Elecciones en Venezuela: las alternativas políticas a la derrota de PSUV y de Nicolás Maduro

La campaña para las elecciones presidenciales de Venezuela del próximo 28 de julio ocupa la atención mundial. No es para menos: las encuestas dan ganadoras a la oposición neoliberal por 73 % a 25 %. Quien enfrenta a Nicolás Maduro, Edmundo González, es un comodín de María Corina Machado, una dirigente de masas de la derecha, cuya candidatura fue invalidada por la corte judicial del oficialismo. Maduro ha incrementado el arresto de opositores y recurrido a toda clase de medidas para obstaculizar la campaña de un frente opositor que aglutina a todos los matices de la política, incluídos militantes que han abandonado al oficialismo a través del tiempo. La duda es si el gobierno está dispuesto a reconocer su derrota electoral o a prevenirla mediante un autogolpe. Se ha formado un entorno internacional para impedir esta salida, como lo prueba la decisión del Tribunal Superior de Brasil de enviar supervisores electorales. Un gobierno de la oposición se inscribiría en la línea de Trump y Milei, y sería un golpe para el gobierno de Cuba. Lo que Maduro tenga en carpeta frente a esta situación ha sido decidido en conjunto con las autoridades militares de Cuba.

La campaña electoral del frente opositor ha dado muestras de un fuerte apoyo popular a la candidatura de González. Un reciente ‘blooper' de Maduro, en un acto en Táchira, un estado en la frontera con Colombia, evidenció, del otro lado, el vacío popular del gobierno. “Esto se ve feo… poca gente”, se le oyó decir a Maduro con micrófono abierto, quien enseguida se convirtió en un ‘trending topic’.

La Nación se ha hecho eco de las denuncias de la oposición en cuanto a que el gobierno “bloquea carreteras, destruye tramos de caminos, cierra puentes, decomisa motocicletas, sustrae los camiones para ganado que llevan al pueblo a los mítines opositores, impide viajar en avión a Machado, cierra los restaurantes y hoteles que le dan comida y albergue, decomisa los equipos de sonido y encarcela a dirigentes y activistas”. La ONG “Laboratorio de Paz” publicó un informe donde asegura que en 10 días de campaña hubo 71 detenciones arbitrarias de activistas opositores, 26 casos de hostigamiento por parte de policías y militares, 13 casos de incautación de bienes como camiones de sonido o cierres de comercios por brindar servicios a la campaña opositora, entre otras denuncias. El oficialismo, por su parte, denuncia que la oposición está tratando de crear una atmósfera de “guerra civil”. El 8 de julio, el fiscal general, Tarek William Saab, afirmó que un grupo paramilitar colombiano había sido contactado por representantes de la oposición para matar a Maduro. No se ve qué interés puede tener en el magnicidio quien está ganando 73 a 25.

El gobierno de Maduro, por su lado, ha logrado sobrevivir a una prolongada crisis económica con una contracción del 75 % en ocho años hasta 2021 y una inflación de hasta el 65.000 % anual; a una serie de intentos de golpe de Estado y asesinato; a un intento de instalar un gobierno paralelo encabezado por el legislador Juan Guaidó en 2019, con el respaldo de la Casa Blanca; el éxodo de más de una cuarta parte de la población (7,7 millones de personas); y una serie de sanciones comerciales contra la industria petrolera y otras impuestas por el gobierno de Donald Trump en 2018.

Actualmente, la inflación se desaceleró al 1 % en el mes de junio, la más baja en 12 años. Algunos analistas creen que estos datos podrían favorecer la *performance *electoral del oficialismo. Otro dato favorable fue que Joe Biden abrió un nuevo canal de conversaciones con su par venezolano. La fuerza unificada de oposición, la Plataforma Unitaria Democrática, que cuenta con el apoyo de la Casa Blanca, incluso se encontró sorprendida por el anuncio. La Nación, sin embargo, explica que en todo este tiempo “Washington y Caracas no han dejado de hablar de forma secreta. Incluso estos diálogos son parte fundamental, junto a la presión de los presidentes de Brasil y Colombia, del ‘blindaje’ que hasta hoy mantiene en la carrera electoral al candidato opositor, Edmundo González Urrutia”. Un consultor político sostiene que “a Estados Unidos le preocupa las (pocas) garantías para el 28 de julio, pero ambas administraciones tienen intereses directos en la reanudación de los contactos directos”.

El Financial Times ha informado (26/06) que un cónclave de capitales internacionales se definió hace más de un mes por un reconocimiento del triunfo de Maduro, con o sin fraude, como medio para realizar lucrativos negocios con el país que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo y una deuda por 160.000 millones de dólares. “Los oradores de una reciente conferencia sobre Venezuela, a la que solo se podía asistir por invitación y que se celebró en Londres, expusieron sus argumentos alcistas. Estados Unidos quiere más petróleo y menos inmigrantes. Los tenedores de bonos quieren su dinero. El gobierno venezolano quiere que se levanten las sanciones. El pueblo venezolano quiere medios de vida dignos. Las empresas petroleras quieren más petróleo. Como dijo un orador: ‘Esto es eminentemente factible’”. La administración Biden tiene en agenda recuperar el establecimiento de vuelos directos para deportación de venezolanos que han migrado a Estados Unidos: durante los primeros meses del año, más de 185.000 migrantes han cruzado la selva del Darién en busca de pisar suelo norteamericano, la gran mayoría son venezolanos (122.616). Una consideración que no se ha hecho explícita es que una victoria de la Plataforma Democrática mostraría enseguida las divergencias internas de la oposición actual, lo cual, sumado al brutal ajuste que impondría la nueva administración, convertiría a Venezuela en ingobernable.

El FT asegura que “las agencias de inteligencia estadounidenses creen que el presidente socialista revolucionario de Venezuela, Nicolás Maduro, probablemente gane la reelección el mes próximo por las buenas o por las malas. Esto puede alarmar a los opositores del gobernante autoritario de larga data, pero algunos inversores perciben una oportunidad”. El diario describe las posibilidades de negocios que ofrece Venezuela para el capital internacional: “Caracas tiene alrededor de 160.000 millones de dólares de deuda soberana y de compañías petroleras estatales, incluidos los intereses que se han acumulado desde el default de 2017. Los bonos soberanos de referencia 2027 se negocian con un fuerte descuento, alrededor de 18 centavos por dólar, por lo que una reestructuración exitosa podría generarles a los tenedores de bonos una ganancia considerable. La producción de petróleo se ha ido recuperando gradualmente desde su punto más bajo en 2020, después de que Estados Unidos relajara las sanciones el año pasado para convencer a Caracas de que celebrara elecciones democráticas. El mes pasado, Venezuela bombeó 910.000 bpd, la mayor cantidad en cinco años, a medida que actores extranjeros encabezados por Chevron ampliaron sus empresas conjuntas con la petrolera estatal PDVSA”. El Washington Post (15/07), por su parte, sostiene que “las negociaciones nunca han sido más urgentes. Si Donald Trump es elegido presidente, esta rara oportunidad de acercamiento probablemente terminará”. Una parte fundamental de cualquier acuerdo Venezuela-Estados Unidos es el respeto a la soberanía de Guyana, que se ha convertido en la principal plataforma para numerosas petroleras, pero por sobre todo para Exxon.

Las sanciones impuestas por el expresidente Trump a la petrolera estatal PDVSA se levantaron temporalmente tras un acuerdo firmado en Barbados en octubre de 2023, en el que la oposición se comprometió a tomar medidas para unas elecciones “libres y justas”. En abril, luego de la proscripción de Machado, Washington volvió a imponer las medidas. Sin embargo, “en una medida menos publicitada, [el gobierno de Biden] ha otorgado exenciones a compañías extranjeras de petróleo y gas individuales para acuerdos específicos, lo que ha permitido que la producción aumente. Chevron ha sido la principal beneficiaria, pero Repsol, BP, Shell y la francesa independiente Maurel & Prom también han recibido licencias” (FT, 26/6).

“Ya verán, todo saldrá bien”, sostuvo un inversor en la mencionada conferencia de Londres, confiado en que Maduro conseguirá el reconocimiento internacional para su tercer mandato y desbloqueará una reestructuración de la deuda. Diversos analistas, sin embargo, la ven de otro modo. “Una victoria descaradamente fraudulenta de Maduro podría hacer que multitudes salieran a las calles a protestar. El ejército, que suele ser fiable, podría abandonar al presidente. Un fraude evidente o la prohibición total de la oposición harían muy difícil que Estados Unidos o la UE reconocieran el resultado”, asegura el FT. Lo mismo sostiene The Economist (16/7): “un fraude flagrante también podría crear fricciones con las Fuerzas Armadas, el árbitro supremo del poder en Venezuela. El alto mando se ha mantenido fiel a la memoria de Chávez, un oficial del ejército. Muchos generales se han beneficiado del capitalismo clientelista que ha florecido bajo Maduro. ¿Podría haber límites a esa lealtad? ‘Si se roban las elecciones, estoy seguro de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se sumará a la desobediencia civil’, dijo un general en servicio anónimo en una historia reportada en mayo por Sebastiana Barráez, una corresponsal de defensa venezolana ahora en el exilio”.

“¿Qué ocurrirá si Maduro pierde las elecciones?”, se pregunta el Washington Post (15/7). El periódico responde que “los líderes de todo el hemisferio, incluidos algunos que tienen relaciones amistosas con Maduro, están instando a las partes a prepararse para una transferencia pacífica del poder. Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista de Colombia, se ha puesto en contacto con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, otro izquierdista, para que dirija las negociaciones”. Pero una salida negociada del gobierno de Maduro sería más que compleja e implicaría numerosos actores y diversas cláusulas. En caso de abandonar el poder, a una gran cantidad de funcionarios oficiales les esperan diversos procesos judiciales, además de cargos penales en Estados Unidos e investigaciones de la Corte Penal Internacional. “González dice que está dispuesto a negociar un traspaso de poder con Maduro. Si gana las elecciones, dice, no perseguirá a los adversarios y le daría un lugar en la Asamblea Nacional al partido de Maduro” (The Washington Post, 15/7).

Por lo pronto, el gobierno venezolano retiró la invitación a la Unión Europea para supervisar los comicios debido a su “parcialidad”. Sí asistirán, en cambio, el Centro Carter, con sede en Atlanta, junto a un panel de expertos de la ONU, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Unión Africana y la Corte brasileña. Según el FT, algunos ejecutivos “consideran que una victoria electoral medianamente creíble de Maduro podría ser la solución, siempre que no implique violencia grave, la prohibición total de la oposición o un fraude flagrante. Después de todo, sostienen, Estados Unidos y la UE reconocen regímenes peores”. En 1984, el reemplazo del gobierno sandinista por la oposición fue apoyado por el compromiso del nuevo gobierno de no interferir en las Fuerzas Armadas Sandinistas de Liberación Nacional. ¿Las FFAA de Venezuela descuentan que lo mismo ocurrirá bajo un gobierno de la Plataforma Democrática? Este es el punto.