Salario mínimo docente: decretazo del gobierno empobrecedor

El gobierno nacional anunció de forma unilateral este jueves el monto del salario mínimo (´súper mínimo´) de los docentes para todo el país: a partir de julio, un docente que recién se inicia no debería ganar menos de $ 420.000.

Es un monto de indigencia. Pero, además, tampoco es vinculante. La cifra sirve a modo de “referencia” para que luego cada gobernador fije su propia negociación con los sindicatos y para que las provincias reciban lo que les corresponde del “Programa Nacional de Compensación Salarial Docente”. La decisión del gobierno liberticida, por medio de la Secretaría de Educación, viene luego del fracaso de varias instancias de diálogo con los sindicatos en la Comisión Negociadora del Convenio Marco que se viene reuniendo desde febrero sin resultado alguno. Esta instancia reemplaza a la paritaria nacional docente, reivindicada por CTERA, que tampoco adoptaba decisiones vinculantes respecto a los salarios sino que establecía una referencia salarial ínfima que muchas provincias, de hecho, tampoco cumplían. No era, por lo tanto, una verdadera ´paritaria nacional´, pues el financiamiento educativo fue trasladado a las provincias por el gobierno de Menem y nunca revertido.

El gobierno afirma que llegó a esta determinación "buscando dar una solución a la problemática salarial recibida, y a la dispersión histórica de la conformación de los salarios docentes en las distintas jurisdicciones; pero a la vez considerando la situación económica del país -el orden de las cuentas públicas- y de cada una de las provincias cuyos representantes participaron de las citadas instancias de diálogo". No existe ninguna solución, más bien se profundiza la pérdida salarial que sufren docentes y jubilados de todo el país. Se ha perdido entre un 20 y un 50 % de poder adquisitivo en lo que va de la gestión de Milei. Previamente ya se había eliminado el FONID (Fondo de Incentivo Docente) que representaba alrededor de un 25 % del total del salario. Al gobierno le preocupa “el orden de las cuentas públicas” solamente cuando se trata del salario de los trabajadores, pero para pagar intereses usurarios y rescatar a los bonistas que tienen la deuda ese concepto no aplica. El gobierno y su “oposición” se aprestan a votar una ley declarando a la educación “servicio esencial” para quitarle a la docencia su derecho a huelga.

La CTERA ha respondido al decretazo del gobierno -como es habitual- con un comunicado, pero ninguna iniciativa de lucha. Afirman: “Esta propuesta no condice con la inflación, con la suba de tarifas, alquileres, transporte, alimentación. Las y los docentes hemos sufrido una pérdida de nuestro poder adquisitivo desde diciembre hasta la fecha. La CTERA exige al Gobierno Nacional que cumpla con las leyes, que restituya el FONID de manera urgente, y que garantice aumentos salariales que permitan recuperar el poder adquisitivo de nuestros salarios” (CTERA, 22/8). ¿Medidas de lucha? Lo dicho: ninguna.

En contraste con la actitud de CTERA con el gobierno, en las provincias se desarrolla una tendencia de lucha importante. En Buenos Aires, la semana pasada, un paro se abrió paso a partir de la convocatoria de las seccionales opositoras a la conducción de Baradel. En Entre Ríos, la docencia volvió a votar medidas de fuerza y el gobierno dictó la conciliación obligatoria. En Neuquén está el punto más alto de estas luchas: con una participación masiva de la docencia en las asambleas, continúan las huelgas contra la implementación del ´presentismo´ antihuelga.