La pobreza, una cuestión política y revolucionaria

Luego de la megadevaluación del peso de diciembre pasado (62 %), acompañada del congelamiento de jubilaciones y salarios, sólo la hipocresía puede justificar la sorpresa por el crecimiento de la pobreza y la indigencia, que alcanzaron al cabo del primer semestre de este año al 52,9 % y el 18,1 % de la población, respectivamente. Por los mismos motivos, no ocurrió lo mismo con el valor de las acciones que cotizan en las Bolsas, que aumentaron más del ciento por ciento y con los bonos de la deuda pública en dólares. El empobrecimiento de las masas constituye una confiscación económica de los trabajadores por parte del capital. A la megadevaluación, que provocó un aumento de precios del 67 %, desde el inicio del nuevo gobierno, con un arranque del 25,5 % mensual en diciembre pasado y del 20,6 % en enero, hay que añadir los aumentos de tarifas en servicios y transportes, la liberación de alquileres, la quita de subsidios en los medicamentos del PAMI y la derogación de la asistencia social. Otro factor decisivo ha sido el derrumbe del producto bruto industrial del orden del 30 %. Desde el punto de vista capitalista, la desvalorización de la fuerza de trabajo es un punto de partida para reanudar el proceso de acumulación capitalista, en tanto que el ajuste fiscal tiene el mismo propósito para el financiamiento de los negocios empresariales. Cuando se ignora la función que cumple la pobreza para multiplicar los negocios del capital, los lamentos por el empobrecimiento no pasan de lágrimas de cocodrilo.

Un informe sobre el crecimiento de la pobreza en el ámbito de CABA, que se conoció al día siguiente del informe del INDEC, es muy revelador. Frente a “un aumento interanual promedio de precios del 281.6 % (…), los ingresos jubilatorios crecieron 166.7 %” - 115 puntos menos (Clarín, 27,9)-; los ingresos laborales, un 254,7 % – 27 puntos abajo-. “Hubo un deterioro en la distribución de los ingresos”: los ingresos de los más ricos crecieron a expensas de los más pobres.

A la hora de la disputa por la responsabilidad política por el aumento de la pobreza al cabo de 40 años de democracia, cada gobierno la atribuye al precedente. Cuando se observa la curva correspondiente queda claro que la clase obrera ha pagado duramente cada una de las crisis capitalistas, que al principio ocurrían cada diez años, para achicarse a cinco o a tres. En relación a esta secuencia hay un gran ausente en todos los relatos: la mega emisión monetaria que financió los mega subsidios a las grandes empresas durante la pandemia, incluido el fraude en el uso del dinero. El monto de este desfalco patronal se puede establecer de un modo indirecto por el monto del pasivo en que incurrió el Banco Central con los bancos (los llamados pasivos remunerados), que llegó a superar el equivalente a más de 40 mil millones de dólares. La tasa de retorno obtenida por el capital bancario fue monumental, gracias a una tasa de interés positiva y a la capitalización diaria o semanal de la deuda. El potencial inflacionario de la emisión de moneda por esa deuda fue sencillamente brutal. Milei mantuvo ese mecanismo durante más de la mitad del tiempo de su mandato actual, para transferirla luego al Tesoro. Por medio de este cambio, el Tesoro reemplazó al Banco Central en la remuneración de esta deuda, forzando a un ajuste brutal del gasto fiscal. Esta confiscación económica, en beneficio de las empresas y bancos, fue la regla aplicada en todos los países capitalistas ante la crisis de la pandemia (y ante todas las crisis financieras). La Reserva Federal, por ejemplo, pasó de un pasivo de 400 mil millones de dólares, antes de la crisis de 2007/8, a 13 billones de dólares, un aumento de casi treinta veces, para instalarse ahora en 8 billones. Semejante estafa desató, naturalmente, un proceso inflacionario en los países centrales, que aún no está debidamente controlado. El rescate del capital por parte del Estado, con las consiguientes crisis fiscales y monetarias, es una maquinaria trituradora contra los ingresos de los trabajadores.

Este relato de terror no ha finalizado. La política de bajar la cotización de los dólares paralelos mediante la venta de las reservas del Banco Central, justificada por el gobierno para bajar la tasa de inflación, viene acompañada con la presión simultánea para llevar a un aumento cero los salarios y jubilaciones, y lo que queda del gasto social. La miseria que provoca la inflación sería sustituida por la deflación. Pero como la deflación pone un freno al aumento de la demanda personal y priva a los exportadores de la ventaja de un tipo de cambio subvaluado, crece la presión por una nueva devaluación del peso, que no sería menor al 30 %: la expectativa de una hiper sigue instalada. De otro lado, Caputo está empeñado en obtener una financiación para pagar los vencimientos de la deuda en dólares a tasas elevadas o usurarias, diez puntos por encima de la tasa norteamericana, o sea entre tres y cuatro veces más cara. Este costo adicional extraordinario de la deuda pública acabará quebrando al Tesoro nacional y forzará nuevas rondas de emisión monetaria. Todo sumado, la confiscación excepcional que ha sufrido la fuerza de trabajo seguirá creciendo.

Para poner fin al flagelo de la pobreza hay que acabar con el capitalismo empobrecedor y con el gobierno empobrecedor. De otro lado, la noticia del aumento de la pobreza y de la indigencia a tasas descomunales ha dejado en claro que la oposición patronal y por sobre todo el kirchnerismo no han ofrecido ninguna alternativa. Lo prueban las leyes de jubilación y financiamiento universitario, vetadas por Milei, que son dos gotas de agua para la sequía social que se ha abatido sobre el pueblo. La necesidad de una salida a esta verdadera crisis humanitaria plantea que desatará, a través de luchas parciales crecientes y de crisis políticas sucesivas, una acción histórica independiente de las masas explotadas.