La cultura del país se pronuncia contra la “ley ómnibus” de Milei

El despótico proyecto de “ley ómnibus” de Milei, que implica el cierre del Instituto Nacional del Teatro (INT) y el Fondo Nacional de las Artes (FNA), más el desfinanciamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) tiene dos objetivos: la precariedad laboral extrema y la confiscación del aporte económico de escritores y artistas que sostienen a dichos organismos. Un ataque jamás visto, ni siquiera en las dictaduras militares.

El despido, la desocupación y después

Por lo pronto, ya ha comenzado la ola de despidos de empleados administrativos en los organismos de cultura, ¡incluido el propio presidente del FNA (Javier Torre) que acababa de ser designado! Y fue por un mero mensaje de la red social X: todo un modelo del futuro estilo que impondría el gobierno “libertario”. La Agencia Córdoba Cultura (aquí no hay secretaría o dirección) está despidiendo a trabajadores en el Teatro Real.

Para los artistas y escritores la categoría laboral es siempre la de contratado (mientras dura el proceso de creación de una película, un disco, etc.) pues ningún creador es asalariado permanente, salvo los que pertenecen a cuerpos oficiales, pero últimamente muchos de ellos también. Entonces, sin ayuda estatal quedarían a merced de las industrias culturales privadas (a la precariedad, la ilegalidad) y en el interior del país ni siquiera existen, salvo en cierta medida en Córdoba y Rosario. Los grupos independientes se gestionan por el apoyo de los organismos del Estado y el reducido consumo del público. Si a ello se agregara, como pretende la “ley ómnibus”, la desaparición del precio de venta uniforme de los libros, el retiro de financiación a las bibliotecas populares y que los niños solo concurran a la escuela hasta los nueve años… quedaríamos ante un futuro de servidumbre laboral y analfabetismo.

El manotazo a los haberes de artistas y escritores

Las ayudas que otorgan el FNA, el INT, el INCAA, el INAMU, la CONABIP, se realizan con fondos que están conformados en su mayor parte por aportes que provienen de entradas a cines y teatros, reproducción de obras de autores fallecidos hace más de 70 años, o de la Lotería nacional. De las rentas generales del Estado es muy bajo el porcentaje que deriva al presupuesto en “cultura”. En cambio, el volumen de beneficios que esta aporta llega al 3 % del PBI nacional, según datos oficiales, incluyendo la producción exportable. La razón para cerrar esos organismos o degradarlos no puede ser otra que volcar el dinero en organismos que podrían echar mano de sus fondos (como hizo Cavallo con los del INCAA en 1999), o que pasen directo a los bancos privados. Como en el resto de las actividades laborales, se concretaría la confiscación de los haberes de los trabajadores a favor de los capitalistas.

A eso de “Plata-no” ya lo conocemos

En 2002, un secretario de cultura de la Municipalidad de Córdoba, Orestes Lucero (UCeDé), se hizo el gracioso creando un logos publicitario con una banana y el lema “Plata-no” como “propuesta” política. El resultado fue que una multitud de artistas y escritores terminamos efectuando la toma de un edificio de cultura, que duró dos semanas y barrió hasta las cáscaras del “plata-no”.

Ahora, en casi todas las provincias hay cacerolazos, manifestaciones y asambleas, además del uso intensivo de redes virtuales, contra el DNU y la “ley ómnibus”. Las asambleas de Unidxs por la Cultura en CABA (3-1) y el Cordobazo Cultural (3-1) reunieron a más de 300 personas en forma presencial y otras tantas en virtual; 500 en Bariloche el 6-1; 300 en Mendoza el 6-1. Los pronunciamientos de famosos artistas y escritores, así como de algunas asociaciones gremiales, son incesantes.

Para el 10 de enero se convoca al CACEROLAZO CULTURAL NACIONAL, al cual ya han adherido en 16 ciudades, en preparación de un paro general el 24. Ese es el camino: autoconvocatorias, asambleas, manifestaciones y huelga general. Nos organicemos sin confiar en legisladores, ni en funcionarios, ni en “políticos”, ni en jueces, ni en dirigentes sindicales, aunque les dirijamos nuestros reclamos, hasta triunfar en la defensa de nuestros derechos.

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