Sobre la “bomba” financiera y el “golpe de mercado”

La discusión desatada entre macristas y oficialistas acerca de la “bomba” que representaría la deuda pública en pesos, atrasa. Constituye también una clara distorsión política, porque pretende que la que se encuentra en dólares, incluida la contraída con el FMI, a tasas de interés ‘sobrecargadas’ –casi un 70 % del total– sería ‘sustentable’. uno y otro bando de la ‘grieta’ buscan hurtarle el cuerpo a la evidencia de que Argentina está forzada a proceder a una nueva reestructuración de la deuda pública, lo cual implica declarar el ‘default’ de la deuda vigente. De acuerdo a los números del tercer trimestre de 2023, la deuda pública del Tesoro nacional es de 382.000 millones de dólares, algo así como el 82 % del Producto Bruto Interno. Dentro de esta cifra, la deuda en pesos equivale a 130.000 millones de dólares. El número no contempla la deuda pública de provincias, ni la de organismos y fideicomisos públicos y empresas del Estado. También habría que sumar los 100.000 millones de dólares de empresas privadas, porque para pagarlas deben recurrir a las reservas públicas del Banco Central. Existe, además, como ocurre en todo el mundo, una deuda oculta, que obedece, en primer lugar, al standard de estafas internacional, así como al propósito de mostrar una posición financiera más robusta que la real. El agregado de estas cuentas da una deuda nacional de 500.000 millones de dólares, un 130 % del PBI. En la línea de pagos sería necesario proyectar la suma de intereses que entraña esta deuda. El 87 % de la deuda del Tesoro en pesos se ajusta por inflación o dólar alternativamente; crece sola, sin necesidad de ayuda, en pesos, la moneda que sirve a la circulación de mercaderías y servicios. De acuerdo a la insospechable publicación The Economist, el 53 % de los países emergentes se encuentran en una situación similar a Argentina, lo cual agrava claramente el escenario, dada la interconexión de los flujos financieros. Por otro lado, la situación del círculo de Estados imperialistas no es mejor –la deuda pública de Estados Unidos, por ejemplo, es del 130 % del PBI –24 billones de dólares– en la cual no se incluye el sistema de pensiones ni las obligaciones de los organismos de salud pública. La de Gran Bretaña es peor. Ambos países discuten acerca de sus respectivas ‘bombas’ y los británicos la probabilidad de un ‘default’.

La disputa en la ‘grieta’ atrasa. Ya en julio pasado hubo un estallido de la ‘bomba’. La venta de bonos en pesos y la compra subsiguiente de dólares, en la corrida que acompañó a la fuga del ex ministro Guzmán, produjo un salto en la desvalorización sistemática del peso y en la inflación. De una media de 3-4 % de suba mensual de precios se pasó a un porcentaje superior al 5%, y a una media inestable de alrededor del 6 %. El Banco Central detuvo en ese momento la hemorragia mediante la compra de esos bonos, una emisión considerable de pesos y una absorción de esa emisión por medio de un mayor endeudamiento con los bancos locales (Leliq y pases). La deuda del Banco trepó a 12 billones de pesos, por la paga de una tasa compuesta de interés anual, del 110 %. La situación de las finanzas públicas es ahora considerablemente peor que en julio, y aún más grave es, si cabe, la situación monetaria. El gobierno ‘nacional y popular’ se ufana de haber abatido el déficit fiscal en poco más del 1 %, mediante la poda de gastos sociales y salarios, equivalente a 5.000 millones de dólares, que empequeñece ante la suba sideral de los intereses y ajustes que debe pagar por la deuda pública, incluida aquella que fue reestructurada en 2021. A partir de abril próximo, el Tesoro enfrenta vencimientos de deuda del orden de los dos billones de pesos mensuales, hasta alcanzar los 12 billones hasta diciembre, cuando debería producirse el cambio de gobierno. Equivalen a 75/80.000 millones de dólares. Al elevado monto de la deuda pública, se añaden los plazos cortos de vencimientos. La pendencia entre macristas y oficialistas deja en un segundo plano -en especial el oficialismo- la enorme deuda del Banco Central con los bancos. Esta deuda cumple una función monetaria similar a la de la deuda en pesos comprados por bancos, fondos y aseguradoras –absorber dinero o, mejor, convertir el efectivo en títulos de deuda. Es correcto integrar (consolidar) la deuda del Banco Central con la del Tesoro. El programa firmado con el FMI contempla la recompra de la deuda del Central por parte del Tesoro, como parte de un plan de estabilización.

“El blindaje”

El gobierno se defiende de la inminencia de cualquier bomba, con el argumento de que tiene todo bastante bien blindado. No ve peligro de una devaluación mayúscula, porque tiene controlado el tipo de cambio oficial al cual se ajusta la deuda dolarizada. Tampoco habría la posibilidad de una corrida significativa en los mercados paralelos del dólar, porque la mitad de la deuda pública está en manos del sector público –Anses, bancos públicos y provincias. La inflación ha servido para desvalorizar el gasto social y reducir el déficit fiscal que debería ser financiado con un aumento de la deuda. Un retiro de fondos de los bancos, las aseguradoras o los fondos locales sería contrarrestado por medio del aumento de la tasa de interés para sus colocaciones financieras; la transferencia de títulos en pesos a títulos en dólares representaría sólo un cambio en la modalidad de la deuda pública, y hasta podría despertar el interés de inversores extranjeros en la deuda de Argentina. La tasa de interés de los bonos ‘duales’ se encuentra incorporada en el ajuste que tienen al dólar o la inflación, alternativamente, de modo que puede ser renovada en cada vencimiento, sin constituir una obligación de pago inmediato. Un factor decisivo del blindaje que reivindica el ‘populismo’ gobernante lo constituye la desvalorización de los salarios, sea por medio de la inflación o por el trabajo no registrado y el ‘facturerismo’, o sea por una reforma laboral que se impone de hecho. Este aumento enorme de la tasa de explotación de los trabajadores ha dado lugar a un crecimiento enorme de las ganancias patronales, que se potencian con los sobreprecios que permite manipular la inflación. El colectivo kirchnerista en pleno pretende convertir sus expectativas en Vaca Muerta, el gasoducto y el litio, en un seguro de cambio contra un default y en un seguro político para pelear las elecciones del año corriente.

Este mecanismo de relojería, para responder a un fenómeno centrífugo como una crisis financiera y una verdadera catástrofe social, tiene, obviamente, sus buracos. Los buracos ostensibles de este blindaje lo constituyen el drenaje gigantesco de reservas internacionales, luego de tres años de grandes superávits comerciales. Se han agotado las reservas para financiar las importaciones y el giro de ganancias y pagos de intereses al exterior, que ahora se hacen mediante un aumento de la deuda comercial y financiera; la utilización indefinida de la inflación para reducir el déficit fiscal mientras crece, en mucha mayor medida, el déficit financiero; la velocidad del crecimiento de la deuda en pesos –de 85 a 130.000 millones de dólares, entre 2019 y 2022; el comienzo de los vencimientos de capital e intereses de la deuda en dólares, con legislación extranjera; y, lo más importante, la lucha implacable de los trabajadores para mantener la paridad de los salarios con la inflación –o sea el temor del gobierno de provocar una rebelión popular y, con toda seguridad, la pérdida de autoridad política, como ocurre en forma manifiesta. El intento de Sergio Massa para que los convenios de trabajo no superen un aumento anual del 60 %, en momentos en que se acelera la inflación por tarifazos de todo tipo y orden, es una manifestación de desesperación política. Sube ostensiblemente la barrera de la dependencia del gobierno de la burocracia sindical, para evitar el estallido político de la famosa “bomba”. En cuanto a las expectativas internacionales, las contradicciones del blindaje son manifiestas. En primer lugar, porque las condiciones financieras, a nivel mundial, se han deteriorado ostensiblemente –como lo destacan las crisis de deudas públicas, los derrumbes de los esquemas de bitcoin, la crisis inmobiliaria en China y la reciente convocatoria de acreedores para Lojas Americanas, la mayor red de comercio minorista en Brasil –que pone en entredicho la mayor privatización realizada por Bolsonaro, la Electrobras. Hay asimismo un evidente repliegue al proteccionismo, en especial de parte de Estados Unidos. Una internacionalización de la economía argentina es incompatible con un mercado de cambios controlado, una moneda oficial sobrevalorado, y precios internacionales incompatibles con el poder adquisitivo de los trabajadores en Argentina. Massa y compañía no han contabilizado aun las consecuencias del envío de poderosos tanques al ejército ucraniano de la OTAN, y la inminencia de la provisión de aviones de combate, frente a la certeza, o como pretexto, de un inminente escalamiento de la guerra.

‘Arreglemos, como en 2019’

La novedad que introduce esta disputa sin salida, es que renueva la posibilidad de un estallido financiero, incluso antes del inicio de la campaña electoral, El oficialismo imputa al macrismo propiciar “un golpe de mercado”. Ambos bandos de la ‘grieta’ se reclaman, recíprocamente, el compromiso de que no van a declarar un default de hecho o formal. Álvarez Agis, el ex secretario de Economía de Kicillof y Cristina Kirchner, acaba de revelar que el default que estableció Macri, en 2019, con el llamado ‘reperfilamiento’, fue pactado con el binomio de los Fernández. Más que un ensayo de memorias, lo de Agis es un reclamo para que los macristas devuelvan los favores recibidos. Lo acompaña en el planteo el ex ejecutivo de Syngenta, que Alberto Fernández ha convertido en asesor ‘ad honorem’. La devaluación final del peso y el establecimiento de un mercado único de cambios es común a ambos sectores, como se encuentra escrito en los compromisos firmados con el FMI. Es lo que un ‘anarco-capitalista’ mediático califica como una liberación de fuerzas productivas. En condiciones de una deuda pública casi enteramente fijada en dólares o dolarizada, la devaluación al nivel de “equilibrio de mercado”, sería equivalente a una catástrofe.

El acuerdo político entre el oficialismo y la ‘oposición’ (se ningunea a las otras fuerzas opositoras) tenía el propósito de respaldar la megadevaluación por medio de un préstamo internacional extraordinario, sujeto a condiciones económicas y políticas extraordinarias. Patricia Bullrich, en una ocasión, incluyó, entre esas garantías, el renunciamiento a la soberanía de Malvinas. El emir de Qatar, un ostensible amigo de Macri, dueño de un poderoso fondo soberano que negocia alguna clase de préstamo a Argentina, busca quedarse con una naciente de río en Chubut, como Joe Lewis con el Lago Escondido. Todas estas ‘señales’, como dice la jerga política, son sin embargo insuficientes. Es necesario fundamentalmente el apoyo del Tesoro y de la Reserva Federal de Estados Unidos, o sea de Wall Street –y la aceptación de la Unión Europea y de China. Ambas están apresurando la firma de tratados de libre comercio y buscan ser parte de cualquier salida. Los intereses contradictorios que pugnan por intervenir en el “rescate” de Argentina, obstaculizan una salida de conjunto a la crisis financiera. Macri y 'Toto Caputo, por caso, que operan en la órbita de fondos como Templeton y Pimco, o incluso BlackRock, han manifestado su oposición a cualquier intento de desarmar la bomba y evitar el estallido, y más aún a escuchar los ‘cantos de sirena’ de Álvarez Agis o Aracre. La determinación de quién será el árbitro político de la salida devaluatoria y de la financiación de una reestructuración de la deuda, es un factor estratégico en la crisis política del FdT y también de JxC.

En cualquiera de las variantes, está en marcha un curso de colisión estratégica con la clase obrera.

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