El conflicto del peaje, un adelanto de la reforma laboral

Escribe Mariano Hermida

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La empresa Autopistas de Buenos Aires (Aubasa), gestionada por el gobierno provincial, se encuentra en un enfrentamiento con el SUTPA, el sindicato de trabajadores de peajes que conduce Florencia Cañabate, afín a Facundo Moyano, quien maneja el sindicato como si fuera de su propiedad.

El aspecto central de la disputa está en el objetivo de avanzar en una reconversión tecnológica de los puestos manuales de las cabinas. “El plan [de la empresa] supone que de las 44 barreras operadas manualmente solo queden 26 y reconvertir 18 vías manuales a dedicadas. Estas son monitoreadas de manera remota en las tres estaciones de peaje más críticas del corredor: Samborombón, La Huella y Maipú” (La Nación, 11/1). Según el SUTPA, el cambio se está llevando delante de manera unilateral por parte de la empresa y no estaría garantizada la continuidad laboral de los trabajadores, ya que no hay “un plan de reconversión que contemple y contenga a los trabajadores”. Además, el sindicato viene reclamando hace tiempo la efectivización de unos 100 empleados y por el incumplimiento de medidas de seguridad e higiene. Al frente de la empresa provincial está Ricardo Lissalde, un antiguo aliado de Sergio Massa. Enfrentó 22 paros entre 2022 y lo que va de 2023. La empresa pasó de tener superávit en 2019, a necesitar unos 500 millones de pesos mensuales del gobierno provincial para funcionar. Moyano Jr. hizo su ´aporte´ con la firma a repetición de paritarias a la baja.

En rechazo al plan flexibilizador de Aubasa, el SUTPA sostuvo una huelga por tiempo indeterminado durante 6 días en las estaciones de peaje de la autopista Buenos Aires-La Plata y en las rutas hacia la Costa Atlántica (2, 11, 63, 56 y 74). Durante los primeros días de enero, los automovilistas que partían de vacaciones se encontraron con las barreras levantadas. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria pero el sindicato rechazó la medida. La respuesta del gobierno provincial fue pedirle al Ministerio de Trabajo la quita de la personería al sindicato. “Pedir la cancelación de la personería es pedir que desaparezca un sindicato. Ni (Mauricio) Macri se animó a tanto. Hay que remitirse a la dictadura militar para encontrar algo semejante” (Página/12, 7/1), le respondió Facundo Moyano a su “compañero” del Frente de TODOS, Axel Kicillof. La CGT también sacó un comunicado en repudio. AUBASA en esos días, envió cartas documento amenazando con descontar los días de huelga para amedrentar a los trabajadores. La burocracia se sirvió de este choque en su tenida con el ´kicillof-cristinismo´.

Finalmente, Kicillof tuvo que retirar el pedido de cancelación de la personería gremial y hasta las multas que pretendía colocarle al sindicato. Fue el principal punto del acta, que hizo que se establezca un primer acuerdo entre la empresa y el sindicato, luego de aceptar levantar las medidas de fuerza. El acuerdo firmado incluye avanzar en el traspaso de método de monitoreo y una reconversión de 158 trabajadores. Habrá una nueva audiencia el 20 de de enero. La incógnita acerca da la preservación de esos puestos de trabajo sigue abierta.

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