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La huelga de los trabajadores de la planta ubicada en Moctezuma de Lácteos Vidal de agosto del año pasado, en la que 29 trabajadores terminaron despedidos por reclamar reacategorizaciones y 3 delegados apartados del trabajo, con inicio de juicio de desafuero, ha tomado centralidad política en tanto se concentran un conjunto de problemas de la agenda nacional. Basta observar la furiosa respuesta de Horacio Rodíguez Larreta, luego de que un tribunal ordenara reincorporar a trabajadores despedidos. Larreta prometió ´terminar´ con la ley de multas laborales en caso de ser electo presidente Esa ley establece sanciones económicas contra la evasión de aportes previsionales, el incumplimiento en el pago de indemnizaciones o las negativas a extender certificados de trabajo en regla.
La empresa Vidal, enrolada en un "movimiento empresarial anti-bloqueos", está decidida a incumplir un fallo cautelar de la justicia laboral que, desde el 19 de mayo pasado, la obliga a reincorporar a los trabajadores despedidos, a la espera de que se investigue la causa penal que impulsa contra los trabajadores despedidos por los supuestos piquetes llevados adelante durante la huelga. La posición de la empresa es que el fallo es una intromisión en la potestad patronal de organización de la empresa, y que si se trata de un despido discriminatorio, deberían reclamar un incremento de la indemnización, pero no la reincorporacion.
La empresa dice que, en tanto la tarea de los trabajadores es manipular alimentos, los trabajadores no pueden ser reincoporados porque "se ha roto la confianza con la empresa". Se trata de un ataque al derecho de huelga de la clase obrera: los choferes de camiones, lo enfermeros, los docentes, a cualquier trabajador que participe en huelgas le cabría la misma condena y no podrían volver a trabajar por la "ruptura de confianza".
La empresa dice además que los trabajadores no podrían ser reincorporados puesto que Lácteos Vidal ya contrató a otros trabajadores para que los reemplacen. Pero el fallo no obliga a la empresa a despedir a nadie, ni nadie se lo reclama. Los trabajadores pueden seguir trabajando y los despedidos, reincorporados sin mayor inconveniente y de paso la empresa se ahorraría de pagar los astreintes (las multas por incumplir el fallo) por las cuales la empresa dice sentirse acosada.
El caso de los despedidos de Vidal es explotado por el conjunto de los políticos patronales para agitar la contrarrevolución laboral que reclaman las fuerzas patronales para después de las elecciones: incumplir con los convenios colectivos de trabajo, despedir sin pagar indemnización y el cercenamiento del derecho de huelga.
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