El referéndum no cierra la crisis en Ecuador

De acuerdo a todos los analistas, el referéndum convocado en Ecuador para el pasado domingo era, sobre todas las cosas, una elección plebiscitaria para el gobierno de Daniel Noboa, quien asumió en noviembre del año pasado y planea postularse para presidente nuevamente el próximo año. El contenido del referéndum, sin embargo, se caracteriza por seguir el libreto de diferentes gobiernos de la región: la militarización del país en un alineamiento internacional con Estados Unidos y con la ultraderecha de América Latina. La votación se dio unas semanas después de que Noboa ordenara asaltar la embajada de México para capturar al exvicepresidente Jorge Glas (2013-2017), en una medida que desató un repudio internacional generalizado.

El resultado de la votación, para fines plebiscitarios, fue una decepción. Tanto oficialistas como opositores se atribuyeron victorias y derrotas cruzadas. Noboa celebró que se votó por el SÍ entre el 60 % al 73 % en nueve de las once consultas. Se trata de los puntos referentes a la ampliación de las funciones de los militares y el aumento de las penas para diferentes delitos. Los resultados son vinculantes, por lo que la asamblea nacional tendría 60 días para convertir las medidas aprobadas en ley.

La extradición de ecuatorianos, que hasta ahora prohibía la Constitución, fue la pregunta aprobada con mayor diferencia. Hace poco más de un año, el entonces presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, también había convocado a un referéndum que contenía algunas de las mismas preguntas referidas a este asunto: en todas se impuso el NO. La aprobación actual lleva a varios medios a asegurar que ahora se votó a favor de Noboa más que de una medida en particular, tanto como antes se votó en contra de Lasso.

Estos análisis, sin embargo, se encontraron con un elemento disonante: el referéndum de Noboa perdió en dos preguntas claves. Por un lado, la que implicaba una avanzada de la reforma laboral para precarizar aún más el trabajo, legalizando el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cosa que actualmente es legalmente imposible. El NO se impuso con casi el 70 %. La otra propuesta que fue rechazada es la que reconocía el arbitraje internacional para solucionar controversias comerciales.

Otro revés tuvo que ver con el ausentismo, que fue definido como “muy alto” por la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE). El ausentismo fue de un 28 %, unos 10 puntos más que en las votaciones de los más recientes procesos electorales.

Noboa tiene, sin embargo, un amplio margen de maniobra debido a que todo el arco político ecuatoriano se ha encolumnado detrás de su política de militarización e incluso ha apoyado sus políticas económicas. La oposición no apoyó las medidas en el referéndum, pero sí las apoya en el Parlamento. La excandidata presidencial por el correísmo, Luisa González, aseguró que “la consulta popular tampoco la apoyamos, porque las preguntas que se están haciendo allí podrían ser resueltas de forma mucho más rápida a través de la Asamblea Nacional” y que “la mayoría de las preguntas sobre seguridad ya están listas para aprobar en la Asamblea Nacional”. Recordemos que el partido Revolución Ciudadana, que responde al expresidente Rafael Correa, cerró filas con Noboa ante las medidas de militarización del país hace tres meses. En una reciente entrevista a González, un periodista le dijo que “ustedes han aprobado hasta la fecha todas las medidas legislativas del Gobierno en la Asamblea Nacional. Podemos decir que Noboa ha venido gobernando sin oposición. ¿Hasta cuándo va a durar esa tregua?”. González sostuvo que “hemos apoyado al presidente Noboa en sus políticas para intentar dar seguridad a los ecuatorianos y mejorar la economía, pero hemos visto que no dan resultado”. Responsabilizó de la crisis de seguridad a que “(se) quitaron cerca de 3.000 millones de dólares del presupuesto a todo lo que es seguridad (...), la Policía Nacional —responsable de la seguridad interna del Estado—no tiene suficientes vehículos, motos, chalecos antibalas, equipos de comunicación (...), los envían desarmados a las calles a combatir la delincuencia”; finalmente, propuso “militarizar los puertos y aeropuertos”.

A principios de abril se anunció la conformación del “Acuerdo Nacional por el No”, que agrupaba a la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), al partido campesino Pachakutik, a Unión Popular (ex MPD) y a las organizaciones gremiales agrupadas en el Frente Unitario de Trabajadores (FUT). La posición por el NO de estos sectores fue en extremo ambigua, en la medida en que se declaraban a favor de su contenido. El frente se pronunció, además, en contra de convocar cualquier tipo de movilización popular frente al referéndum. “¿Por qué descartan la protesta en las calles? Según José Villavicencio, presidente del FUT, en esta ocasión han buscado una opción más democrática y menos irresponsable; la oposición al Gobierno la harán desde la promoción del No en la Consulta Popular”, asegura El Mercurio de Ecuador. Y agrega: “al ser interrogado sobre la pasividad con la que las organizaciones sociales han tomado las medidas económicas del Gobierno”, Villavicencio señaló que “tranquilos jamás, estamos trabajando para castigarle el 21 de abril”, es decir, en las urnas del referéndum.

Una posición similar sostuvieron los referentes del movimiento campesino ecuatoriano, quienes tampoco convocaron movilizaciones. Tanto el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CoNaIE), Leónidas Iza, como el coordinador nacional del movimiento Plurinacional Pachakutik, Guillermo Churuchumbi, calificaron de “innecesarias” las consultas sobre seguridad debido a que ya están siendo tratadas en el Parlamento. La misma posición sostuvo la asambleísta por el movimiento Pachakutik, Mariana Yumbay. Esto, a pesar de que las propias organizaciones indígenas vienen denunciando la represión policial y el hostigamiento de fuerzas paramilitares en zonas mineras del país. Iza aseguró que la consulta sobre la precarización laboral “es lo que interesa al presidente” porque significaría un aprovechamiento personal y para su familia, en referencia a que Noboa es el heredero del emporio empresarial construido por su padre, el magnate bananero Álvaro Noboa.

La jornada electoral se produjo en medio de un recrudecimiento de la crisis. Por un lado, la misma semana de la elección, fueron asesinados dos alcaldes en un lapso de tres días. Jorge Maldonado, alcalde de Portovelo, fue asesinado 48 horas después de que lo mismo sucediera con José Sánchez y con Camilo Ponce Enríquez, quien fue acribillado en la calle. Tres semanas antes apareció asesinada a tiros Brigitte García, alcaldesa de 27 años a cargo del cantón de San Vicente. En total ya se contabilizan cinco alcaldes asesinados en un año. A esto se suma que, mientras se desarrollaba la misma jornada electoral, fue baleado el director de la cárcel conocida como El Rodeo de la costera ciudad de Portoviejo en el sudoeste del país. Se trató de Damián Parrales, quien había asumido el cargo cinco días antes, y que fue asesinado mientras almorzaba con su familia en un restaurante. La ola de magnicidios en Ecuador es atribuida a las bandas narcos que operan en un país que se encuentra bajo “estado de excepción” y de “conflicto armado interno” desde hace tres meses, con el ejército patrullando las calles y con el arresto de decenas de miles de personas acusadas de vínculos con el crimen organizado. Las bandas narcos fueron declaradas “organizaciones terroristas” por el actual presidente. Desde entonces, Noboa ha presentado estadísticas que aseguran una baja en la criminalidad, con datos que son cuestionados por la oposición.

Según las investigaciones locales, las bandas no se limitan al tráfico de drogas, sino que “han diversificado sus operaciones criminales para incluir la explotación de oro ilegal debido a su capacidad para el lavado de activos” (Infobae, 18/04). La minería ilegal, la pesca ilegal y la deforestación son actividades de peso en las regiones del sur del país, donde fueron asesinados algunos de los alcaldes. Un informe asegura que “la extracción clandestina de oro resulta más rentable que el comercio de cocaína debido a su menor supervisión y a las facilidades para blanquear y exportar el metal dorado”. El entramado entre las bandas criminales y el Estado fue revelado en la investigación conocida como “Metástasis”, que involucró directamente a elementos de todos los segmentos del Estado.

El referendo se desarrolló en plena crisis energética por escasez de agua. Durante semanas se han producido apagones de hasta seis horas al día y el Gobierno decretó dos días sin servicio eléctrico. Algunos medios afirman que esta crisis golpeó fuertemente a Noboa debido a que se supo que diversos expertos habían anticipado la crisis energética, sin que el presidente tomara medidas. En estos días, Noboa debió echar a la ministra de Energía, Andrea Arrobo, la primera baja de su Gabinete. El mismo día del plebiscito tuvo su segunda baja, sin que trascendieran los motivos.

A las crisis internas se sumó la crisis internacional que estalló con el asalto de la embajada mexicana en Quito a principios de mes, por orden de Noboa para capturar al exvicepresidente Jorge Glas. Según los medios locales, el despliegue del ejército y el arresto por la fuerza del exvicepresidente “pretendían demostrar que Noboa es duro con el crimen y la impunidad” en vísperas del referéndum. El asalto a la embajada, sin embargo, se encuentra ligado tanto al referéndum en favor de la militarización del país como del alineamiento internacional de Noboa con el Departamento de Estado Norteamericano y la ultraderecha continental.