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Después de 8 años del estallido social del 3J, familiares de víctimas de femicidio, transfemicidios y desapariciones se convocaron en una asamblea abierta en Plaza de Mayo, que demostró la incapacidad del Estado, pasados tres gobiernos, de resolver la situación grave de violencia que se vive en el país. Desde las 12 del mediodía, decenas de familias y víctimas relataron, frente a la Casa de Gobierno, una verdadera radiografía de un régimen social en descomposición que garantiza, mediante sus propias instituciones, los peores flagelos sobre mujeres, adolescentes y niñas y disidencias sexuales y de género de la clase trabajadora. La organización de mujeres de Política Obrera de hizo presente con una importante delegación encabezada por Patricia Urones y Eva Gutiérrez.
De las casi medio centenar de víctimas de femicidio que se nombraron en la jornada de ayer, son contadas con los dedos de una mano las causas judiciales que han llegado a una condena. Aunque algunas, como es el caso de Natalia Melmann, tuvieron que esperar 15 años para lograr la detención de los policías asesinos, y todavía queda un responsable sin imputar. Las condenas por femicidio han sido conquistadas gracias a verdaderos estallidos populares, como el femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata, que gestó el primer paro de mujeres en 2019, o el femicidio de Iara Rueda en Jujuy, que desató meses de movilizaciones en todos los rincones de la provincia con mayor índice de femicidios de la Argentina. De norte a sur del país, las instituciones de la justicia y el gobierno sostienen la más cruda impunidad, que como plantea el propio comunicado de las familias "es la máquina que alienta los femicidios".
Los bloqueos de las fuerzas de seguridad, de la justicia y los gobiernos, sean de donde sean, para con las investigaciones son todavía peores cuando los femicidios tienen una ligazón con el narcotráfico y la trata de personas. Estos negocios ilegales llenan los bolsillos de funcionarios, una red mafiosa a la que las familias se enfrentan. Así lo han denunciado las familias de Luna Ortiz y Micaela y Nancy Fernández en Tigre (Bs. As.), de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte (Córdoba), de Johana Ramallo en La Plata o de Clara Bravo en Santiago del Estero, sólo por nombrar algunas. Estas mafias son las que también gozan de la impunidad de llevarse y desaparecer mujeres y niñas en todo el país. Así lo relataron la mamá de Tehuel de la Torre, joven transgénero desaparecido desde el 2021 en San Vicente, la mamá de Camila Cinalli de San Miguel del Monte, la tía de Viviana Altamirano, desaparecida desde el 2004 en Tigre, o la tía de Florencia Penachi, desaparecida desde el 2005 en CABA. Como denunció ésta última, el desgaste físico y mental que implica la búsqueda de las mujeres desaparecidas se cobra también la vida de sus familias que mueren sin encontrarlas, como la madre de Florencia o el padre de María Cash.
En la asamblea también se escucharon las denuncias contra el Estado de las madres protectoras, que defienden a sus hijas e hijos de juzgados que pretenden revincularlos con sus abusadores en nombre de la sagrada familia. Se enfrentan a organizaciones paraestatales, financiadas por las Iglesias y sectores de extrema derecha, que ponen todos sus recursos en la defensa a pedófilos y abusadores. Pero además, se enfrentan a una justicia que las hace elegir entre condenar a sus hijos al abuso sexual o condenarse a ellas mismas a la imputación y detención, como es el caso de Delfina, madre de Arcoiris, presa desde hace varios meses en Capital Federal. Si de impunidad hablamos, las denuncias por abuso sexual que llegan a condena son aún menores que en los casos de femicidio, como contó la propia Thelma Fardin, que hace pocas semanas sufrió la absolución de su abusador Juan Darthes en Brasil, país en el que sólo el 1% de las denuncias terminan en condena.
De la asamblea también participaron las mujeres mapuches, que denunciaron la persecución a los pueblos originarios en distintos territorios del país, para entregar sus tierras a los especuladores y terratenientes. Denunciaron que cuatro mujeres continúan presas junto a sus hijos en la provincia de Río Negro, de las cuales una tuvo que parir en cautiverio.
La falta de acceso a la justicia tiene su correlato en la falta de acceso de la clase trabajadora a derechos básicos como el trabajo y el salario dignos, la vivienda, la salud. "Somos familias trabajadoras, de barrios humildes, que tenemos salarios por debajo de la canasta familiar…" dice el propio comunicado de la Asamblea de Familiares, que denuncia también la imposibilidad económica de acceder a abogados, peritos y recursos judiciales. El ajuste en curso que reclama el FMI profundizará la violencia y la impunidad.
Porque no son las políticas de gobierno las que han fracasado, ya que desde el vamos todo ese paquete de reformas jamás tuvo la intención de modificar la situación de violencia e impunidad que se vive. Lo que ha fracasado es la idea de que el capitalismo pueda mejorar la situación del pueblo trabajador mediante reformas estatales. Quienes luchamos por el socialismo insistimos en que la verdadera utopía es creer que pueda existir un capitalismo "más humano". Cuando por el contrario, se desatan pandemias, crisis climáticas, guerras y flagelos que plantean un exterminio de la humanidad.
Como antes fueron las Madres de Plaza de Mayo quienes se enfrentaron al Estado durante la dictadura, son las familias obreras, organizadas y en lucha, quienes pueden ponerle un freno a esta barbarie social que se vive también en democracia. Levantemos asambleas en todos los barrios, lugares de trabajo y estudio para organizar un plan de lucha contra la violencia que garantiza el Estado. Una vez más, Madres/Familias de la Plaza, el pueblo las abraza.
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#Ni Una Menos: Política Obrera acompañará la asamblea de familiares de víctimas de femicidios 3 de junio, 13.30hs, en Plaza de Mayo. Declaración de Política Obrera, publicada en políticaobrera.com el 02/06/2023.
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