Escribe Mariano Hermida
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Bajo la lluvia, el lunes 14 se desarrolló una asamblea estudiantil autoconvocada dentro de la UNLAM. La Facultad había cerrado sus puertas desde el jueves anterior por orden del Rectorado cuando cientos de estudiantes se concentraron en el hall y en los portones para repudiar la votación del Congreso que dejó en pie el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. El proceso es absolutamente novedoso para una gestión universitaria que se jactaba de que en la UNLAM “no entraba la política”.
El día previo a la asamblea, las autoridades publicaron en su sitio oficial de la Universidad un comunicado copiando el “modus operandi” de Patricia Bullrich: la gestión acusó a los estudiantes de ser “militantes con oscuros intereses partidarios”, para sembrar un clima de hostilidad hacia el alumnado. La asamblea se desarrolló bajo la “vigilancia” de patotas y hasta de un patrullero policial en la puerta de la Universidad. Todas estas intimidaciones, sin embargo, no lograron impedir la realización de la actividad, que fue un logro en sí mismo. En la reunión que se desarrolló bajo el techo del anfiteatro hubo muchísimas intervenciones de alumnos de diferentes carreras que, en muchos casos, por primera vez tomaban la palabra en una asamblea. Además del rechazo a la política del gobierno nacional, se denunció al rector Martínez por mandar una patota a golpear a los estudiantes para cerrar la Universidad. Algo que no pasó desapercibido en la asamblea fue la ausencia del Centro de Estudiantes, dirigido por La Liga Federal, resabio del punterismo peronista más rancio, que actúa permanentemente en complicidad con el Rectorado.
La reunión terminó resolviendo la realización de clases públicas, con acciones de visibilización abiertas a la comunidad, entre el martes 15 y el jueves 17. Se votó la realización de un corte de ruta en el marco del paro docente universitario convocado para ese día.
También se avanzó en la organización de un cuerpo de delegados por carreras y departamentos con mandato revocable. Se declaró al rector Martinez “persona no grata”, al igual que al diputado del Pro y docente de la universidad, Alejandro Finocchiaro.
El lunes 21 se realizará una nueva asamblea para definir como sigue esta lucha.