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Ahora de un modo explícito y ya sin ninguna delimitación, la conducción de CONADU Histórica se ha subido al tren de la maniobra contra la lucha universitaria, con el apoyo sin cortapisa a los proyectos de Ley de Financiamiento y de Recomposición Salarial del Sistema Universitario.
En el Plenario de Secretarías Generales realizado el lunes 2, se impuso el voto por un paro de apoyo a la Ley que supuestamente va a tratar el Senado este jueves 5 y una nueva postergación de cualquier continuidad para el plan de lucha, que queda condicionado a lo que pase este jueves en el Parlamento. Cabe recordar que el Senado también tratará la llamada esencialidad educativa, o sea la supresión lisa y llana del derecho de huelga para los docentes.
Ya la semana anterior la conducción de CONADU H había logrado poner en el freezer el plan de lucha que, de un modo contundente, había paralizado más de 50 Universidades en todo el país al regreso del receso invernal. Con la excusa del Plenario del CIN, había impuesto un cuarto intermedio hasta este lunes, consiguiendo así pasar de un paro que venía de 72 horas y 48 horas, durante las primeras dos semanas, a ninguna medida de fuerza.
Con esto logró el regodeo con los rectores, quienes recibieron de buen modo a los sindicatos universitarios para subirlos al carro de su política. Esta consiste -y consistió siempre- en evitar que el ajuste salvaje que el gobierno de Milei desarrolla en todos los planos termine en una rebelión universitaria, que ya se había insinuado en el mes abril con la masiva movilización que superó el millón de manifestantes en todo el país, y que sigue latente, y afectará, en primer lugar, a ellos mismos y a sus negociados.
Con esa política maniobró y desinfló toda posible acción posterior a la marcha, pactó los gastos de funcionamiento y la Ley de Bases y ahora busca encausar el tema salarial antes de que estalle. La burocracia sindical se suma a esta maniobra toda vez que no tiene en sus planes desarrollar la lucha en los términos de una rebelión educativa. Por eso la negativa de algunos sectores de la directiva de la federación a apoyar la toma del rectorado en San Luis o a promover la toma masiva de los rectorados en todas las Universidades.
Bien mirada, la pseudo Ley de recomposición salarial es un salvavidas para la burocracia, que, si no la consigue aprobar, tendría que ir a una lucha directa o pagar los costos de su postración. A ese bote se aferran también diversas conducciones sindicales de asociaciones de base que, sin formar parte de las maniobras de la directiva ni tener expectativas en la burocracia de la CGT, no pueden trazar una perspectiva superadora de ese impasse.
Es importante establecer una delimitación clara ya que este debate se va a volver a expresar, incluso con el anunciado veto a la Ley. En el plenario de la federación se debatió una propuesta de continuidad del plan de lucha para la semana próxima: 72 horas de huelga, pero condicionado a lo que resuelva el Frente Sindical, y una marcha para la tercera semana de septiembre, entrelazadas con las maniobras en torno a la ley y su veto. De nuevo, la perspectiva de la toma masiva de rectorados y la huelga general universitaria contra un atropello antidemocrático como puede ser el veto de Milei está fuera de su radar y perspectiva. Con esa política no se puede ganar.
Las maniobras que buscan frenar la lucha universitaria operan en un mar de contradicciones que pueden estallar por los aires. Desde nuestra corriente y desde la conducción de la ADIUNT, impulsamos el debate en torno a qué estrategia debe dotarse el movimiento universitario.
El abandono de la independencia política para subirse a las maniobras parlamentarias es un derrape hacia un camino que no lleva a ningún otro lado que la derrota. Más que nunca es necesario que convoquemos asambleas en todos los ámbitos universitarios, interclaustros donde se pueda y llamemos a un plenario general de delegados de base, docentes, estudiantil y nodocentes, de todos los sindicatos y de todas las facultades y escuelas preuniversitarias, para llevar adelante una acción histórica en defensa de las universidades públicas y los salarios.