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Durante las últimas semanas naufragó en el parlamento peruano una variedad de proyectos de adelantamiento electoral presentados como vía de salida a la crisis creada por el derrocamiento de Pedro Castillo y la insurrección indígena en el interior del país y parcialmente en Lima. La presidenta Dina Boluarte elevó su propia iniciativa de adelantamiento electoral para diciembre de 2023. El diario La República la ha calificado como “la última oportunidad”.
Empantanamiento
En diciembre pasado, el Congreso había votado cesar el mandato del Ejecutivo y el Congreso, que finalizaba en 2026, para abril de 2024. El pasado viernes, sin embargo, el fujimorista Hernando Guerra García presentó, fuera de agenda, una iniciativa un nuevo proyecto de adelantamiento electoral para diciembre de 2023, que recibió la aprobación del partido Fuerza Popular (FP), presidido por Keiko Fujimori y de un sector de legisladores que responden al expresidente. Una parte del régimen político peruano considera esencial acortar el mandato de un gobierno cuya valoración popular se encuentra por el suelo. En su entendimiento, el adelantamiento electoral funcionaría como contención de las protestas. El sub-texto de este planteo es que el partido fujimorista sería el mejor organizado para ganar unas elecciones a corto plazo. Sin embargo, los aliados del fujimorismo, Renovación Popular y Avanza País, han rechazado la propuesta por temor a un rotundo fracaso electoral. Por enésima vez el Congreso no logra aprobar nada, lo que lleva a que las elecciones tengan lugar en 2026, como prevé la Constitución. Es, posiblemente, la posición de las Fuerzas Armadas. Una misión de la OEA debe llegar a Lima para favorecer un adelantamiento.
Entretanto un diputado de Fuerza Popular ha reclamado la militarización de la frontera con Bolivia, con la excusa de un supuesto financiamiento del Estado boliviano a las manifestaciones. Las Fuerzas Armadas han comenzado a participar de la represión a los piquetes. La semana pasada, el Ejército peruano debió borrar un mensaje publicado en su cuenta de Twitter en el que sugería un escenario de guerra. En la publicación citaban a José de San Martín, que decía que “cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”.
Las fuerzas aliadas de Castillo (Perú Libre, Bloque Magisterial y Perú Democrático) votaron en contra de la iniciativa de FP, condicionando el adelantamiento electoral a la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Enviaron un proyecto propio al Congreso que también fue rechazado. La vocera de Fuerza Popular sostuvo que “la Asamblea constituyente es un tema que no es negociable en este momento”.
Una nueva votación para reconsiderar el proyecto de Fuerza Popular debió posponerse cuatro veces debido a la falta de consenso. Los principales diarios de Perú sostienen, en cambio, que se está “posponiendo lo impostergable”. Finalmente, el pasado miércoles el Congreso no llegó con los votos necesarios (alcanzó sólo 54 votos a favor) y todo volvió a fojas cero.
Crisis en el Ejecutivo
Mientras esto sucedía en el Congreso, el Poder Ejecutivo se partía en dos. La presidenta Dina Boluarte viene reclamando con mayor insistencia la realización de elecciones en 2023. Pero Alberto Otárola, el jefe de gabinete a quien todos atribuyen el comando real del gobierno y quien negocia con las fuerzas aliadas del Congreso, se opone. Boluarte podría presentar la renuncia a la Presidencia, en cuyo caso el presidente del Senado debería convocar a elecciones en 90 días. Pero continuaría el Congreso actual. La intención de la mandataria es abrir una negociación con las bancadas alineadas con Castillo, al presentar un proyecto de reforma “total” de la Constitución de 1993, que sería a discutida por la Comisión Constitucional del próximo Congreso.
El diario El Comercio plantea que “a estas alturas, cualquiera de las dos opciones (2023 o 2024) es preferible a dejar el calendario electoral intacto hasta el 2026”. Esto no cambia el cuadro de impasse política.
Protestas
Los cortes de ruta y las manifestaciones no cesan. Se han convertido en el factor crucial de la crisis, del cual se deriva todo el empantanamiento en el Congreso y el Ejecutivo. Para evitar la llegada de las manifestaciones a Lima, las empresas de transporte han triplicado el costo de los pasajes hacia la capital peruana. El pasado martes una marcha contra el gobierno en Lima tuvo un carácter masivo. La CGTP (la central de trabajadores mayoritaria), sin embargo, sigue sin convocar una huelga general. La Federación Nacional de Cafetaleros y Agricultores del Perú (Fencaap) se sumó a las protestas del martes y convocó a un paro agrario por tiempo indefinido.
En el sur, las protestas se mantienen firmes. La provincia de Cusco se encuentra completamente paralizada. La minera ‘Las Bambas’ suspendió sus operaciones en esta región debido a los cortes de ruta. Los bloqueos de Espinar, que impiden actividad de tres grandes mineras (Las Bambas, Constancia y Antapaccay), ya llevan más de tres semanas ininterrumpidas. En todo el país se registran cerca de 100 bloqueos de rutas
El asesinato de más de 60 personas en manos de la represión han cerrado toda posibilidad de zanjar la crisis sin la renuncia de Boluarte y su gabinete, y la disolución del Congreso.
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