Estatales: cómo enfrentamos los despidos

“Comunicarles verbalmente que sus contratos no serán renovados. Dar la posibilidad de que se retiren y que incluso no asistan al día siguiente”, dice un instructivo que circuló el lunes a primera hora con un paso a paso de cómo será la segunda tanda de despidos en el Estado nacional. El mismo texto aclara que no va a haber notificación oficial desde Recursos Humanos, algo que advertimos varias veces porque la totalidad de los contratos vencen el 31 de marzo.

Los mensajes que se filtraron indican que el día 26 de marzo próximo se notifique a los despedidos y que se les proponga no concurrir a sus oficinas a partir del 27, ya que 28 y 29 son feriados y hasta el 3 de abril no funcionará la Administración Pública Nacional. El que redactó el mensaje no tuvo en cuenta que centros culturales, teatros, cines y museos estatales trabajan durante fines de semana y feriados. Con un recorte del 30 por ciento del personal, claro, muchos ya no abrirán sus puertas.

Algunos funcionarios libertarios, de todos modos, adelantaron la fecha. El vocero presidencial Manuel Adorni informó el cierre del Instituto de Agricultura Familiar Campesina y del Consejo Familiar de Agricultura Familiar. La suma de despidos entre ambos organismos es de 900 trabajadores. Un día después, el coordinador de la Dirección Nacional de Centros de Referencia informó a sus 600 trabajadores que el área dejaba de existir. Se esperan más de 20 mil despidos para fin de mes, informó Casa Rosada.

La planta permanente tampoco está a salvo, aunque son una minoría absoluta los trabajadores que revisten en esa condición, en proporción al personal contratado bajo la Ley Marco –un contrato que emula varios derechos de la planta, que puede ser anual, no garantiza estabilidad (ni la indemnización) y cuenta con recibo de sueldo-, y los llamados “1109”, de locación de obra, eventuales, por universidad o por organismos internacionales, que son todas variantes del monotributo.

El instructivo que salió de la Jefatura de Gabinete de Ministros a cargo de Nicolás Posse habilita a despedir empleados de planta permanente que tengan sumarios o que no hayan llegado a los 12 meses “de prueba” posteriores a sus concursos y, aclara: “Quienes aún no llegaron a la estabilidad laboral y desean que sean desvinculados estar atentos a que no logren llegar”. ¿Llegar a dónde? Al absurdo plazo de 12 meses de prueba, aunque hayan desempeñado esa función durante muchos años (antes del concurso). Este criterio ya fue aplicado en el INCAA.

No habían pasado 24 horas de la represión en el cine Gaumont que llegó la notificación de despido de 29 trabajadores que ganaron su cargo por concurso pero no llegaron a los 12 meses de prueba. En el Estado, para poder participar de un concurso debías tener al menos 10 años de antigüedad en el cargo, entre los despedidos hay trabajadores con 15 años de antigüedad.

Hay que recordar que Alberto Fernández se había comprometido a convocar los concursos para que no se repitiera la escena del macrismo de despedir trabajadores con sobrada antigüedad y experiencia en sus cargos. Sin embargo, los concursos se hicieron lo suficientemente tarde como para que los ganadores de los cargos no tengan cumplido el año que permite acceder a la estabilidad. Algunos organismos tenían fecha de concurso en diciembre 2023… una tomada de pelo de los K a los empleados públicos.

La fragilidad contractual de los trabajadores estatales genera un escenario propicio para la masacre de Milei. Pero que miles de trabajadores no tengan estabilidad en su cargo solo fue posible por la desidia de los sindicatos, que nunca organizaron a los trabajadores por ese reclamo como no lo hacen por el 82% móvil o por los jardines maternoparentales ni por nada.

Las conducciones de UPCN y ATE, valga decir de la CGT y la CTA, han sido cómplices por acción u omisión de estos ataques. UPCN, cuyo dirigente, Andrés Rodríguez, se declaró dispuesto a “consensuar” una reforma laboral, colabora con el armado de los listados de despedidos. ATE, por su parte, embarcado en una disputa interna de aparatos, juega a fondo un rol desorganizador de la lucha.No recorren los sectores, ni unifican las medidas. Son un instrumento de desmoralización. Los delegados de la burocracia se niegan a convocar asamblea a pesar del pedido de sus afiliados. Algunos están tan desprestigiados que, aunque llamen a asamblea, no logran convocar a nadie.

El 15 de marzo pasado se realizó una concentración numerosa en Capital Humano -la más numerosa hasta ahora- que mostró organismos muy movilizados, como Desarrollo Social, donde hay cientos de despidos, mientras otros apenas sumaban los propios delegados.