4 y 5 de junio, paremos en todas las universidades

Luego de la histórica marcha del 23 de abril en defensa de la universidad pública, hubo un intento deliberado para estrangular el movimiento que había logrado reunir a un millón de personas en las calles.

En primer lugar, el gobierno nacional pactó con los radicales del Rectorado de la UBA un incremento de 270% para gastos administrativos y de funcionamiento y un 300% para los hospitales dependientes de la Universidad, a cambio de los votos positivos al proyecto de ley de Bases en el Congreso. Este pacto fue luego convalidado por el Consejo Superior de la UBA que dio por terminada la “emergencia presupuestaria de la UBA”, olvidándose que ese incremento no contemplaba salarios de docentes y no docentes ni tampoco resolvía los problemas presupuestario de las 60 universidades restantes.

Frente al anuncio de un nuevo paro, el 23 de mayo, por parte del Frente Sindical de Universidades Nacionales (CONADU, CONADU H, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA Universidad y FATUN), al cual también se sumó CTERA, haciendo extensivo el paro para la docencia de los niveles inicial y medio, el gobierno salió a anunciar un incremento de 270% para gastos de funcionamiento para el resto de las universidades nacionales.

Frente a esto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sacó una declaración saludando está medida del gobierno y, a modo de cierre de una etapa, agradeciendo a la “sociedad argentina por su masivo y conmovedor acompañamiento en defensa de la universidad pública que ha permitido comenzar a encontrar un principio de solución para la grave situación presupuestaria del sistema público universitario”.

El incremento del 270%, sin embargo, aplica sobre una pequeña porción del presupuesto, estrictamente destinado a asegurar el pago de servicios y otros gastos de funcionamiento, pero no atiende a los salarios de la docencia y de los trabajadores no-docentes. Por otro lado, con una inflación interanual que acumula 289.4%, de mayo del 2023 hasta ahora, el incremento permitirá atender solamente los gastos administrativos, pero no resolver los problemas de infraestructura, laboratorios, talleres, investigación o becas estudiantiles.

En la misma semana que se hizo ese anuncio de incremento para gastos administrativos, se convocó a una reunión paritaria donde ofreció a la docencia sólo un 9% de incremento salarial, rechazado por todos los gremios docentes. Aceptarlo significa consagrar una pérdida del 50% de los salarios de diciembre hasta ahora. La reunión pasó a un cuarto intermedio. El 28 de mayo el gobierno volvió a convocar a todos los gremios universitarios a una reunión con Sandra Pettovello, ratificando el 9% – una mejora del 0% respecto de la oferta original. Una provocación que obligó al Frente Sindical de Universidades Nacionales a convocar al próximo paro de 48 horas para el martes 4 y miércoles 5 de junio. Sin embargo, al día siguiente, en una acción de verdadero carneraje sindical, varias asociaciones se bajaron de esta convocatoria, generando también la ruptura en términos objetivo de este Frente Sindical de Universidades.

El pretexto para despegar fue plegarse a un posible paro resuelto por la FATUN, la federación que nuclea a los no docentes, también de 48 horas, pero para el 11 y 12 de junio, si es que hasta el 6 de junio no había otro ofrecimiento por parte del gobierno. En función de ello, la UDA (CGT), FAGDUT (de las universidades Tecnológicas) y FEDUN se bajaron de la convocatoria, por lo que por ahora el paro será solo de CONADU H, CONADU y CTERA (universidad), que representan al 85% de la docencia universitaria.

Es claro que hay una acción deliberada de dividir, crear confusión, en definitiva, en aplastar el conflicto universitario para evitar que al calor de lucha de la docencia universitaria su pueda reabrir el escenario del 23 de abril.

Las burocracias y los rectores están colaborando con el gobierno en esta misión.

El 4 y 5 de junio tenemos que parar masivamente, incluso en donde los sindicatos no llaman a parar, y mediante autoconvocatorias volver a poner en pie un movimiento que le de continuidad al proceso del 23 de abril.