San Martín: un “Congreso de Educación” que no pone en debate el ataque a la docencia y la escuela pública

Del 22 al 24 de agosto se llevará a cabo el primer Congreso de Educación de San Martín en el Complejo Cultural Plaza y en otras 11 sedes del centro de la ciudad. Esta iniciativa, impulsada y organizada por el Gobierno de la Provincia, la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y el Municipio, tiene como objetivo que “estudiantes, docentes y directivos de la educación formal, no formal y comunitaria compartan experiencias innovadoras y fortalezcan sus prácticas”. Contará con la presencia de más de 80 expositores.

Bajo el lema “Identidad, desafíos y futuro”, se propone abordar la educación como un tejido comunitario, las estrategias para la inclusión y el aprendizaje efectivo, así como los tan mencionados diálogos entre educación y trabajo. Para su tratamiento, se hace referencia a los 140 años de la sanción de la Ley 1.420 de Educación Común, Gratuita y Obligatoria, sin señalar que los aspectos progresivos de esta ley han sido sistemáticamente atacados desde el “Congreso pedagógico” de Raúl Alfonsín, la “Ley Federal” de Carlos Menem y la “Ley Nacional” de Néstor Kirchner, en los que siempre hubo intentos por eliminar el laicismo y en cada uno de ellos garantizaron los subsidios a la educación privada en detrimento de la escuela pública.

La intención es que en este nuevo intento el Congreso se desarrolle centrado exclusivamente en el problema pedagógico, como si el fracaso de las políticas educativas implementadas en los últimos años fuera responsabilidad del desempeño áulico del educador. De este modo, se lo desvincula del contexto político y social, desconociendo la sobrecarga laboral a la que están sometidos la mayoría de los docentes como resultado del sistemático deterioro salarial, las condiciones edilicias agravadas por el recorte presupuestario a lo que se le agrega la modificación del régimen académico en las escuelas secundarias, de la que es responsable el gobernador Kicillof. Esta situación se verá aún más perjudicada con la reciente sanción de la ley que declara a la educación como “servicio esencial”, impulsada por Milei, que limita el derecho a protestar, en un contexto de ataque a las condiciones de vida que afecta a las familias de nuestros alumnos. Un ataque histórico que también está dirigido a la educación pública.

El “espacio de intercambio” que necesita la docencia debe vincular las “prácticas educativas” con las condiciones materiales que las limitan y que no están puestas a consideración. Para ello, será necesario impulsar un movimiento autoconvocado que defienda sus reivindicaciones e incluya como actores imprescindibles al conjunto de la comunidad educativa.