Escribe Julio Gudiño
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En el último día hábil de diciembre, el intendente Menéndez ordenó al Concejo Deliberante de Merlo votar el Presupuesto 2023. La votación fue un trámite. La metodología usada para aprobar el presupuesto es una marca registrada del ´othacehísmo´: los concejales de la oposición fijan posición sobre un presupuesto de ingresos y gastos que nadie conoce, salvo el intendente. El poder legislativo de Merlo es una escribanía del poder ejecutivo de turno, legado del ´Vasco´.
Parte del secretismo sobre el presupuesto votado por el FdT se develó en menos de una semana cuando comenzó a llegar a los merlenses la factura de las tasas por servicios generales con aumentos promedio de 100%, en línea con los tarifazos en curso de los Fernández-Massa. Un aspecto significativo del tarifazo es, a diferencia de los “aumentos” salariales a los trabajadores municipales, que el mismo se aplica en 1 cuota.
Según el medio “el1digital.com.ar” el presupuesto aprobado contempla ingresos por 43 mil millones de pesos. Desconocemos qué parte proviene de ingresos propios y qué parte de coparticipación provincial. En el mismo momento en que el HCD de Merlo votaba el tarifazo contra el pueblo trabajador, Menéndez y Kicillof mandaban a la policía y a la infantería al hospital Eva Perón para quebrar la huelga indefinida de los trabajadores de la salud que luchaban por aumentos de salarios y contra la precarización laboral. Si es correcta la información difundida por “el1digital.com.ar” debemos concluir que el gobierno tiene espalda financiera para otorgar aumentos de salarios de 100% a los 4.500 trabajadores municipales cuyos ingresos promedios están en la línea de indigencia.
El municipio dispone de recursos en demasía. En diciembre de 2022 se desplegó en la legislatura bonaerense una batalla campal entre FdT y JxC en torno al CUD (coeficiente único de distribución). Merlo es uno de los municipios con más porcentaje de coparticipación. Para dar una idea, mientras La Matanza, que tiene el triple de población, participa en un 7.4% de la cooparticipación provincial, Merlo lo hace en un 3.3. Los servicios de salud municipales tienen un peso importante en esta coparticipación y, a pesar de estar vaciados, son utilizados para inflarla. En 2022 Merlo no tuvo variaciones en el CUD (latecla.info, 02/01/23). A esto se suma que la federación de municipales bonaerenses, Fesimubo, viene denunciando que en 2022 el gobierno provincial transfirió a los municipios la potestad, y los recursos, para pagar asignaciones familiares y que los municipios desvían esos fondos a otros menesteres.
El Presupuesto 2023 votado por el Concejo Deliberante no contempla la situación miserable de los trabajadores municipales, la precarización laboral a la que son sometidos, el déficit habitacional, déficit de agua corriente y gas, lo mismo con el asfalto y la luminaria pública. Tampoco contempla la crisis de infraestructura de los servicios de salud y su vaciamiento. En la reciente huelga del hospital Eva Perón, los trabajadores denunciaban que no tenían medios de trabajo para atender la demanda de salud de la población. No hay medicamentos, instrumental vario, etc., en medio de una crisis social apabullante, donde la población empobrecida recurre cada vez más y más a la salud pública. Lo mismo vale para las instituciones educativas que se caen a pedazos, superpobladas y con un servicio de comedor paupérrimo. Por todo esto, el Presupuesto 2023 es un presupuesto a medida del ajuste a escala nacional que implementan tanto el FdT, JxC y los “libertarios” cuyo único objetivo es honrar la deuda pública tanto externa como interna a costa de ajustar a la población trabajadora.
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