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El paro total de la UTA hizo colapsar el transporte de pasajeros del área metropilitana y varias provincias. La razón fundamental de la huelga -decretada por la UTA oficial a partir de las 0 horas de hoy, pero adelantada desde las 16 horas de ayer por la fracción de la Lista Azul/Bustinduy- es la falta de pago de la gran mayoría de las empresas de la nueva escala salarial firmada entre la UTA y el Gobierno. El acuerdo inicial de la paritaria de la UTA se había acordado en la pauta del 60% establecida por el gobierno. Al paro de la UTA se le añadió a primera mañana un paro del personal jerárquico del ferrocarril Sarmiento.
Las empresas abonaron los salarios de la segunda quincena de junio con la escala salarial anterior, argumentando que las empresas no habían participado de las negociaciones que llevaron a la firma del acuerdo en junio, cuando el gobierno acordó con la UTA para evitar a último momento el paro. Las empresas aducen también que el acuerdo salarial no está homologado. Según denunció a los medios Bonifacio, delegado de la 60, la escala salarial acordada debía arrancar arriba de los 300 mil pesos y las empresas abonaron los salarios con la escala anterior, que arranca abajo de 250 mil pesos. Algunas empresas pagaron el salario con la nueva escala salarial, por lo que no se vieron afectadas al paro: en Bahía Blanca, Catamarca, Chaco, La Rioja, Córdoba, Comodoro Rivadavia, Jujuy, La Pampa, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Rosario, Salta, San Juan, San Luis, San Nicolás de los Arroyos, Santa Cruz, Santiago del Estero y Trelew, el transporte funciona con normalidad
Desde el gobierno nacional amenazaron con intimar a las empresas por no haber pagado el acuerdo y dicen haber girado los subsidios necesarios para que las empresas lo paguen. Además, el gobierno dice que la falta de homologación no es una razón para no pagar el aumento, en tanto ya rige una resolución del ministerio de transporte. La UTA anunció en su comunicado que no permitiría que las empresas utilicen la huelga para presionar por mayores subsidios al gobierno.
Los representantes de las empresas de transporte denunciaron también que el gobierno giró solo 3.000 millones de pesos, de los 6.000 que serían necesarios para pagar el aumento. Por otra parte, reclaman que el esquema de subsidios está basado en los esquemas de costos de diciembre, por lo que reclaman que el gobierno actualice los montos y una deuda de miles de millones de pesos por esa desactualización.
El carácter parasitario de las empresas de transporte es explicado a cielo abierto por los voceros de la patronal. Según declaran, el Estado paga el 88% del costo del boleto y el 12% lo abona el pasajero. Una quita de subsidios implicaría, para sostener las ganancias actuales de las empresas, llevar el boleto de $50 a $400, lo que desataría una ola de reclamos salariales para compensar el gasto en viáticos. El "subsidio" al precio del boleto opera como un subsidio indirecto al capital, que paga el costo subvaluado del pasaje en el salario.
Al paro de hoy se arriba a pesar de que el gobierno no cesó de hacer concesiones a las empresas del transporte en todo su mandato: la última de ellas, la indexación de las tarifas del boleto, que se hace por inflación al día siguiente de que se anuncia. Aún así, las empresas sostienen un profundo esquema de desinversión en el servicio, principalmente en la ausencia completa de adaptación de más unidades a los requisitos de seguridad para choferes y pasajeros, también disminuyendo las frecuencias y el mantenimiento de las unidades.
Todo este proceso de parasitismo patronal se ha desarrollado con la complicidad del sindicato, que ha actuado constantemente como un lobbysta de los intereses de la patronal. La UTA ha sido complice de cuánto lock out organizaron las empresas, incluyendo aquellas medidas que fueron deliberadamente contra la clase obrera, como la reducción de frecuencias a la mitad o la interrupción del servicio en el turno noche. La fracción de Bustinduy, como la oficial de Fernández, en tanto agentes del gobierno, son incapaces de defender un programa alternativo al impasse generado por el esquema parasitario en el transporte.
El desconocimiento de las empresas del aumento salarial opera como una nueva extorsión contra el gobierno en reclamo de una tajada más de subsidios, en defensa de la rentabilidad patronal. La lucha por un salario igual a canasta familiar en la UTA que están librando los choferes con esta huelga, debe ligarse al planteo estratégico de quitar las garras del parasitismo del capital de un servicio que es una necesidad pública, estableciendo un sistema único de transporte estatal, bajo control de los trabajadores electos.
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