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El kirchnerismo ha tomado la iniciativa de iniciar un juicio político a la Corte Suprema, ostensiblemente tardío y definitivamente inviable. Se encuentra en fin de mandato, agotado, fragmentado y en salida. Apuesta, como mejor alternativa, a Sergio Massa, un ‘outsider’, que fue el agente activo de la derrota electoral del gobierno de Cristina K en 2103 y 2015; ahora, en su condición de ministro de Economía, es un operador de la ‘patria’ prebendaria local y del “círculo rojo”, y un claro intermediario de los fondos especulativos norteamericanos.
Tres años de encubrimientos
Varios de los cargos que la redivida comisión de Juicio Político endilga a los jueces de la Corte son bastante antiguos. La protección de un ‘operador’ de la dictadura, en el caso de Rosatti, cuando fue intendente de Santa Fe capital, data de 1995, y la denuncia de la víctima, Patricia Inasa, llegó hasta los foros internacionales. Rosatti y Rosenkrantz aceptaron ser designados jueces de la Corte por decreto de Macri, a principios de 2016, aprovechando que el Congreso se encontraba en receso y Macri eludía la convocatoria a sesiones extraordinarias. Macri sospechaba que la mayoría peronista en el Senado no avalaría esos nombramientos, por lo cual quería ponerlos ante el desafío de provocar una crisis si rechazaba esa decisión. No fue necesaria toda esta manipulación. Cuando Macri elevó los pliegos al Senado, la mayoría de las tribus del peronismo votaron los nombramientos. Los mencionados salieron ilesos de su inconducta moral. En cuanto a la aplicación del 2x1 a un condenado de la dictadura por crímenes de lesa humanidad, la acordada de la Corte es de 2017. En este caso, la Corte, incluida Higton de Nolasco, cometió una irregularidad jurídica que no tiene precedentes, pues anuló su propia decisión, esto luego de que el Congreso votara, con vigencia retroactiva, que el 2x1 no era aplicable a esa clase reos de crímenes contra la humanidad. En esa ocasión, tanto el Congreso como la Corte sucumbieron ante las manifestaciones populares sin precedentes en todo el país contra la liberación del delincuente de la dictadura. Otro atropello jurídico mayúsculo, porque la Corte Suprema, en su condición de último tribunal de apelaciones, no puede revocar sus propias decisiones. En todo caso, una Corte futura puede acordar lo contrario, aunque ya no con efecto retroactivo. Es la razón que llevó a Rosenkrantz a mantener su voto precedente; el resto debió haber renunciado o hecho lo mismo que Rosenkrantz y enfrentar la posibilidad de un derrocamiento por la vía de la acción directa del pueblo.
El kirchnerismo no tuvo en cuenta nada de esto cuando el FdT ganó las elecciones de 2019; el juicio político a la Corte no apareció en el programa de la campaña electoral. Para esa fecha, varias corrientes K venían pidiendo, sin éxito, una lucha hasta las últimas consecuencias contra el ‘lawfare’, como denominan a la guerra judicial del macrismo y un elenco de jueces federales contra CFK. Además de varios ilícitos económicos (algunos internacionales como los dólares de la valija del venezolano Antonini Wilson), la ex Presidenta estaba imputada por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por los tratos del gobierno K con Irán, por el memorando con este país y por las operaciones del Banco Central en el mercado futuro a fines de 2015. Más adelante aparecerían los cuadernos de Centeno y la saga de los imputados arrepentidos. El kirchnerismo no inscribió el juicio político a la Corte a pesar de sostener la falacia de estas acusaciones y la irregularidad de los procedimientos judiciales (indagatorias diferentes de varias horas en un mismo día). La razón para todo esto es muy sencilla: la preocupación del kirchnerismo era asegurar la transición del gobierno del Macri al suyo, condicionada por un acuerdo de deuda de Argentina con el FMI y una fuga de capitales, y por una devaluación incesante del peso y una inflación que podía convertirse en híper. Como lo acaba de confesar Álvarez Agis, el secretario de Economía del kirchnerismo, los Fernández estaban ocupados en concertar con Macri la devaluación del peso y el ‘reperfilamiento’ de la ahora famosa deuda pública en pesos. En lugar de aprovechar la fuerza política de una victoria electoral, el kirchnerismo confió en la capacidad de sus operadores judiciales. El resultado de esta política de compromisos no podría ser más miserable: los K van a dejar el gobierno sin haber podido reemplazar al Procurador General interino, , el macrista Eduardo Casal. Cristina Kirchner, presidenta del Senado, saboteó la posibilidad de nombrar en su lugar a Daniel Rafecas, porque no conseguía los votos para que ese cargo, de duración indefinida, tuviera reducido el mandato a. cinco años.
Sin brújula
En resumen, el kirchnerismo llega este juicio político tardío e inviable, sin tampoco autoridad. Pero llega además sin programa. Porque la destitución de una Corte Suprema significa postular un elenco de reemplazo o incluso una reforma de la Corte y hasta del conjunto del poder judicial. En Estados Unidos, el Presidente selecciona a los candidatos a la Corte de acuerdo a un programa, y el Senado examina ese programa, no solamente la calidad de los antecedentes de esos candidatos. Así fue como Trump y los republicanos han poblado a la Corte norteamericana de una fuerza de choque ultraderechista. Lo mismo hizo Néstor Kirchner en su mandato; seleccionó a los jueces de la Corte en función de que aceptaran la llamada “pesificación asimétrica” que dictó Duhalde cuando se cayó el régimen de convertibilidad. Esa pesificación sirvió para rescatar a los bancos y a las AFJP, y para hundir a los ahorristas bancarios. En todo el ajetreo que ha provocado la iniciativa del juicio político, Néstor Kirchner es presentado como el desarmador de la Corte menemista, que había perdido vigencia junto con la convertibilidad, y no como el salvador de los intereses bancarios y financieros – de la mano del presidente del Banco Central, el ex Citibank y futuro macrista Alfonso Prat Gay. Reescribir la historia de Argentina de las últimas décadas va a llevar más trabajo que el que se emprendió desde la ley de enfiteusis hasta la actualidad.
Lo que ha llevado al kirchnerismo, o más precisamente a iniciar este juicio político tardío e inviable, ha sido la condena a doce años de cárcel dictada por el Tribunal Oral del caso Vialidad contra Cristina Kirchner. La condena ha alterado el carácter del proceso electoral de 2023. La Cámara de Casación y ulteriormente la Corte van a respaldar esta condena; ya rechazaron la recusación a los fiscales y jueces del Tribunal que jugaban al fulbito en el potrero Vip de Mauricio Macri. La posibilidad de revertir este curso sólo podría ofrecerlo una victoria electoral – incierta, por lo menos. Un derrota, en especial si Cristina Kirchner encabeza la fórmula oficial, equivaldría a un plebiscito a favor de la condena. Es lo que explicaría la decisión de CFK de no participar.
La candidatura presidencial que apoye el kirchnerismo deberá comprometerse a quebrar los fallos condenatorios contra CFK, que son varios. En pocas semanas se conocerán los fundamentos del fallo de Vialidad, lo que seguramente desatará una tormenta política de palacio en el gobierno. Siguen otros juicios. y las apelaciones a otros procesos que transitaron la primera instancia. Habrá, en 2023, más tribunas electorales en Comodoro Py que en las calles.
Las roscas no alcanzan
La política de alquilar candidatos que se comprometan a poner fin a los juicios de CFK han fracasado. Lo demuestra el contraído por Alberto Fernández y Sergio en 2019 con Cristina Kirchner. Como ha ocurrido con Lula en Brasil, y probablemente ocurra lo mismo ahora con el ecuatoriano Rafael Correa, el destino de los ‘populistas’ condenados no depende de la Justicia, sino de la crisis política. El mismo Tribunal de Justicia que proscribió a Lula en 2018, para facilitar la victoria de Bolsonaro, y luego lo metió preso durante 580 días, lo liberó por razones de procedimiento para que pudiera sacar a Bolsonaro del gobierno, en alianza con quienes lo encarcelaron. Es lo que probablemente vaya a ocurrir en Ecuador. CFK agotó, sin embargo, las posibilidades que le ofreció el retorno
La iniciativa de un juicio político a la Corte en final de mandato y con cero probabilidades de prosperar en el parlamento, ha provocado una parálisis parlamentaria y en el Poder Judicial. En un caso por el boicot del macrismo y los ‘federales’ a las sesiones extraordinarias, y en el otro por la inmovilización del Consejo de la Magistratura. En este último caso no se ha completado, por cuestionamientos, la incorporación de los representantes del Congreso. Esto impide completar las vacantes de cargos abiertos – un tercio del total – que se manejan con sub-rogantes. El juicio político ha generado, además, a pesar de su inviabilidad, el rechazo de las centrales empresarias con las que Massa negocia la obtención de financiamientos, y de ‘los formadores de precios” con los que Massa pretende bajar el crecimiento del costo de la canasta básica. Ha desatado la repulsa de “la embajada”, que se manifiesta en los repudios de su tutora, la AmCham, la Cámara de Comercio norteamericana . Es comprensible, en estas condiciones, que ni los gobernadores peronistas ni los intendentes o la burocracia sindical le arrimen mucha candela, y que Alberto Fernández no consiga formar su “mesa electoral”. El peronismo ha rodeado al juicio político a la Corte de un ambiente tóxico. El ultimátum de Sergio Massa para que Alberto Fernández desista de una imposible reelección y para que no se hagan las Paso del FdT, equivale a declarar la destitución de un Presidente que seguirá en funciones. La crisis de régimen político tiene cartón lleno.
Los cargos presentados por la tropa kirchnerista contra la Corte no tienen el poder, ni de lejos, de suscitar una indignación popular o siquiera la atención. Tienen que ver con la composición del Consejo de la Magistratura, uno, y la coparticipación federal de impuestos, el otro. Acerca de esto se ha producido una disputa incoherente acerca de si los jueces pueden ser juzgados o no por sus sentencias. Si son inamovibles no deberían serlo, salvo una irregularidad o arbitrariedad manifiesta, que debería quedar en evidencia en la apelación. Si fueran electos, deberían someterse además al voto popular periódico, que juzgaría las sentencias en bloque. Si rigiera la revocabilidad, la destitución de los jueces se haría por medio de referendos. Ni los kirchneristas ni los detractores son partidarios o han planteado en sus plataformas y acciones la elegibilidad y revocabilidad del poder judicial. En consecuencia, se pelean por intereses que quedan ocultos en la disputa bizantina acerca de las sentencias. Lo que ninguna corriente oficial cuestiona, ni tampoco los diversos grupos izquierdizantes, es la Justicia entendida como poder, encargada de supervisar, controlar y restringir la soberanía popular mediante la determinación de la constitucionalidad de las leyes. El encargado de hacerlo debe ser el propio soberano, mediante el ejercicio de la revocatoria. Este principio radicalmente democrático es incompatible con el aparato de estado del capitalismo. En la lista de cargos contra la Corte (y el poder judicial) no figuran las sentencias dictadas contra los reclamos de los trabajadores en los litigios con las patronales, ni los relacionados con el ejercicio del derecho de huelga (https://politicaobrera.com/8728-la-corte-suprema-contra-la-clase-obrera), la Corte ni el Consejo de la Magistratura que ella ahora encabeza, no han movido un dedo para intervenir en los numerosísimos casos de gatillo fácil que son enterrados por la policía y los jueces de primera instancia. Estamos ante un pretendido juicio político a medida única. Por eso no prospera entre los trabajadores y los explotados en general.
La conspiración de Lago Escondido
Para echarle alguna nafta a la posibilidad de lograr el enjuiciamiento de la Corte, los servicios de inteligencia del kirchnerismo (que no es uno solo), brindaron dos grandes “leaks”, o filtraciones, acerca de la actividad conspirativa de políticos, funcionarios, jueces y fiscales macristas (y hasta un asesor de Alberto Fernández) con el grupo Clarín y el usurpador de la Patagonia, Joe Lewis. La reacción pública del tilingaje republicano, y la menos pública del ‘populista’, fue que los “leaks” no son medios de prueba. Aceptar lo contrario sería invadir la intimidad personal, un derecho civil fundamental. Sin embargo, el contenido de cierto tipo de filtraciones debiera ser por lo menos investigado; la intimidad personal no es lo mismo que una conspiración de políticos profesionales, personal de justicia y magnates inescrupulosos. Uno de esas filtraciones, la que muestra a Silvio Robles, asesor del cortesano Horacio Rosatti, orientando a la gente de Rodríguez Larreta acerca de cómo manejar la disputa por la coparticipación federal, fue respaldada en forma pública por la asesora de Ricardo Lorenzetti, otro de los cortesanos, lo que la convierte en testigo de cargo. Otra reacción contra los “leaks” fue sustraer la causa de los chats de Lago Escondido a su jurisdicción natural Río Negro, para pasarla a Comodoro Py, a pesar de que la causa rionegrina fue iniciada por un particular antes de que se filtraran los ‘chats’. La cuestión levantada por esas filtraciones involucra a la Corte (y a la Procuración General de Casal), en un caso porque Rosatti es presidente del Consejo de la Magistratura, que está encargada de supervisar a jueces y fiscales y en el otro porque no cesanteó ni inició proceso judicial a su asesor. Lo expuesto en las filtraciones no afecta, por cierto, “la vida de los argentinos y las argentinas” (para usar esta jerga pasajera de uso abusivo), pero son elementos preciosos. El socialismo ha usado estos atropellos, a través de toda su historia, para desenmascarar la hipocresía, el fraude y el delito de la democracia burguesa, y para desarrollar con esta denuncia la consciencia política socialista de los trabajadores. Los ‘chats’ filtrados son contundentes a la hora de demostrar la existencia de un estado paralelo, comprometido en dibujar las causas judiciales. Es un estado paralelo que puede cambiar de orientación de acuerdo a como varía el tormentoso viento de la crisis social y política, como se ha visto en otros países.
Las elecciones y la Corte
Tardío y sin posibilidades de prosperar; improvisado y sin atraer el interés popular, el juicio político podría convertirse en un eje de campaña electoral del kirchnerismo, con visto a imponerlo con una mayoría parlamentaria en el próximo mandato. Seguramente será una consigna oficial el próximo 24 de marzo, que el oficialismo quiere transformar en una celebración de “40 años de democracia”. Pero no es lo que planea el oficialismo: con Massa o sin Massa, no tiene en vista una agitación electoral contra la Corte. Se trataría, por lo tanto, una iniciativa sin recorrido futuro. Menem, en cambio, no tenía los votos para imponer una reforma constitucional que le permitiera la reelección (que, en cualquier caso, era violatoria de la Constitución vigente), y se las arregló para doblegar la oposición de Alfonsin y la UCR, quienes corrieron en su socorro, obedientemente.
La iniciativa del juicio político a la Corte, no es una operación una torpe distraccionista del kirchnerismo, como si pudiera atenuar el drama cotidiano de la miseria de las masas Es peor que eso: es una operación de despilfarro de las posibilidades de movilizar a los trabajadores contra un poder judicial en manifiesta descomposición. Es inadmisible, para un socialista, dejar pasar la oportunidad para señalar al pueblo el carácter reaccionario de cada uno de los aparatos del Estado, en este caso el judicial. Ni perder la oportunidad para denunciar que el kirchnerismo es incapaz de luchar contra la misma corporación que ha denunciado insistentemente como un impedimento de un gobierno popular. El poder judicial ‘molesta’ al kirchnerismo cuando opera contra sus intereses particulares, no por su condición de herramienta de la clase explotadora.
“El choque de poderes” entre el Ejecutivo y una parte del Legislativo con la Corte, constituye una aceleración de la crisis de régimen político. Ha dejado el poder político en manos del ministerio de Economía y el Banco Central – en última instancia, el FMI y los acreedores de la deuda pública, que se enriquecen mientras los ‘políticos’ juegan al ‘caos’. El vacío de poder siempre lo ocupa alguien. La crisis de régimen es la manifestación de la inviabilidad de la democracia burguesa, en las condiciones de la decadencia del capitalismo y de las guerras y crisis climáticas. En toda la larga y tediosa disputa del kirchnerismo y el poder judicial, nunca apareció en escena la reivindicación de una Asamblea Constituyente destinada a remodelar el conjunto del estado. Esto no debería sorprender, en primer lugar porque la crisis actual constituye la evidencia de que la Constituyente que sesionó en 1994, para encubrir la reelección inconstitucional de Menem, fue un embuste. Legalizó el gobierno por decreto y burocratizó y loteo el poder judicial entre los partidos oficiales. Fue el momento de gloria del ‘progresismo’ pequeño burgués que en ese momento encarnaba el Frepaso, y que luego se dividió entre kircheristas y macristas. El embuste motivó la renuncia escrita y fundada del obispo de Nevares, de Neuquén, un defensor de los derechos humanos. Una Asamblea Constituyente, en la presente crisis, sería atacada como ‘desestabilizadora’, aunque sus designios sean limitados, como ha ocurrido en Chile y como ocurre ahora en Perú. El kirchnerismo no tiene condiciones ni para eso.
El desenlace de esta crisis no será decidido por el Congreso ni la Corte, pero ella es un factor más para incitar a una intervención en gran escala de las masas.
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