Santa Fe: docentes y estatales suman 9% de pérdida salarial sólo en lo que va del año

Las estimaciones del Ministerio de Economía de la Nación plantean un 7 % de inflación para marzo y sus voceros declararon que el 6,6 % de febrero constituye “un piso” (infobae 21/3). Si esto dicen desde la propia gestión a tres semanas de conocer los índices oficiales… ¿qué esperar el viernes 14/4, cuando el INDEC publique el IPC para el mes de marzo? Asumiendo un cálculo conservador, se proyectaría un piso de inflación anual del 115 %, pero sabemos que las actuales condiciones explosivas plantean una hiperinflación en puerta.

Las burocracias de AMSAFE, ATE, UPCN, AMRA, FESTRAM y ASOEM, sabiendo esto y cumpliendo a rajatabla con la hoja de ruta de Massa y el FMI, se apuraron a cerrar el primer semestre, abrochando un acuerdo del 40 % hasta agosto, en tres tramos, que la inflación ya pulverizó, mucho antes de ser cobrada la primera cuota.

El gobierno provincial de Perotti, que se jacta de un superávit de 32.000 millones de pesos a diciembre de 2022, utiliza este mecanismo de retraso salarial respecto de la inflación y la recaudación para llenar sus arcas. El superávit pejotista se financia con la miseria de los trabajadores del sector público.

En medio de una “crisis de seguridad” (producto del fomento del negocio narco durante años) el ministro Agosto debió salir a dar explicaciones sobre por qué hay superávit en una provincia que estalla, aduciendo que se debe al cobro de la deuda que Nación mantenía con la provincia y que por ley de Presupuesto está impedido de redireccionarla... Más allá de esto, el mecanismo de recaudación a costa del salario de los trabajadores es sencillo: mientras el impuesto de Ingresos Brutos, con el que la provincia recauda, se actualiza en tiempo real con la inflación, a los salarios públicos se les aplica el retraso de varios meses que gobierno y burocracia sellan en cada paritaria. Algo similar ocurre con la coparticipación del IVA. Así, los laburantes financiamos al gobierno con el retraso de nuestro salario.

Luego, si se analizan los datos de los últimos cinco años de la provincia, mientras los ingresos tributarios aumentaron un 3,9 % (en términos reales), el gasto total se redujo un 7,8 %, los salarios un 15,1 % y la inversión pública (en la que se incluye la infraestructura escolar y de salud) disminuyó un 35,1 % (Puntobiz 5/3). Un ajuste en regla.

Durante la primera semana de abril, estatales y docentes percibiremos el 22 % del primer tramo del acuerdo paritario, luego de no haber cobrado un solo peso de aumento durante los tres primeros meses del año, cuya inflación habrá sido del 21 %. En el caso de docentes, burocracia y gobierno maquillaron el acuerdo un poquito más, llegando al 24,4 %, abultando la primera cuota con las cifras nacionales de FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) y Conectividad, más diez mil pesos por cargo de material didáctico. Ninguna de estas cifras la perciben jubilados, ni son remunerativas ni bonificables, es decir, desfinancian la obra social y la caja de jubilaciones.

¿Significan estos datos que “le ganamos por unos puntitos a la inflación”, como gusta decir la burocracia? De ninguna manera, más bien todo lo contrario. Veamos.

En primer lugar, partimos de salarios de miseria, y como la miseria también se actualiza por inflación, seguimos cobrando miseria. El salario del cargo inicial docente de marzo se remunerará, en abril, con $166.579. La línea de pobreza se ubicará, también en marzo, arriba de los $190.000, la de indigencia ya supera los 90.000 y la canasta familiar se encuentra por sobre los $300.000. El cargo docente debe sumar más de 17 años (80 % de antigüedad) para superar la pobreza. Sin embargo, los funcionarios del gobierno de Perotti gustan de decir que tenemos “los docentes mejor pagos del país”.

Al ubicarse la mayoría de los salarios docentes y estatales por debajo de la línea de pobreza, la inflación que realmente nos pesa, mucho más que la del IPC (Índice de Precios al Consumidor, que es un promedio de todos los consumos), es la de alimentos, que fue del 10 % en febrero. Cuando nuestras familias sufren esa carestía, nos tenemos que endeudar. A esto hay que agregar los tarifazos en los servicios públicos (incluido el transporte), que solamente en el caso de la energía eléctrica (EPE), pueden llegar a un 57 % para los domicilios particulares (Rosario 12, 1/3). Para estos aumentos no hay “tramos” que valgan.

Ni qué decir del alquiler, cuyos aumentos anuales superan el 90 % (muchísimo más si hay que renovar) y el cómputo no se incluye en el cálculo de la Canasta Básica Total (el nombre técnico para la línea de pobreza). Donde sí se incluye el costo del alquiler es en la definición de Canasta Familiar, que incluye éste y otros ítems que hacen a la reproducción social de una familia obrera y que hoy supera los $300.000.

Por otra parte, estas paritarias acordadas por gobierno y burocracia son siempre “hacia adelante”, es decir, nunca recuperan lo ya perdido, sino que consolidan ese quebranto. Con este mecanismo de ir detrás de la inflación ya nos confiscaron un mes completo de salario en el 2022, que nunca recuperamos.

Con estas paritarias seguiremos perdiendo

Como vemos en la tabla, incluso concediendo que el “aumento” docente para el primer tramo va a ser del 24,4 % y teniendo solamente en cuenta la inflación del IPC, muchísimo menor que la de alimentos, así y todo, perdemos salario respecto de la inflación. Cuando a principios de abril logremos “empatar” la inflación del primer trimestre, ya habremos perdido un 6 % del salario de enero, un 9,5 % del de febrero y un 17,2 % del salario de marzo que nunca vamos a recuperar.

En un contexto explosivo, la burocracia le ha concedido al gobierno el cierre de la paritaria hasta agosto, garantizando que no haya turbulencias durante el calendario electoral de las PASO. Esto quiere decir que la pelota está del lado de las bases docentes, estatales, municipales y de la salud: nos corresponde a nosotros iniciar por abajo la deliberación que fue cerrada de hecho. Tenemos la tarea de unir lo que disgregan desde arriba.

Hay una sola caja y una sola es la paritaria, por más que cada rama del Estado tenga sus particularidades. Con la discusión por sectores y al ir cerrando los acuerdos con unos sindicatos y otros no, el gobierno intenta separar desde arriba lo que si se junta por abajo revienta cualquier techo salarial.

La burocracia, por su parte, cumple con la faena de evitar por todos los medios la coordinación, la unificación de los planes de lucha, el poner en la calle y a un mismo tiempo a todos los empleados públicos en reclamo por el salario. De esta manera, si algún sindicato persiste en su lucha, como es el caso del SIPRUS, lo dejan aislado, a merced de la patronal. Esta situación sólo la podemos revertir los trabajadores: pongamos en pie coordinadoras de lucha autoconvocadas del sector público. Estatales, Docentes, Municipales y Trabajadores de la Salud debemos coordinarnos, por un Salario inicial igual a la Canasta Familiar (arriba de los $300.000) y el pase a planta ya, para poner sobre la mesa la cuestión de la HUELGA GENERAL y enfrentar así el ajuste del FMI y el gobierno, que sólo pueden ejecutar en complicidad con la burocracia.

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