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El final de la campaña electoral de Salta ha empalmado con la crisis política desatada por la impugnación de la Corte a las elecciones de Tucumán y Salta. Aunque los que gobiernan Salta miraron para otro lado, su régimen electoral marcha por el mismo camino fraudulento de aquellas provincias.
Para empujar su reelección, el “moderno” Sáenz consiguió que el tribunal electoral provincial le habilite colectoras, a través de las cuales contuvo en su redil a las camarillas que sostienen a su gobierno. Así, en la ciudad de Salta, la actual intendente Bettina Romero -la última generación del clan romerista- compite con Emiliano Durand, ex funcionario de la intendencia de Daniel Isa que cuenta ahora con los favores de Sáenz. A los que suponían que el voto electrónico era incompatible con los lemas y acoples, en Salta se llevarán una desagradable sorpresa: la pantalla de votación, a través de sucesivos clickeos, habilita a los sucesivos sublemas de los “partidos de estado”, como si se tratara de un videojuego.
En las listas de la principal coalición opositora, “Avancemos”, conviven camporistas, macristas y ex saencistas. Las colectoras expresan a diferentes camarillas de negocios que pelean la distribución del presupuesto público. Algunos de los candidatos -como el opositor Biella- reclaman que los fondos del Estado apuntalen obras del capital inmobiliario y turístico. Otros exigen esos fondos para subsidiar a la agroindustria o la minería. La capital de Salta vive un boom turístico y comercial.
De otro lado, se desarrolla una fenomenal precarización del trabajo, principalmente en los jóvenes. Los accidentes laborales están concentrados entre los 18 a 25 años. El segundo foco de accidentes tiene lugar entre las tercerizadas de la minería, otro gran bolsón de trabajo precario. Detrás de las invocaciones a Salta, los oficialistas y opositores patronales reclaman megadevaluación, libertad para la salida de divisas, reforma laboral para consolidar la degradación del trabajo.
La respuesta huelguística
En ese cuadro, el dato fundamental de la situación salteña ha sido aportado en estas horas, no por los slogans de campaña, sino por la escalada de huelgas. Primero, tuvo lugar el combativo movimiento de los trabajadores de Coca Cola, enfrentando una tentativa de despidos masivos. Ahora, se ha producido un estallido de huelgas por el salario: por un lado, autoconvocatorias de la salud; luego, los paros entre los judiciales provinciales. Y principalmente, la determinación de ir a la huelga indefinida por parte de la docencia autoconvocada, con altos niveles de acatamiento en el conjunto de la provincia. En oposición a la paritaria oficial, que pactó con la burocracia docente un aumento del 35%, los autoconvocados han formulado un planteo estratégico: el reclamo de un salario inicial de 320.000 pesos, al que se considera equivalente a la canasta familiar, como piso. Con ello, salieron a enfrentar el corazón de la política de miseria salarial del saencismo, que manipula las paritarias a partir de salarios iniciales de 100.000, y aumentos posteriores que corren sistemáticamente por atrás de la inflación. En la tarde de este miércoles, una asamblea de los autoconvocados, frente a la Casa de Gobierno, declaró la huelga general por ese reclamo salarial.
Nuestra campaña
En este cuadro general, la campaña de Política Obrera levantó una agenda de los trabajadores, con cuatro puntos centrales: el fin del trabajo precario, la lucha por un salario mínimo igual a la canasta familiar, el derecho al trabajo y a la vivienda. Violeta Gil, candidata a gobernadora, y los candidatos de los diferentes departamentos, colocaron estas cuestiones en los spots de campaña, en el debate de candidatos y en las recorridas.
En los últimos días de la campaña, realizamos charlas y recorridas en los medios en Orán, Tartagal, Mosconi, Metán y Rosario de La Frontera, además de la capital. Debatimos con compañeros que integran el movimiento de la docencia autoconvocada, con choferes de la oposición a la burocracia de UTA, con luchadoras del movimiento que reclama el pase a planta de las ordenanzas de escuelas, entre otros.
La cuestión del salario mínimo igual al costo de la canasta familiar es la ordenadora de un programa político: “la satisfacción de este reclamo elemental plantea una reorganización social general en función del mundo del trabajo, en oposición al ordenamiento presente, que parte de los intereses del gran capital y de los acreedores de la deuda pública”.
Hemos denunciado también al régimen de colectoras, impuesto en la elección entre Sáenz y la ´justicia´ de la Provincia. En medio de una aguda dispersión de la izquierda, con los dirigentes históricos del aparato del PO subsumidos en una alianza con el centroizquierdista MST, numerosos luchadores y activistas han reconocido en nuestros jóvenes candidatos la continuidad histórica del Partido Obrero.
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