Escribe Fabián Pacheco
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El gobierno sigue sin homologar la paritaria de Camioneros. Por su parte, en una entrevista con Gustavo Silvestre en C5N, Pablo Moyano anunció ayer un paro nacional del gremio “si para el lunes (8 de abril) no se confirma (homologa) el incremento acordado”. El acuerdo, firmado hace más de un mes, establece un aumento salarial por dos meses de un 45% sobre los sueldos de febrero, en dos tramos no acumulativos: 25% para marzo y 20 % para abril. Fue firmado por las 3 cámaras patronales del sector, la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la Federación Argentina de Entidades y Empresas del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC). Sin embargo, cuatro cámaras del interior que integran la FADEEAC y que representan a pymes, impugnaron el acuerdo y la Secretaría de Trabajo dio “ha lugar”.
El cambio de Secretario de Trabajo, luego del despido de Omar Yasin a principios de marzo, por el escándalo de los aumentos de sueldo a la cúpula del gobierno, no modificó la situación para la paritaria de Camioneros. Su reemplazante, Julio Cordero, un hombre de Techint, siguió el libreto del ministro Caputo, quien es sindicado por distintos medios como el responsable de impartir la orden de no homologar paritarias que estén por encima de las proyecciones inflacionarias de economía. El verso libertario de las “paritarias libres”, duró menos que un suspiro. Es así que existen ya más de una decena de paritarias en la misma situación de camioneros, sin homologar y sin impugnaciones de por medio.
En medio de la discusión por la homologación, Camioneros declaró el estado de asamblea y movilización, sin impulsar ninguna asamblea real o acción de lucha. Solo se han limitado a un tímido bloqueo a un depósito ubicado en Lugano, propiedad de Federico Lo Bruno, presidente de la Cámara del Transporte de Santiago del Estero (CATSE), integrante de FADEEAC, quien no acepto el acuerdo pactado y junto con otras tres cámaras patronales de Córdoba, Mendoza y San Juan, presentaron las mencionadas impugnaciones. Su argumento es que la conducción nacional de FADEEAC, acordó un incremento en los adicionales y el aporte extraordinario para las arcas de la obra social de camioneros de 10 mil pesos por cada trabajador.
Lo Bruno, además, es parte de agrupación patronal de inspiración macrista, integrada en su mayoría por pymes, llamado Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB) impulsado en 2020 a partir un conflicto por despidos entre Camioneros y la Empresa Razzini Materiales de Rosario. Es ahí donde apareció en escena la camaleónica Florencia Arietto, cuando era diputada por Santa Fé en las filas del PRO, incitando a las patronales a organizarse contra "las mafias sindicales". Desde entonces, el MEAB se ha metido en distintos conflictos gremiales, a patrocinar y asesorar penal y políticamente a las patronales. Ya han intervenido en una decena de conflictos, incluido Aceiteros y ATILRA, entre otros. Ahora, en complicidad con el gobierno, han colocado en crisis la paritaria camionera.
Frente a esto, el sindicato se limitó a especular con "un compromiso de las empresas" para honrar el acuerdo con el gremio pero, lejos de esto, las cámaras patronales liberaron a sus afiliados de la obligación de cumplir con lo firmado, argumentando que no está homologado y solo las empresas más grandes tienden a liquidar los sueldos con el aumento. En el gremio hay preocupación porque la mayoría de las pymes, no pagarían los sueldos de marzo con la nueva escala y eso podría obligarlos a un conflicto que el sindicato no quiere encarar. De hecho, el anuncio de Pablo Moyano está condicionado a que las negociaciones con el gobierno en las próximas horas encaminen la cosa sin necesidad de hacer efectivo el paro. En ese sentido el anuncio planteando que "si el lunes no se confirma el incremento acordado" Camioneros convocaría un paro nacional, tiene por objetivo descomprimir la incertidumbre que va cocinando la bronca en muchos lugares de trabajo.
Si comparamos la evolución de la inflación y los tres acuerdos firmados por el gremio en los últimos 8 meses, tenemos a simple vista incrementos bastante por arriba de la inflación. Sin embargo, comparado con la canasta básica de marzo ($ 690.000) la inmensa mayoría de las ramas quedaron muy por debajo de la línea de pobreza. Por ejemplo: el sueldo de la categoría inicial en Rama logística o Rama Correo, en marzo, es de aproximadamente $ 593.000 conformado (básico más adicionales). Esto se debe a que los Moyano han acordado paritarias a la baja, sobre todo durante el gobierno de Alberto Fernández, acumulando una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de alrededor del 45% en los últimos 5 años.
Además del 45% para marzo y abril, se acordó que los adicionales por rama suban de 12 a 14%. De este modo el sindicato archivó sin lucha el reclamo, ya de por si limitado, que se hizo en octubre de 2022, de la transformación de los tres adicionales no remunerativos en ítems remunerativos (viático, comida y el adicional porcentual sobre los dos primeros). En ese entonces los adicionales porcentuales por rama, eran del 10%. Si bien no significaba la incorporación de esas sumas al básico, iba a impactar en forma positiva para el cálculo de aguinaldo, vacaciones y jubilación.
La no homologación de los acuerdos paritarios que estén por encima de las proyecciones inflacionarias del gobierno es un ataque que intenta disciplinar al movimiento obrero y provocar una “desobediencia civil” patronal de alcance incierto. La reacción de la burocracia ante esto es nula. No pasa de las declaraciones para la tribuna o de alguna medida aislada y de aparato. El paro anunciado por Pablo Moyano, no fue discutido ni preparado; ni siquiera en sus términos, lo cual indica que, de realizarse, será netamente pasivo.
Precisamente, esta mojada de oreja del gobierno se hace especulando con la pasividad de la burocracia. Ninguna lucha a fondo va a salir de estas direcciones sindicales. Hay que impulsar la deliberación sobre la lucha por homologación y todas las condiciones salariales y laborales desde los lugares de trabajo, por un paro activo hasta arrancar los reclamos y por la coordinación de las luchas hacia la huelga general.