Las miserias del año electoral

Las elecciones de 2023 forman parte de un gigantesco operativo económico y financiero. El objetivo es que sirvan para consagrar un gobierno que ponga fin al desequilibrio inflacionario en Argentina mediante una devaluación del peso, el establecimiento de un mercado de cambios único sin restricciones y una reforma radical de los regímenes laboral y previsional. Es una tarea que no tendría condiciones de emprender el gobierno actual – del FdT – debido a su manifiesta desintegración política y a que representa a intereses capitalistas que necesitan un mercado proteccionista y regulado. O sea, que no reuniría las condiciones para hacer frente a la rebelión popular que provocaría una cirugía económica ‘sin anestesia’. El kirchnerismo ha recorrido una buena parte de esa política, como lo prueba la caída sideral de salarios y jubilaciones, y por sobre todo el crecimiento enorme de la informalidad laboral; del monotributismo y el ‘facturerismo’; de la destrucción de los convenios colectivos de trabajo; y de la precariedad laboral. El gran capital caracteriza que el desequilibrio económico que ha desatado la guerra de la OTAN y Rusia, y la guerra, no sólo económica, contra China, ofrecen a Argentina una oportunidad excepcional de integración a la economía mundial como proveedor de soja, gas y petróleo, diversos minerales y el litio. La reconstrucción de la cadena de suministros ocasionada por estas guerras, permitiría que Argentina y el Mercosur, y también América latina, recepten los capitales extranjeros que deberían relocalizar sus inversiones desde áreas geopolíticamente inseguras o vulnerables.

Esta función ‘ordenadora’ que se ha atribuido a las elecciones es una parte vital del programa financiero acordado por el gobierno ‘nacional y popular’ con el FMI. Es el diseño que ha salido de la embajada norteamericana, con la consigna de superar ‘la grieta’. El FMI y el Tesoro de Estados Unidos han ofrecido una suerte de seguro de cambio para que el gobierno complete su mandato, con la consigna de “hay que llegar a diciembre”. Pero, como lo demuestran los mercados financieros, ese tipo de seguros no son una garantía contra las bancarrotas. El gobierno ha debido recurrir en forma repetida a medidas excepcionales para contener corridas cambiarias y bancarias. No es exagerado decir que se ha convertido en una Mesa de Dinero. Sergio Massa parece dispuesto a recurrir a toda clase de aventuras financieras para postergar un estallido. De acuerdo a ciertas informaciones, estaría negociando un préstamo internacional para recomprar títulos de la deuda externa, de modo que la suba del valor de esos títulos morigere la devaluación del peso en los mercados paralelos y ofrezca una salida a los acreedores que quieren deshacerse de títulos en pesos. La operación raya en el aventurerismo económico, porque implicaría, en caso de fracasar, la emisión de una deuda pública en garantía varias veces mayor al préstamo en cuestión. Para ‘ordenar’ la salida electoral se adoptan medidas que agravan considerablemente los desequilibrios económicos que se espera sean superados por el próximo gobierno.

Estas condiciones explosivas explican el derrumbe de las candidaturas del FdT y los litigios que ocasiona la propuesta de zanjarlas por medio de las Paso. El FdT inicia el año electoral sin candidaturas ni método para establecerlas. “El kirchnerismo, el massismo y los gobernadores, opina La Nación, son partidarios de no hacer las PASO nacionales y acorralan al Presidente”. El intento del kirchnerismo de imponer un gobierno colegiado mediante un comité político fue desairado por Alberto Fernández con la convocatoria a una mesa electoral, con decenas de participantes. La operación para unificar al oficialismo mediante la iniciativa del juicio a la Corte deberá confrontar en pocas semanas más con una serie de juicios contra el kircnherismo, algunos en apelación, como serían los casos de Hotesur, los Cuadernos y la Ruta del Dinero, incluso la reanudación del caso Skanska, de 2005, que compromete a varios ‘capitanes de la industria’. La cuestionada Corte podría producir una sentencia definitiva acerca de la coparticipación de impuestos, que dé satisfacción a Caba, acompañada de una orden de desbloqueo de fondos por parte del Banco Nación.

El "desordenamiento” en JxC compite con yapa con el del oficialismo. Tampoco Mauricio Macri quiere someter su candidatura a unas PASO, como reclaman, en esta ocasión, Facundo Manes y el jujeño Morales, entre otros. Un sector de la UCR y el propio Larreta quieren evitar una repetición, esta vez agravada, de la gestión macrista 2015/9. La discrepancia en torno a la salida económica y política es manifiesta – Larreta y Lousteau plantean la formación de un gobierno de coalición. Es lo que lleva a Macri a la opción de dar una pelea por delegación en las PASO de JxC – apoyando a la trumpista-bolsonarista Patricia Bullrich. El escenario de JxC se complica por la propuesta de Martin Tetaz y Gustavo Posse, del radicalismo, de integrar a Javier Milei a un frente, como lo hace también Bullrich. Temen que los votos a favor de Milei, en la provincia de Buenos Aires, habiliten una victoria de Kicillof. El kirchnerismo espera más que eso – que la presencia de Milei permita una victoria del FdT en la primera vuelta para Presidente. En el diseño que se hacen los kirchneristas, sólo una candidatura de Massa abriría, en este caso, la posibilidad de ganar el ballotage. De la mano del nacionalismo popular K tendríamos FMI para rato y un futuro gobierno menemista recargado – con todas las “reformas estructurales” que exige el gran capital. Esto lo saben mejor que nadie la Cámpora, el Evita y Grabois, que colaboran con Sergio Massa. En cuanto a Milei, algunas encuestas registran un dato interesante – crece en el interior del país, donde su presencia es reciente, pero retrocede o se estanca en CABA, donde asentó su base. Esta característica ‘picaflor’ es típica de los episodios políticos efímeros.

Este proceso caótico, al que dedican la mayor atención los medios de comunicación de ambas orillas de la ‘grieta’, es al mismo tiempo el laboratorio político en el que las fuerzas políticas de la clase patronal buscan construir una salida (de alcance incierto) a la crisis de poder. Es una experimentación intensa, a las que se asocian protagonistas internacionales, como el francés Macron, el alemán Schloz y Lula – y China y Rusia. Es que también en Argentina se procesa un conflicto mundial. No es un asunto menor que Lula haya evitado peregrinar al despacho de Cristina Kirchner, o que Fernández dejara de lado a De Pedro en las reuniones de la Celac. La corriente que en 2019 volvió a funcionar como rescate del estado y del capital, como lo había hecho en 2003, es caracterizada ahora como un obstáculo para esa misma tarea. Adicionalmente, una ausencia de CFK en el calendario electoral sirve para mantener apartado del mismo a MM.

El arranque electoral de 2023 se focaliza en el adelanto de los comicios locales en 15 de las 24 provincias argentinas. Serán sin PASO y con ley de lemas. Esta manfiesta violencia a la democracia electoral, está acompañada con roscas políticas de todo tipo, que entreveran al macrismo con el kirchnerismo – y viceversa. Es lo que ocurre con el massista Gustavo Sáenz en Salta, que acopla a los dos brazos de la ‘grieta’, lo mismo que hace el rionegrense Weterlineck o, en el caso de Santa Fe, entre socialistas, macristas y radicales. “No habrá ola amarilla en las provincias”, dice un comentarista, que añade que JxC (enfrenta) un camino barroso en provincias”. Tampoco habrá una ‘ola celeste y blanca’. La distinción más notoria, con relación a los adelantos electorales en el pasado, es que el contubernio entre partidos, en esta ocasión, está fuertemente determinado por intereses mineros. La entrega de concesiones mineras (incluido el gas y el petróleo) es el gran unificador de las corrientes políticas patronales.

El inicio del año electoral coincide con el del año político. La onda de tarifazos de febrero no sólo cuestiona la profecía oficial de una inflación anual del 60 por ciento – reabre las cuestiones salariales y la de la asistencia social. El anuncio del ajuste trimestral de las jubilaciones en marzo, del 17.5%, es otro masazo contra los trabajadores retirados. El kirchnerismo se diferencia de los ajustes macristas en que reemplaza el método directo por el inflacionario, lo cual desata dos atropellos en lugar de uno – la caída de los ingresos, por un lado, y la espiral de los precios, por el otro. Un columnista de Clarín advierte que una reducción de la inflación, con salarios y jubilaciones indexados a la inflación pasada, aumentaría el déficit fiscal y perjudicaría las ganancias empresarias. Es una forma de decir que para frenar la inflación debe haber, primero, una reducción directa de ingresos personales. A esta catástrofe social se añade la crisis política, a partir de la parálisis del Congreso como consecuencia del inicio del juicio a la Corte. No sólo compromete la jubilación de quienes no han podido aportar 30 años a Anses, sino una ley para favorecer a la agroindustria, pactada por el gobierno con las cerealeras y exportadoras.

El ordenamiento político que busca alcanzar el calendario electoral agrega un factor de dislocación más al conjunto de la crisis política.

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