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El largo discurso presidencial de apertura de sesiones encubrió las dos cuestiones fundamentales de la crisis nacional – la cesación de pagos del conjunto del estado y el colapso social de la Argentina. En lugar de ello, Fernández desgranó una larga lista de datos que dan cuenta de una recuperación industrial y comercial en el año 2022. Cualquiera de las cifras que expuso, sin embargo, son iguales o inferiores a las de una década anterior. Los “avances”, por lo tanto, apenas obedecen a la recuperación posterior a la pandemia. Las comparaciones son todavía más enojosas en lo que respecta a la crisis social y el empobrecimiento general. Por ejemplo, señaló como un logro a la construcción de 100.000 viviendas en su mandato. A ese ritmo, harían falta cien años de `gestión capitalista para resolver un déficit habitacional de tres millones y medio de familias. En relación a la desocupación y subocupación, Fernández exaltó a un plan “Potenciar Trabajo” que cubre a uno de cada nueve trabajadores en condición precaria. Pero sólo lo hizo para refrendar que quiere convertir al plan en un subsidio al capital, algo que hasta ahora cosechó magros resultados.
El presidente se floreó con los datos de las exportaciones, sin reconocer que los dólares obtenidos han vuelto a salir por la vía de los pagos de deuda, las maniobras cambiarias de los monopolios exportadores o la fuga de capitales. Lo mismo ocurrirá a futuro con los proyectos de exportación de energía, minerales o agroindustria que Fernández reivindicó en su discurso. El presidente omitió, precisamente, a la hipoteca de la deuda, que condiciona al conjunto del proceso económico. Apenas unos días atrás, los Fernández y Massa pidieron la clemencia del FMI ante la imposibilidad de reunir las reservas internacionales comprometidas con el organismo para el primer trimestre del año. Pero la dificultad para juntar los dólares es un anticipo de la crisis de deuda que tendrá lugar cuando Argentina deba comenzar a amortizar los compromisos refinanciados en 2020. Al perdonar a los Fernández, el FMI no perdió la oportunidad de subrayar su agenda: en primer lugar, reclamó una aceleración de los tarifazos, para reducir los subsidios al consumo de energía. Luego, volvió a colocar la cuestión de una nueva reforma previsional. Fernández, en el Congreso, tapó la basura debajo de la alfombra, y se dedicó a saludar a la mezquina moratoria previsional que financiarán los propios jubilados.
Crisis de poder
Para no convertir a la sesión inaugural en un nuevo episodio de la crisis intestina del gobierno, Fernández fue a lo seguro: denunció la ´proscripción electoral´ de Cristina y repartió los palos de rigor a la Justicia y a la Corte. Pero lo hizo a plena conciencia de que esos fogonazos verbales no tendrán ninguna consecuencia. El juicio a la Corte es una causa perdida, dentro del Congreso y también afuera, donde el gran capital ya le ha bajado el pulgar. A la hora en que Fernández iniciaba la pirotecnia con Fernando Iglesias y otros exponentes del gorilismo parlamentario, Massa ya estaba mirando los datos inquietantes del dólar y los títulos públicos en la City.
Fernández repitió la tesis de que la condena en primera instancia a Cristina la inhibe de una presentación electoral, porque esa candidatura terminaría precipitando la condena de los tribunales superiores y la Corte. O sea que el kirchnerismo renuncia de antemano a enfrentar esa inhibición electoral con una movilización política, y ´la jefa´ opta por quedarse en su casa.
La última impostura de la tarde tuvo lugar cuando Fernández declaró a su gobierno involucrado con la ´paz mundial´, apenas unos días después de haber votado en la ONU junto al imperialismo y a la OTAN por la continuidad de la guerra imperialista, es cierto, junto a los ´amigos´ brasileño y mexicano.
El discurso encubridor de Alberto Fernández ocultó la verdadera procesión que va por dentro – la perspectiva de una rebelión popular. En esos mismos momentos, florecían paros y asambleas docentes en una decena de provincias. Del otro lado, no se lograban reunir frente al Congreso más que algunos centenares de miembros de las organizaciones sociales oficialistas.
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