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La divergencia entre los gobernadores de la oposición y el gobierno nacional en torno del capítulo impositivo de la reforma laboral había disparado versiones acerca de una posible postergación en el tratamiento parlamentario del proyecto. Los gobernadores denunciaban el impacto negativo de la baja en el impuesto a las ganancias, que es coparticipable, en la reforma enviada al Senado. Mientras tanto, no le hacían objeciones al corazón de la ley, es decir, a la liquidación de los derechos laborales -jornada de ocho horas, indemnización, derecho de huelga y a la realización de asambleas. Para discutir un “frente común” contra los cambios impositivos, los gobernadores se habían autoconvocado el martes pasado, en la Capital. Pero la “cumbre” se quedó con las sillas vacías, después de las reuniones que sostuvo el ministro Santilli con los principales popes de las provincias. Aunque el resultado de esos encuentros no trascendió, los gobernadores le reclamaron a Santilli fondos nacionales para asegurar algunas obras vinculadas al movimiento empresarial de los distritos -minería, agroindustria-. A cambio de ello, podrían resignar una parte de la recaudación coparticipable y, en consecuencia, profundizar el ajuste en los gastos sociales de sus distritos. Refrendando esas tratativas, Llayora y Pullaro, los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, pegaron otro faltazo. Pero en este caso, a la cúpula de la CGT, con quien habían pactado reuniones para “discutir la reforma”. El ala de la CGT que encabezan Furlán de la UOM y Aceiteros, que resolvió una movilización a la gobernación cordobesa para este jueves, encontrará ese mismo panorama.
Mientras tanto, el Senado confirmaba la concreción de la sesión del próximo 11 de febrero, con 44 voluntades convocantes sobre un cuerpo de 72 bancas. En esa cámara, arreciaban las versiones de que los senadores de Sáenz, Jalil y Jaldo podrían abandonar al interbloque justicialista para conformar un bloque propio, con libertad de maniobra para pactar con el gobierno. La pretensión de que los gobernadores actúen como barrera de la reforma antiobrera se ha derrumbado bastante antes de que comience su tratamiento.
“Menos gorila”
En cualquier caso, es importante tener en cuenta qué es lo que impulsa el pasilleo de la burocracia sindical por los despachos del Congreso. Recogiendo declaraciones de la cúpula de la CGT, el cronista sindical de “Clarín” señala que la meta de los pasilleantes es conseguir una ley “menos gorila”. Aunque los burócratas se pronuncian por sostener la ultraactividad, el derecho a huelga o los convenios por rama, a lo que apuntan principalmente es a la eliminación de la obligatoriedad en la retención de la cuota sindical y el sostenimiento del porcentual del 6% en los aportes a las obras sociales.
El fracaso del pasilleo parlamentario ha dado lugar a una reunión “de emergencia” del Consejo Directivo de la CGT para este viernes. No hay anunciadas medidas de lucha, pero sí existe la decisión de trasladar el “pasilleo” al ámbito de Diputados, donde la reforma deberá ser tratada después de pasar por el Senado. El bloque peronista de la cámara baja emitió un rimbombante comunicado jurando “unidad férrea” para cuando llegue la contrarreforma. Es el mismo lenguaje que circulaba en el Senado hace un mes atrás, cuando se anunció el contenido del proyecto.
La licuación de la “resistencia peronista” en el Senado es una demostración de la completa inocuidad de un kirchnerismo en estado de liquidación. La razón de fondo es el acuerdo estratégico con la contrarreforma, que es lo que Cristina Kirchner pone de manifiesto cuando dice que “una modernización laboral tiene que haber”. Entre los gobernadores que encabezan la genuflexión hacia Milei y Caputo, están los que fueron ungidos por Cristina para encabezar las listas electorales de octubre pasado, como el tucumano Jaldo o el catarmarqueño Jalil. El pejotakirchnerismo se divide entre los que van a apoyar sin vacilaciones a la contrarreforma y aquellos que defienden su contenido, pero le dejarán al gobierno y a sus aliados el “trabajo sucio” de su aprobación en el Congreso.
Los ideólogos de la gran patronal celebran que, en caso de aprobarse, la ansiada reforma antiobrera estará bendecida por una ley del Congreso. Lo que ocultan estos “legalistas” es que la norma por aprobar es otro capítulo del régimen de excepción en curso. La liquidación del derecho del trabajo está fuera del marco constitucional -incluso carece de legalidad la inclusión de normas impositivas, cuyo tratamiento debería haber comenzado en Diputados. La burocracia, por sobre todas las cosas, se ha juramentado no mover la estantería de la ley a través de una verdadera lucha, la cual terminaría por desbancarla de los propios sindicatos. El tratamiento de la contrarreforma tendrá lugar en medio de una enorme tensión en los lugares de trabajo: por los salarios a la baja, mes a mes, como consecuencia de paritarias regimentadas y de una pauta de inflación fraudulenta; por la crisis industrial, las suspensiones y los despidos; por los tarifazos redoblados en todos los servicios públicos.
En ese escenario, es necesario encarar una movilización política en favor de la huelga general, hasta derrotar la contrarreforma y toda la política de ajuste de Milei y los gobernadores.
