiento – por el contrario, las cuadrillas de reparaciones han sido diezmadas, a través de dos décadas de despidos de trabajadores efectivos y tercerización. Pero la actual desidia en reparar los desperfectos, que tienen a familias enteras padeciendo semanas sin luz, supera todo lo anterior: pone de manifiesto a una operación económica, que cuenta evidentemente con la complicidad de las dos grietas. En efecto: la desidia de Edesur sólo es superada por la de los gobiernos de Larreta, Kicillof y Fernández, que asisten impasibles al desquicio eléctrico. El presidenciable Larreta no ha gastado un centavo del presupuesto porteño en poner en marcha un esquema de emergencia para asistir a las familias afectadas. Vale lo mismo para el gobierno nacional. A nadie escapa que el grupo italiano Enel ha puesto en venta su tenencia de acciones en Edesur, al igual que lo hizo con sus centrales de generación eléctrica. A diferencia de éstas últimas, que logró transferir al grupo local Central Puerto, no encontró comprador para Edesur. Los cortes en ascenso y el cierre de oficinas, en este contexto, anticipan una operación deliberada para forzar una expropiación onerosa, que los propios funcionarios del gobierno han anticipado varias veces. En esta operación en danza, circula la pretensión de la empresa de hacer valer los “activos regulatorios” – así le llaman a la diferencia entre la tarifa vigente y la que la empresa pretendería cobrar. La indolencia empresa-estado frente a la crisis de cortes prepara un desenlace fraudulento, que facilite la retirada de Enel-Edesur con un resarcimiento generoso. Es lo que ya hizo el kirchnerismo con Aguas Argentinas, primero, y con Repsol después, en la seudonacionalización de YPF.
Las especulaciones en torno de esta operación económica se multiplican, en medio de la penuria de los que no tienen luz.
En oposición al negociado, es necesario plantear un programa que parte de la exigencia al poder político de una salida inmediata, a costa del capital:
-Provisión inmediata de agua potable y generadores de energía en todos los barrios afectados; -Incorporación de trabajadores y cuadrillas a las tareas de mantenimiento; -Indemnización retroactiva de todos los afectados, incluyendo artefactos afectados, pérdida de jornales y daños sanitarios; interrupción del cobro de la tarifa eléctrica.
Este plan inmediato debe ser financiado mediante la incautación de los activos y cuentas de Enel; los recursos deben ser colocados bajo el control de un comité de control de trabajadores y de los barrios afectados.
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