Docentes de Tucumán: ante el derrumbe salarial, organizar la huelga general

Durante todo 2023 el derrumbe salarial se ha profundizado. A principios del año lectivo la inquietud salarial se hizo sentir. En ese periodo asumía plenamente su mandato la nueva burocracia en ATEP liderada por Hugo Brito.

En marzo, los plenarios de delegados escolares votaron el reclamo de un salario básico inicial de 240 000 pesos actualizados según la inflación. En esa oportunidad, Brito, por medio del congreso de ATEP, una instancia con mayoría de congresales permanentes partidarios de Brito, desconoció ese mandato y rebajó el reclamo salarial a 200 000 y que nadie quedara con salarios de bolsillo por debajo de la pobreza.

La paritaria en esa instancia fue bochornosa. Los aumentos quedaron desfasados con inflación en meses subsiguientes. La mayoría de la docencia seguía percibiendo salarios por todo concepto en niveles de pobreza y los básicos siguieron siendo de indigencia.

Al reabrirse la discusión paritaria en julio, las asambleas escolares votaron nuevamente el reclamo de que todo aumento vaya al básico para llevarlo a de 200 000 pesos. Brito, maniobrando lo terminó rebajando a 125 000 y por presión desde abajo se votó una huelga de 48 horas, cuya primera jornada iba a ser con una movilización central. Llegaron a aprobar que si el gobierno no respondía favorablemente se marchara a un paro por tiempo indeterminado hasta alcanzar los reclamos.

Como el gobierno consideraba excesivo el reclamo, a Brito no le quedó otra que iniciar el 8 de agosto el paro y convocar a una movilización. Lo que no esperaban ni Brito ni el gobierno fue la irrupción de más de 20 000 docentes presentes en la plaza Independencia a días de las PASO. Toda una señal para avanzar hacia la huelga general por tiempo indefinido.

En ese momento el gobierno, con la complicidad de Brito, acordaron entrar en conciliación obligatoria suspendiendo el plan de lucha, conciliación que se ha extendido por más de un mes. En todo este periodo, la burocracia se borró a pesar de la escalada hiperinflacionaria que se desató después de la PASO, o sea, inmediatamente después de iniciarse el periodo de conciliación.

En la actualidad el salario del cargo testigo, docente que recién se inicia, es casi la mitad de una canasta de pobreza, hoy arriba de los $300 000.

El gobierno, echando lastre, decidió al margen de las paritarias de julio otorgar a los docentes el mismo aumento que otorgó al conjunto de los estatales provinciales. El aumento ronda los $20 000, es decir, $700 por día, equivalente a un kilo de pan.

Con este escenario, en ocho meses las expectativas en la nueva conducción sindical de ATEP se fueron esfumando. Esto ya se refleja en renuncias y sectores de la conducción que se han ido distanciando del secretario general. El descontento en las bases es generalizado.

Brito ha sostenido que sigue el “diálogo” con el gobierno, pero que para el martes 12 se va a convocar al Congreso de ATEP para “discutir y decidir un paro a la mayor brevedad”.

El gobierno ofrece un aumento del básico que rondaría los 58 000 pesos. Es una provocación.

La burocracia se encuentra acorralada. Es consciente de que, si no maniobra, habiendo culminado la conciliación obligatoria, las autoconvocatorias van a volver a emerger como ocurrió bajo la conducción de Toledo.

La dirigencia quiere dilatar los tiempos de una acción de lucha y resolver una medida aislada, desconociendo los anteriores mandatos previos a la conciliación obligatoria que establecían que, si no había respuesta al paro de 48 horas, se debía marchar a la huelga por tiempo indeterminado.

La tarea fundamental para los luchadores docentes es impulsar asambleas escolares que ratifiquen los mandatos previos de lucha rumbo a la huelga general y el reclamo de un salario básico inicial no menor a 200 000 pesos.

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