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La Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval (FEMPINRA) dieron a conocer un comunicado esta semana anunciando un “plan de lucha escalonado y sorpresivo” para la semana que viene con el objetivo de exigir al gobierno nacional el cumplimiento de lo acordado en distintas reuniones que se hicieron en el 2022 en las cuales el Ministerio de Transporte y la AGP se comprometieron a derogar el decreto macrista 870/2018.
El decreto, firmado el 18 de septiembre de 2018, consagraba una licitación para la operación y mantenimiento del Puerto de Buenos Aires pasando de las actuales tres terminales a una sola terminal portuaria. La posición de la FEMPINRA en las reuniones del año pasado, paros aislados mediante, fue la defensa de al menos dos terminales para la operación portuaria “sin perder la capacidad operativa del Puerto de Buenos Aires”. Es decir, una organización sindical que se proclama defensora de los derechos de los trabajadores portuarios, pretendía entrar a una mesa de negociación de espalda a los trabajadores donde se discuta la incumbencia o no de operar con más o menos terminales sin poner sobre la mesa, por ejemplo, que existe una terminal (Terminal 5) que desde hace dos años dejó de operar y con la posibilidad de que 800 trabajadores se queden sin sus puestos de trabajo.
La logística del Puerto de Buenos Aires se encuentra en gran parte desorganizada dentro y fuera de las terminales portuarias debido a que la carga que ingresaba a la Terminal 5 se encuentra distribuida a las demás terminales. Esta situación impacta directamente sobre las condiciones de trabajo de los operarios portuarios que implica una extensión de la jornada laboral.
Los distintos gobiernos y burocracias sindicales que operan en las terminales del Puerto de Buenos Aires han dejado pasar todo tipo de reformas laborales y pérdida de derechos conseguidos por parte de los trabajadores a lo largo de los años. Coexisten dentro de las terminales portuarias todo tipo de empresas tercerizadas con al menos tres esquemas de trabajo: una porción de trabajadores mensualizados y otras dos discontinuos con 24 jornales garantizados y con 18.
Cualquier plan de lucha real debe partir de discutir en asambleas todos los problemas que atraviesan los trabajadores en el puerto: tercerización y precarización laboral, jornadas extendidas y reactivación de la Terminal 5. Un pliego de reivindicaciones inmediatas colocaría el salario como eje del debate frente a la pérdida salarial que implicó el cierre de la última paritaria sea cual fuere la rama que haya negociado, la inflación y el impuesto a las ganancias mantienen el salario portuario en un salario a la baja. Un segundo eje es poner fin a la tercerización laboral mediante el traspaso de los trabajadores tercerizados a planta permanente con salario bajo convenio.
La defensa del “comercio exterior” que proclama la FEMPINRA es tributaria de la defensa de los intereses políticos de quienes gestionan el Estado. La nacionalización de los puertos y las vías navegables y el comercio exterior bajo control de los trabajadores va a terminar con el esquema de saqueo nacional que implican las licitaciones a medida y la concentración de la operación portuaria por dos empresas multinacionales. El debate por la derogación del decreto macrista 870/2018 abre la posibilidad de discutir una salida estratégica para los intereses de los trabajadores portuarios. En lo inmediato: reparto de la carga en el Puerto de Buenos Aires para que los trabajadores de la Terminal 5 puedan retomar sus tareas.
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