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El martes 22 de enero, como lo hicimos saber en estas páginas, se convocó a una reunión extraordinaria del Consejo Directivo (CD) de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, frente a la crisis de becas en el CONICET y el C3. El CD de Exactas está compuesto en su totalidad por agrupaciones peronistas, en sus distintas vertientes. La reunión duró una hora, y tuvo tres resoluciones aprobadas por unanimidad.
Las intervenciones dejaron en claro que la facultad está en crisis. El congelamiento del presupuesto 2023 implica que sólo funcionaría hasta julio y que se podrían pagar salarios docentes (congelados en diciembre 2023) hasta agosto. Las carreras de Ciencias de Datos y Computación corren grave peligro por la amenaza de cierre del pabellón 0+infinito, dónde se cursan las materias que requieren laboratorios y prácticas y que era mantenido casi en su totalidad por el (ahora inexistente) Ministerio de Ciencia y Tecnología. El funcionamiento de este edificio (las licitaciones de cámaras, seguridad, limpieza y mantenimiento) requiere 35 millones de pesos al mes; anualizado es el doble del presupuesto de la facultad.
Sobre esto, más allá de un reclamo para mantener "la seguridad jurídica" (es decir, que se cumplan los acuerdos del anterior gobierno), no hubo resolución alguna.
Como primer orden del temario estuvo la situación de la ciencia y se vieron dos elementos particulares. Sobre la ya conocida suspensión "hasta nuevo aviso" de la publicación de 1300 becas y 300 cupos, parece a propósito que se haya ignorado lo más obvio: Milei puede avanzar contra los trabajadores de la ciencia, justamente, por su precarización laboral. Durante años se ha tratado de un trabajo "becado", es decir, en negro, sin aportes, sin aguinaldos y sin salario (siempre se habla "de estipendios"). Esto sin contar a los administrativos bajo "Artículo 9" que tienen, hoy, una renovación de contrato cada tres meses.
En segundo lugar, se introdujo la suspensión de los subsidios para la compra de reactivos, que deberán ser pagados con el bolsillo de cada trabajador. La Agencia [1], que se encarga de ejecutarlos, ha sido paralizada, con una caja de 225 millones de dólares que ha dado el BID y el Banco Mundial, así como 25 mil millones de pesos del presupuesto (congelado 2023); un asalto en toda regla.
Las resoluciones se limitan a exigirle al gobierno el cumplimiento de los contratos "para mantener la seguridad jurídica", y la publicación de las becas. Nuevamente, se ignoran los subsidios que tienen empresas como Mercado Libre y Globant, entre otras, que podrían costear holgadamente las becas hoy suspendidas o el presupuesto de mantenimiento de las universidades. Dichos subsidios comenzaron con el gobierno de Néstor Kirchner con la Ley de Software en 2004 y continuaron durante todos los gobiernos, incluso con el actual que, se dice, "enfrentar a los empresarios prebendarios" y a "la casta".
Como segundo punto se habló sobre el DNU y la ley ómnibus. Se ha denunciado una reforma constitucional encubierta, el riesgo sobre la naturaleza y la soberanía que implica la derogación de la ley de tierras y fuegos, así como la reforma laboral encubierta. Frente a esto, la resolución exige a los "honorables" diputados que rechacen la ley ómnibus, junto con el DNU.
Las únicas agrupaciones estudiantiles que cuentan con representantes en el CD son el FEM (La Mella-Patria Grande) y la agrupación Identidad (La Cámpora). Los consejeros del FEM presentaron una última resolución sobre el cierre de programa de guías C3, dónde 38 estudiantes de esta facultad han perdido su trabajo. Nuevamente, señala una exigencia a las nuevas autoridades nacionales a brindar los fondos a la Facultad (que ya han sido adelantados por esta para pagar los sueldos de diciembre) y mantener los puestos de trabajo. Pero, así cómo ocurre con el CONICET, ignora por completo la precarización laboral que implica tener a trabajadores altamente cualificados (como son los estudiantes de la facultad) en categoría de "beca" y no bajo un convenio colectivo de trabajo.
Toda esta situación desmiente que la “ciencia argentina” sea una panacea. Muy por el contrario, es un entramado de precarización laboral, trabajo en negro y explotación que sirve como una forma de subsidio a las farmacéuticas, petroleras y empresas extranjeras que tercerizan la investigación en nuestras universidades, particularmente la Facultad de Ciencias Exactas, y se adueñan de las patentes y los resultados.
Debemos exigir no sólo la publicación de becas, y la ejecución del presupuesto, sino el reemplazo de éstas por convenios de trabajo, con aguinaldo, aportes jubilatorios y un salario que supere la canasta básica familiar. Derrotar el DNU y la ley ómnibus es una tarea fundamental para abrirnos paso y se conseguirá únicamente a través de una huelga general por tiempo indefinido (así como las suspensiones de las becas al CONICET).
Notas
- Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación
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