La militarización del Estado, en la agenda del gobierno y de la “casta opositora”

Escribe Marcelo Ramal

Como nunca, a ganar las calles este 24 de marzo

Tiempo de lectura: 4 minutos

Patricia Bullrich y Luis Petri, la dupla que maneja la política de Defensa y Seguridad del gobierno de Milei, han brindado precisiones sobre el “paquete” legal que enviarán al Congreso. La cuestión central es permitir la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. Justificaron la iniciativa por “la tragedia de Rosario”, pero aclararon enseguida que “es una situación que viven no solo los rosarinos sino todo el país”. Con ello, dejaron claro que la alteración jurídica en puertas no tiene carácter puntual ni mucho menos local. Se ha puesto en marcha una tentativa en regla de militarización del Estado.

Las Fuerzas Armadas quedarían habilitadas para aprehender personas “en flagrancia”, dejando la intervención de la Justicia para después de la detención. La intervención por los “actos de terrorismo” serían catalogados por un ´comité de crisis´ ad hoc. Es un régimen de excepción, en toda la regla. El Ejército contaría con “los mismos medios coercitivos” para actuar que cualquiera de las fuerzas de seguridad interior. Pero a la par de la habilitación a las Fuerzas Armadas, la reforma en curso contempla la impunidad generalizada para todas las fuerzas. Bullrich anunció la primacía de los criterios de “legítima defensa” y “cumplimiento del deber”. “No es razonable -dice la ministra- considerar solamente si la persona (el presunto delincuente) está o no armada” –legalizando el fusilamiento de sospechosos inermes, por parte de la Policía y-ahora- del Ejército. Bullrich anticipó también que “no se permitirá más la querella de la familia de los delincuentes”. Es la legalización del gatillo fácil.

Bullrich entremezcló los anuncios relacionados a las Fuerzas Armadas con el “aumento de penas para quienes organicen manifestaciones”. Enseguida, y en relación a las respuestas policiales frente a la delincuencia, cargó contra “los que le pegan con una piedra a un policía”. La vinculación de la seguridad interior con la criminalización de la protesta corrió por cuenta de la propia ministra: es muy claro que el régimen de excepción que se está pergeñando sólo tiene al narco como excusa. Según se informó, la reforma del Código Penal en danza incluye también a las ocupaciones y bloqueos de empresas.

Las condiciones de las Fuerzas Armadas

Los anuncios de Bullrich tienen lugar cuando, hace muy pocas horas, los diarios se encargaron de recordar las oposiciones a la reforma de seguridad interior que presentó en su momento Victoria Villarruel. Según La Nación, Villarruel “es quien mejor expresa la posición predominante entre los militares”. Villarruel, o las “fuentes castrenses”, reclaman “repensar el rol de las FF.AA.”. Conceptualmente, Villarruel ha colocado a la cuestión del narco como un escenario donde “militares se enfrentan con civiles”. El alto mando actual presiente otra “guerra sucia”, y reclama, Villarruel mediante, las garantías jurídicas e incluso políticas del caso. Se ha reclamado, por ejemplo, el “respeto” al Código de Justicia Militar, es decir, que los militares sean juzgados por sus pares, no que “las cuestiones militares se debatan en tribunales civiles”. Para completar este pliego, Villarruel, en su momento, señaló que, mientras se demanda al Ejército en la Seguridad interior, existen “viejos camaradas presos en cárceles comunes”. De acá al reclamo de un indulto hay un solo paso. En su columna de los jueves, Carlos Pagni alude hoy a la posibilidad de que Milei-Bullrich, el próximo lunes 25, anuncien un “cambio reglamentario” que permita “retornar a sus casas” a los “ancianos que padecen prisión preventiva” –los genocidas que esperan sus sentencias por juicios de lesa humanidad.

El choque de Villarruel con Milei-Bullrich tuvo una expresión de crisis cuando la vice terminó convocando a la sesión del Senado que votó contra el DNU 70. Después de esta “demostración de fuerzas” de la presidenta del Senado y vocera militar, Bullrich-Petri se han tirado a la pileta para anunciar la reforma de la ley de Seguridad Interior. Es difícil pensar que, en el interín, no se haya suministrado a las camarillas castrenses las garantías de impunidad, por un lado, para lo que demanden las futuras acciones “antiterroristas”; por el otro, para refrendar esas garantías con algún beneficio a los genocidas “de ayer”. La otra certeza de Bullrich-Petri-Milei pasa por el Congreso que debería aprobar esta reforma. Los anuncios de militarización por ley son simultáneos a la postulación de dos nuevos jueces de la Corte –García Mansilla, un opositor encarnizado al derecho al aborto, y Ariel Lijo, un eterno encubridor de la “casta”, kirchnerismo y pejotismo incluidos. Bullrich y Petri no han podido actuar sin un cálculo de posibilidades parlamentarias: el espectro narco es la excusa para invocar una siniestra unidad nacional en pos de una militarización del Estado y contra las libertades democráticas. Mientras tanto, los narcoblanqueadores capitalistas -los verdaderos “dueños de Rosario”- continúan operando sin dificultades. Los Milei-Caputo-Bullrich preparan para ellos un nuevo blanqueo de capitales.

El 24 de marzo, a movilizarnos con fuerza para rechazar esta operación y represiva. Hagámoslo con completa independencia de los partidos y bloques políticos que, en complicidad con Milei, están acompañando este libreto reaccionario.

Suscribite a Política Obrera