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La proscripción de la Vicepresidenta se ha convertido en una discusión acerca del sexo de los ángeles. Un Tribunal Oral la privó, junto a una condena de prisión a seis años, de la posibilidad de asumir cargos públicos. Una serie de recusaciones a los fiscales y jueces del Tribunal, por manifiesta convivencia con Mauricio Macri, fue rechazada en instancias superiores. Lo mismo deberá ocurrir, como consecuencia, con las apelaciones al fallo por parte de los abogados de la acusada. De otro lado, un par de absoluciones por otros delitos, conexos o no, ya han sido impugnados por el macrismo ante la Cámara de Casación. Salvo que la Corte Suprema dilate su intervención inevitable hasta que CFK llegue a la edad de Mirta Legrand, la sentencia de ultimísima instancia esta cantada. Un indulto presidencial podría ahorrarle la prisión, pero no podría hacer nada con la privación de sus derechos políticos.
Quienes denuncian que la proscripción todavía no está vigente, desde la extrema derecha hasta la menos extrema izquierda, la están incitando a que se presente a las elecciones 2023. Es lo que intentó Lula cuando fue condenado en las dos instancias que están determinadas por una ley que fue impulsada por él mismo en los períodos de su presidencia (“Ficha limpia”). Logrado su propósito para que interviniera la tercera instancia, el Superior Tribunal Federal ratificó la condena, por un voto y por una ostensible presión de la jefatura del Ejército. Este mismo Tribunal inventará cuatro años más tarde una falla de procedimiento para permitir que Lula pudiera enfrentar a Bolsonaro. Un fuerte bloque de los medios de comunicación, la burguesía local y el Departamento de Estado norteamericano había llegado a la conclusión de que el ex obrero metalúrgico, entrado en años, era el único que podía derrotar en las urnas al aliado brasileño de Trump. Cristina Kirchner se encuentra al principio y no al final del periplo de su aliado caipira.
Si CFK aprovechara la “ventana de oportunidad” que ofrece el estado actual de sus tribulaciones legales para concurrir a la elección presidencial, una victoria no terminaría con el problema. Una condena final dentro de su mandato la obligaría a renunciar, para no verse acusada de ampararse en la Casa Rosada como una cueva de la delincuencia. En Argentina no existe, como ocurre en México, la prohibición de juzgar y condenar a un o a una Presidente en ejercicio. Claro que, ungida por una victoria popular, Cristina Fernández podría desestimar una sentencia de la Corte mediante el llamado a una Asamblea Constituyente que anule el fallo y destituya a los miembros del tribunal. Como un desafío semejante está fuera del propósito de una dirigente política que defiende a rajatabla el régimen político y social vigente, a todos los fines prácticos Cristina Kirchner luce más como una dirigente sujeta a la pérdida de derechos políticos que lo contrario.
La función política de la privación de derechos a la Vicepresidenta es cerrar el paso a una candidatura de Macri, que ningún político calificaría como una proscripción por inferencia. El embajador norteamericano, Marc Stanley, ya ha bajado la orden de terminar con la ‘grieta’. Cristina Kirchner no está esperando hasta la sentencia de la Corte para sacar las conclusiones políticas: si fuerza una polarización acelera los trámites judiciales, además de arruinarle la vida al peronismo con la posibilidad de una derrota electoral mayúscula, de acuerdo a las encuestas. La Justicia es un poder, su función será siempre política.
El embajador norteamericano tampoco está sólo. Los banqueros nacionales y extranjeros han ofrecido a Massa una postergación de los vencimientos de la “explosiva” deuda del Tesoro -unos 65 mil millones de dólares, en pesos-, para que el gobierno concluya su mandato. Los pagos se transfieren a 2024/6. Para los banqueros, CFK no es garantía de esos pagos. Ella misma ya ha elegido a Massa, el mismo que pondrá la firma al canje de bonos. El brazo político de los banqueros es más largo que el del propio poder judicial. Cristina Kirchner está condicionada por sus compromisos de clase. Ella denuncia su proscripción para ofrecer una salida a la crisis política y al derrumbe del peronismo.
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