Universidad: las alternativas frente a la monumental movilización del 2 de octubre

A raíz de la masiva movilización del miércoles 2, el conflicto universitario volvió a ocupar el centro de la escena política. Como ocurrió el 23 de abril pasado, centenares de miles de estudiantes, docentes y trabajadores no docentes universitarios y docentes provinciales, trabajadores de la salud, estatales y diversos sectores obreros volvieron a llenar las calles, avenidas y plazas de todo el país. En Córdoba, Rosario, Mendoza, las movilizaciones superaron en caudal a la ocurrida el 23 de abril.

El protocolo represivo de Bullrich, como ocurrió el 23 de abril, volvió a palidecer frente a la masividad, demostrando cual es el terreno para defender el derecho a manifestar y protestar. Que se hayan reunido alrededor de un millón de manifestantes en todo el país es un golpe político tremendo a un gobierno envuelto en enormes contradicciones y en declive en la consideración popular, como se expresó antes de esta marcha con el apagón televisivo frente a la cadena nacional en el Congreso y el fracaso rotundo del acto oficialista en Parque Lezama.

El gobierno había apelado a diversos esfuerzos -en realidad, manotazos de ahogado- para intentar contrarrestar la convocatoria. Ofreció un 6,8% de aumento salarial a los docentes, que fue rechazado por los sindicatos universitarios, que denuncian una pérdida del 50% del poder de compra. Luego, funcionarios y el propio Milei lanzaron todo tipo de descalificaciones y mentiras.

La Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) revela que durante este año las 61 universidades nacionales que reciben fondos públicos cobraron, en 2024, un 30,2% menos de recursos respecto del mismo periodo del año pasado. Por otro lado, los incrementos que plantea la llamada “ley de financiamiento universitario” que Milei acaba de vetar significa, en términos de porcentaje del PBI, apenas el 0,14% del PBI, de acuerdo a cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Estos porcentajes son muy inferiores a los denominados “gastos tributarios”, es decir los ingresos que, por excepciones o rebajas tributarias a la burguesía, el Estado deja de percibir. Según Clarín (3/10), en 2025, “el Estado dejará de percibir según el propio proyecto de Presupuesto, $27,02 billones, lo que equivale a 3,54% del PBI, 25 veces lo que costaría mantener vigente la Ley de fondos a las universidades”.

En abril, el gobierno y los rectores acordaron el incremento del presupuesto destinado a gastos de funcionamiento, pero que representan solamente el 10% de las partidas que consumen las universidades -el 90% va destinado a los salarios. Los salarios quedaron al margen, para que se resolvieran en paritarias que nunca funcionaron. El gobierno, por decreto, fue otorgando aumentos irrisorios por debajo de la inflación. La caída del salario de los profesores y no docentes es la mayor en más de 20 años.

Milei acusó que la movilización fue promovida por un supuesto “frente de izquierda populista”, donde incluyó a dirigentes de todos los sectores del arco opositor y a la burocracia sindical. Milei oculta, sin embargo, que todas esas fuerzas, con sus representantes parlamentarios y sus gobernadores y la CGT, han colaborado en la sanción de la Ley Bases, en permitir la continuidad del DNU 70 y en aplicar su política en todas las jurisdicciones sin excepción.

El veto y sus alternativas

A horas de culminada la marcha, Milei dio a conocer el veto la Ley de Financiamiento Universitario, a pesar de su carácter declamativo, como antes vetó una ley jubilatoria que sumaba migajas a los jubilados.

Desde el gobierno destacaron que “No estamos en contra de la financiación de la universidad pública, estamos en contra de que el Congreso sancione una ley sin partida asignada”. Desde el Gobierno expusieron la necesidad de acordar una negociación “sensata”. “Si los dirigentes políticos convocantes quieren mejorar el financiamiento de las universidades, el lugar para discutirlo es el Congreso, durante el debate del presupuesto 2025”, remarcaron.

Los “opositores” destacan que pueden alcanzar los votos para rechazar el veto, en cuyo caso la ley automáticamente quedaría promulgada. En ese escenario, se agravaría la crisis política del gobierno, pero los reclamos universitarios, en especial los salariales, no tendrían solución, pues el proyecto no “dispone”, sino que encomienda al Poder Ejecutivo a tomar determinadas medidas presupuestarias y salariales. El gobierno ya adelantó que “no hay plata” –mejor dicho, la que hay se reserva para pagar la deuda externa impagable.

El gobierno pretende llevar las discusiones al terreno del debate del presupuesto del 2025. Allí, el gobierno ya dio las pautas, al fijar en poco más de la mitad el presupuesto que había solicitado el Consejo de Rectores (CIN) para que las universidades puedan funcionar el año que viene.

Frente a estas alternativas que tienen, como propósito fundamental, sacar a la gente de las calles y disipar los procesos huelguísticos, la cuestión clave es precisamente más asambleas, más autoconvocatorias, más coordinaciones, todas apuntando a seguir ocupando las calles, multiplicando las iniciativas y las luchas y en ese marco poniendo en pie una nueva dirección al servicio de los trabajadores.

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