Carestía, suspensiones y despidos, la receta criminal de Milei
La dictadura del capital financiero. Nota de tapa de Política Obrera N°111 edición impresa.
Tiempo de lectura: 3 minutos
En diciembre pasado, según las estadísticas oficiales, una familia con dos hijos necesitó 1 millón de pesos para no ser pobre.
El salario inicial de un trabajador metalúrgico está en 730.000 pesos; en el caso de los siderúrgicos, en 840.000.
Pero la “línea de la pobreza” no contempla el gasto de la vivienda, que creció un 248,2 % en 2024.
Con alquileres, expensas y servicios, la canasta se va por arriba de los 2 millones de pesos.
La llamada “baja de la inflación” beneficia solamente a los capitalistas que cambiaron dólares por pesos o entraron en el blanqueo de dinero evadido, para obtener una renta mínima del 15 % (la tasa de interés) en la moneda norteamericana.
Por eso las acciones y bonos de deuda han subido más de un 120 % anual, mientras el poder adquisitivo del salario y del cuentapropismo ha caído un 25 por ciento.
La distinción entre el capital, de un lado, y la fuerza de trabajo, del otro, es fundamental para advertir el carácter social criminal de este gobierno que gobierna por decreto.
Pero si la inflación corriente parece bajar, la inflación potencial es explosiva. El Tesoro ha emitido deuda por el equivalente a 100.000 millones de dólares en 2024; en 2025, tiene vencimientos por capital e intereses de 80 billones de pesos. Eso no se puede pagar con el superávit fiscal ficticio equivalente a 6.000 millones de dólares al año, sino con más endeudamiento. Caputo y Milei caminan por la cornisa de la quiebra.
Esto se ve ya en la serie de defaults del agronegocio, que reclama una devaluación, o en el cierre de 14.000 empresas que no pueden enfrentar la ola importadora. De exportadora de limones, Argentina se convirtió en importadora, a un costo de seis mil a diez mil pesos el kilo. El citrus tucumano se ha convertido en un páramo.
En estas condiciones, el sátrapa oficial ha puesto un tope del uno por ciento mensual a la suba del salario. Es, dice, para reforzar la baja de la inflación. Esa baja se ha transformado de una salida en un tormento.
Las patronales han desatado una oleada de despidos de activistas y suspensiones en la gran industria. Es lo que ha ocurrido en Acindar, en el Neumático, en Dánica, en Praxair y en la ex Shell.
El Gobierno ha presentado una nueva reforma laboral, para terminar con la jornada legal de 8 horas y habilitar el contrato individual. Ha anunciado una reforma previsional para subir la edad jubilatoria y congelar las remuneraciones en el nivel actual.
La respuesta a estos atropellos y a los despidos la han dado los trabajadores de Acindar, que frenaron suspensiones con una huelga general, y los delegados y obreros de Oca y Praxair. No los Moyano y los Furlán, que han capitulado ante los topes del gobierno y los patronales.
La clase obrera está librando una lucha internacional. Es lo que ocurrió con la huelga general en Bélgica, ayer, y con las luchas repetidas de los obreros de Amazon y las automotrices en Estados Unidos y Europa.
