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El Parlamento Europeo está compuesto por diputados elegidos directamente por los ciudadanos de los 27 Estados miembros. Son 720 eurodiputados para un mandato de cinco años y su funcionamiento no es testimonial, ya que las leyes que se votan ahí rigen para todos los países de la Unión Europea (UE) y constituyen hasta el 70 % de la legislación vigente en cada uno de ellos.
En el Europarlamento, los diputados se reúnen según su afiliación política. En la actualidad hay 7 grupos políticos.
En esta ocasión, las elecciones -previstas desde el 3 al 9 de junio próximo- estarán marcadas por la guerra en Ucrania, el genocidio palestino y el auge de la ultraderecha.
En el panorama político predomina el derrumbe de los partidos tradicionales (tanto de izquierda como de derecha), la necesidad de formar coaliciones entre varias fuerzas para formar gobierno y el abstencionismo electoral. En este cuadro es que crecen los partidos de derecha radical, muchos de los cuales proliferaron a través de campañas proantivacunas durante la pandemia de Covid-19.
En Francia, el partido de extrema derecha, Reunión Nacional (RN) de Marine Le Pen, sube en intención de voto. En Alemania, el partido xenófobo y neonazi Alternativa para Alemania (AfD) pelea el segundo lugar. En España, la ultraderecha de Vox llegó tercera en las elecciones parlamentarias en 2019. En Portugal, el populista y ultraliberal Chega, obtuvo el tercer puesto en las elecciones anticipadas de este año, con 18 % de los votos, duplicando sus resultados de 2022. (La Nación, 19/05)
La dispersión del voto también lleva a la obligación de formar coalición. El extremo es Bélgica, donde es necesario reunir 7 partidos para formar gobierno.
Según las encuestas, por primera vez, dos de los grupos más radicales dentro del Parlamento Europeo, ECR (Conservadores y Reformistas Europeos) e ID (Identidad y Democracia) podrían superar a la centroderecha (PPE) y convertirse en la segunda fuerza, alcanzando el 25 % de los 720 del hemiciclo y creando una situación incierta. (La Nación)
Los partidos populistas antieuropeos son los favoritos en las elecciones europeas en Austria, Bélgica, República Checa, Francia, Hungría, Italia, Holanda y Eslovaquia. Y estarían segundos o terceros en Bulgaria, Estonia, Finlandia, Alemania, Letonia, Portugal, Rumania, España y Suecia.
Es decir que, al menos la mitad del Parlamento no estará dominado por la coalición de partidos tradicionales que lo hegemonizaron hasta ahora.
Además, la derecha condiciona la agenda y mueve todo el arco. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por ejemplo, declaró no descartar pactar con la ultraderecha en caso de necesitarlo. La candidata de los populares (favorita en las encuestas) tendió la mano a la ultraderechista Giorgia Meloni -quien encabeza el ECR- para “trabajar juntas”, al tiempo que señaló que su límite eran “los amigos de Putin”. Se refería así a los miembros de ID -también de ultraderecha, pero sin cargos ejecutivos en sus respectivos Estados- que tienen una orientación pro Rusa, y otros diputados de la propia ECR que también se negaron a votar las sanciones al país de Putin.
Es que las variantes que se barajan son que el ECR de Meloni se una a la ID de Marine Le pen, o a los populistas, un poco más moderados y que hoy gobiernan la UE. De llegar a un acuerdo con el ECR, Ursula von der Leyen perdería el apoyo de los socialistas. El húngaro Orban sigue sin estar adscrito a ningún partido europeo, desde que lo echaron del PPE por ser prorruso, pero oscila entre los dos ultraderechistas.
En una nota común, desde los liberales hasta La Izquierda, pasando por los socialdemócratas, pidieron el 8 de mayo mantener el cordón sanitario a la ultraderecha, en aras de defender valores como "el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre hombres y mujeres". (Infobae 25/05) Muchos de estos partidos, sin embargo, no enarbolaron estos valores cuando postergaron hasta lo imposible la condena -tan siquiera verbal- al Estado genocida de Israel y frenaron la ayuda humanitaria a Gaza, frente a las denuncias absurdas de que el personal de las Naciones Unidas era militante de Hamás.
Consecuencias
Ese giro hacia la extrema derecha podría frenar o condicionar las leyes ambientales, de protección social, endurecer la política antinmigratoria y, sobre todo, pondría en peligro la ayuda financiera y militar que la UE aporta a Ucrania desde el comienzo de la guerra y, por lo tanto, el alineamiento sin límites con la OTAN.
La guerra en Ucrania genera una fractura en los partidos de extrema derecha que tiene bases sociales y económicas materiales. Más allá de la afinidad pro Rusia que puedan tener Le Pen, Orbán o hasta los nazis de la AfD, en lo concreto la guerra de Ucrania representa un gasto militar, la privó a Europa del gas ruso y perjudicó economías primarias nacionales, como la producción cerealera de Polonia, obligada por los acuerdos de ayuda a comprar cereales ucranianos. Y todo al servicio de la OTAN, para cercar a Rusia en medio de su “guerra fría” con China.
El gran beneficiario fue Estados Unidos, que aumentó su exportación de gas -luego de destruir el gasoducto ruso- que, paradójicamente, proviene mayoritariamente del fracking que en Europa está prohibido. Sin embargo, por los puertos de España sigue entrando una pequeña parte del gas licuado ruso que, con guerra de por medio y todo, es más barato. Rusia, además, logró sortear el bloqueo comercial a través de Asia y Latinoamérica y se quedó con la infraestructura de todas las empresas que abandonaron el país por las restricciones impuestas por la OTAN y la UE.
Estas son cuestiones que abren aguas no solo en la ultraderecha, sino en lo alto de la UE. Por eso Macron intenta una unión más sólida con Alemania y Polonia, en pos de mantener cierta independencia de Estados Unidos.
La posición frente al genocidio palestino también abre aguas. Santiago Abascal, del ultraderechista Vox, tiene la misma posición de desconocimiento del Estado Palestino y de defensa sin límites del asesino Netanyahu -recientemente acusado por el Fiscal de la Corte Penal Internacional de la Haya- que los gobiernos de Estados Unidos y Alemania, quienes además son los principales proveedores de armas a Israel. Meloni, por el contrario, se reunió con Mohamed Mustafá, primer ministro de la Autoridad Palestina, y se pronunció a favor de una tregua y de la reanudación de la ayuda humanitaria, más a tono con las proclamas de muchos otros países que no pasan, de todos modos, de ser una declaración de intenciones completamente inocua, frente a crímenes de guerra que se cometen día a día. Un salto en este parteaguas, en lo alto de la UE, lo protagonizó el ministro de Relaciones Exteriores, Josep Borrel, quien denunció la operación internacional que consiste en emparentar cualquier defensa del Estado Palestino o crítica al gobierno de Netanyahu con antisemitismo. Borrel se desmarcó así del resto del gobierno de la UE y puso en evidencia una operación que ya logró leyes en varios países, incluidos distritos de Argentina, que prohíben cualquier manifestación, hasta la sola portación de la bandera palestina, y que es impulsada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), con el objetivo de lograr un velo de impunidad sobre las violaciones sistemáticas realizadas por Israel al derecho internacional. Sin embargo, con respecto a Ucrania, Borrel es más beligerante que los propios Estados Unidos, quien está vetando el bombardeo ucraniano al territorio ruso. En enero el gobierno de Biden ya se había opuesto a la destrucción de las refinerías rusas por su impacto en el precio del petróleo. El ministro europeo, en cambio, aboga por el derecho de cada país donante de armas a autorizar el bombardeo sobre el territorio de Putin. Y es que lo que para Estados Unidos es una pieza más en su juego de ajedrez contra el gigante asiático, para cualquier país europeo, por la proximidad, tiene implicancias en la integralidad de su propio territorio.
Otro quiebre que antes del Brexit no existía es acerca de las atribuciones de la UE sobre cada uno de los Estados miembros. Debido al fracaso de la experiencia británica, nadie proclama una salida de la UE, pero sí reclaman menos regulaciones y mayor independencia. La voz más disonante es Meloni, quien después de asumir el gobierno en 2022, reconoce los beneficios que la UE le ha significado a Italia en forma de 190 millones de euros para planes de reactivación. Por supuesto, la contrapartida es la obligación de cumplir a rajatabla el plan de ajuste. Y es que a medida que avanzan los partidos de extrema derecha europeos moderan su discurso.
La excepción a esto es el AfD alemán que, al estilo Milei en campaña, mientras más escandaliza más sube en las encuestas. Su hasta ahora principal candidato, Maximilian Krah, afirmó estos días que “un hombre de las SS (la organización paramilitar de la Alemania nazi) no es automáticamente un criminal”. Sin embargo, el AfD le prohibió volver a hacer declaraciones públicas, ya que entre otras consecuencias sus diputados fueron expulsados del ID en el Parlamento Europeo a causa de estas declaraciones. Miembros del AfD ya fueron multados en el pasado por portar esvásticas y están implicados en otros escándalos, paradójicos tratándose de nazis, como ser acusados de espiar para China y aceptar sobornos de Rusia (que está en guerra con Ucrania, país dirigido por neonazis). Se puede dibujar un bucle con las contradicciones de la ultraderecha europea. Lo de los espías chinos toma relevancia esta semana, cuando se descubrieron infiltraciones hasta en asesores de legisladores, mientras Xi Jinping estaba de visita diplomática en el continente.
Es evidente que la ultraderecha no solo está plagada de contradicciones y dista de ser un bloque homogéneo, sino que está imposibilitada para presentar un programa de conjunto. Al único acuerdo al que podrían llegar sería sobre medidas contra la inmigración, pero de dudosa viabilidad. Su antiguo punto en común, la reivindicación nacional de cada uno de sus respectivos países, es una posición disolvente de la UE, es decir, tienen razón de ser solo por oposición a otros. Por eso, las alianzas no pueden pasar de acuerdos oportunistas. Para dar un ejemplo, sería un absurdo posible -si a la ultraderechista y separatista Alianza Catalana le dieran los votos para poner eurodiputados- que llegara a un acuerdo con los diputados de Vox. De hecho, en el parlamento español van camino a eso. Son acuerdos sin perspectivas.
La política antiinmigración, que no es patrimonio exclusivo de la ultraderecha, es doblemente pérfida: primero porque desconoce la responsabilidad de la UE en cada uno de los conflictos armados y en las crisis humanitarias que obligan a millones de personas a dejar sus hogares en Medio Oriente y en África, y, segundo, porque desconoce la necesidad que tiene de inmigrantes para paliar la crisis demográfica que es pandemia en Europa. La tasa de natalidad es de 1,52 nacimientos por cada mujer, lo que no solo genera un envejecimiento de la población, sino que representa una disminución sostenida, con todos los problemas económicos y sociales que esto conllevaría, si no fuera por la entrada de población extranjera.
El voto a la ultraderecha se da en un cuadro de abstencionismo y por el rechazo a los partidos tradicionales que en los últimos años degradaron las condiciones de vida de la población, aplicando reformas laborales y atacando los derechos previsionales. Los gobiernos europeos tuvieron un manejo desastroso de la pandemia, con índices de mortalidad mucho mayores que países de África y América Latina, abismalmente lejos de los índices chinos, mientras destinaron el erario público a salvar a las empresas de la misma manera que lo habían hecho durante la crisis económica de 2008. Al mismo tiempo, fueron cómplices de todos los crímenes de la OTAN. Pero no representa el voto a la ultra derecha una tendencia reaccionaria general.
Cuando el AfD logró la sanción de leyes antiinmigrantes en el congreso alemán durante el último enero, más de un millón de personas se movilizó en todo el país en repudio, de la misma manera que las masas francesas rechazaron una y mil veces la suba en la edad jubilatoria violentamente en las calles. Desde octubre de 2023 millones se movilizan en toda Europa y ahora también acampan en universidades contra del genocidio palestino perpetrado por el Estado de Israel, incluso en países en donde es ilegal hacerlo.
El otro factor que abona al crecimiento de la ultraderecha es la falta de alternativas, con una izquierda que se divide entre su apoyo a la OTAN o a Putin, y que no vacila en ir tras su burguesía nativa ante el primer conflicto internacional.
