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Con la votación del martes 30 en Diputados, se le dio media sanción a dos ataques declarados contra los y las trabajadoras estatales, incorporados a la "Ley Bases" del gobierno, además de otros que atañen al conjunto de los trabajadores.
La ley habilitaría pasar a “disponibilidad” entre 100 mil y 125 mil trabajadores con estabilidad en el empleo público una vez cerrados sus organismos o habiéndolos ´desfuncionalizado´. Según Clarín: “Apunta a los organismos en vías de achique o con dotaciones excesivas” (2/5). Esto es una falsificación, ya que en el pleno de los organismos hay faltante de personal para poder abordar las tareas de ministerios y secretarías, inclusive en esta coyuntura en que la mayoría se encuentra paralizada desde la propia gestión.
Semanas atrás, ante el anuncio del recorte de la totalidad de las horas extras los trabajadores anunciaron que cerrarían museos, centros culturales, teatros, servicio meteorológico, hospitales y sigue la lista, porque sin la extensión de la jornada laboral de cada uno de los y las que trabajan en esos edificios no se puede garantizar el desarrollo de las actividades. Capital Humano tuvo que recular con la amenaza.
La premisa para los despidos es que los trabajadores estatales son un costo y no trabajan. El trasfondo es la extensión de la jornada de trabajo a través de horas extras o módulos -flexibilización- y el achicamiento de programas que, por lo general, apuntan a acceso a servicios que el Estado otorga –como en los CDR, las delegaciones, el ANSES, etcétera, obligando a los usuarios, siempre trabajadores, a trasladarse distancias más largas para poder hacer los trámites; en el camino muchos desisten, aunque implique desistir de acceder a ciertos derechos.
El Artículo 4 de la "Ley Bases" le brinda al Ejecutivo facultades para modificar la administración nacional y privatizar empresas estatales. Retoma de la “ómnibus”, a través de las facultades delegadas, la posibilidad de desfinanciar, cerrar o privatizar organismos como el INCAA, el Instituto Nacional del Teatro, el de la Música, la Comisión de Bibliotecas Populares, el INADI, y avanzar hacia la privatización de empresas estatales o mixtas. Con ese movimiento peligran los puestos de trabajo de miles y miles de empleados públicos.
El pase a disponibilidad
La misma ley se encarga de reglamentar qué pasaría con los trabajadores que desarrollan tareas en los organismos que se cierren o achiquen. No se está hablando de los miles de contratados bajo convenio o por monotributo: a ellos les cabe el despido directo como con los 15 mil que “no renovaron contrato” el 1 de abril último.
El pase a disponibilidad, según el proyecto de ley, obliga al Estado pagarle al trabajador su salario por el término de 12 meses, en caso de que el organismo en que se desempeña cierre o no requiera de sus funciones, pudiendo solicitarle que realice tareas que en la actualidad hacen empresas tercerizadas, como limpieza o seguridad. El gobierno bastardea así un reclamo legítimo, como es el fin de la tercerización con incorporación al Estado, llevando a trabajadores de planta a degradar sus tareas actuales. Una reforma laboral de hecho, porque introduce polifunciones.
Según la norma que aprobó Diputados, es tarea del trabajador conseguir un nuevo lugar donde trabajar y, si no lo encuentra, entonces será despedido: "Cumplido el término de disponibilidad, sin que el trabajador hubiera formalizado una nueva relación de trabajo, quedará automáticamente desvinculado de la Administración Pública Nacional", con derecho a una indemnización "igual a 1 mes de sueldo por cada año de servicio”.
En la redacción de la ley se retoma un concepto del macrismo, el de “la dotación óptima”, una evaluación de cuál es el número de trabajadores que requiere un organismo. En la Secretaría de Cultura, en 2016, en nombre de la dotación óptima se despidieron 564 trabajadores que fueron rápidamente remplazados por unos 600 nuevos contratos: la misma “dotación”, pero precarizada. Con la lucha de los trabajadores, se reincorporó a más de la mitad de los despedidos.
Desde un principio, la gestión Milei se propuso el objetivo de despedir un tercio de los trabajadores del Estado Nacional. Efectivamente, con la “Ley Bases”, el cierre de organismos y la privatización de empresas estatales o de capital mixto, pretenden deshacerse de más de cien mil empleados de planta permanente, sumados a no renovación de los contratos trimestrales, se llegaría a ese objetivo del 30 % de recorte de los puestos de trabajo.
En el mismo proyecto, se habilita el despido del personal en licencia por enfermedad, matrimonio, embarazo, etc. Y traslada el régimen de sanciones para habilitar el despido justificado como en la actualidad está sucediendo en el ACUMAR, donde se ha sancionado a más de 200 empleados por irregularidades en la documentación de trabajo remoto o licencia, responsabilidad íntegra de la gestión saliente.
UPCN, absolutamente integrado a la política de gobierno, no sólo no organizó una acción contra la ley. Por el contrario, Andrés Rodríguez manifestó su voluntad de garantizar la gobernabilidad. Por su parte, ATE convocó a movilizar el 29 al Congreso pero no logró traccionar a nadie a una lucha que no preparó, luego de “sectorizar” los conflictos por despidos en lugar de encarar una lucha de conjunto contra los ataques de Milei. Sin plenarios ni asambleas generales, ATE va a la rastra de la CGT.
Los y las trabajadoras estatales tenemos que sortear las trabas que, por acción u omisión, representa la burocracia sindical y recorrer los sectores con asambleas que expliquen la magnitud de lo que se votó y organicen la respuesta. Construyamos el paro y la movilización que frene la ley y reincorpore a los compañeros despedidos.
