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El 50 aniversario del último golpe de Estado se da en el marco del desarrollo de una guerra imperialista mundial. Milei se ha enrolado con la banda fascista encabezada por Trump y Netanyahu.
En la conformación del Estado policial el gobierno ha avanzado a paso firme, con la complicidad de todos los partidos del régimen, por medio de la liquidación del derecho a la protesta, las facultades a la policía para reprimir todo tipo de manifestaciones y habilita a la SIDE a detener personas sin orden judicial, el ciberpatrullaje, la creación de DFI (el FBI criollo), la baja de edad de imputabilidad y el avasallamiento de los derechos de la clase obrera, como el derecho a huelga y a la organización de asambleas en los lugares de trabajo.
El hilo conductor represivo con los gobiernos que le precedieron ha dado un salto. Milei acaba de adherir al “Escudo de las Américas”, impulsado por el trumpismo, que autoriza la injerencia territorial del Pentágono. La entrada a la alianza militar continental se complementa con el pedido del gobierno a ser considerado como socio global de la OTAN, tomando como referencia el “Concepto Estratégico - OTAN 2022”.
En el segundo mandato de Cristina Kirchner se aprobó la ley antiterrorista, impulsada por el FMI y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Fue promulgada con el objetivo de “prevenir” el lavado de dinero para financiar a organizaciones terroristas. Pero las modificaciones introducidas en artículos del Código Procesal Penal habilitan a castigar a quienes intenten o logren “aterrorizar a la población”, o sea sancionar manifestaciones políticas y sociales, las autoconvocatorias y las rebeliones como las de 2001/2.
Durante el gobierno de Mauricio Macri se sancionaron el Decreto 683/2018 y el 703/2018, que promovían una reforma en la Ley de Defensa Nacional y otorgó funciones de seguridad interna a las Fuerzas Armadas, con el objetivo de la lucha contra el "terrorismo internacional". También durante el gobierno de Macri, en 2019, se creó por decreto el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET), a pedido de Israel y EE.UU.
Los liberticidas, en diciembre de 2024, modificaron por decreto las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior, para dar a las Fuerzas Armadas una mayor injerencia en cuestiones de seguridad interior. El gobierno promovo2 operativos, como el Roca y el Güemes, que militarizaron el norte del país, con el argumento de que los bagayeros serían narcoterroristas.
Esta política tuvo diferentes instancias. Una de ellas fue la visita a los genocidas realizada por diputados libertarios en junio de 2024 en el penal de Ezeiza, antesala del pedido de prisión domiciliaria a los condenados por crímenes de ‘lesa humanidad’ por parte de Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad. Otro mojón fue la designación, en febrero de este año, dentro del Ministerio de Defensa, del videlista Guillermo Madero como Titular de la Unidad Gabinete de Asesores, con antecedentes de bloquear las investigaciones por crímenes de lesa humanidad.
Este recorrido se vio coronado por la designación del Jefe del Estado Mayor Carlos Presti al frente del Ministerio de Defensa, quien designó a otros militares en funciones civiles. Estos cambios sustanciales en el régimen político forjado desde la salida de la dictadura, rompe con el “pacto democrático” de los partidos burgueses. La designación de Presti convierte a las FF. AA. en un brazo político del gobierno liberticida, y al gobierno en cívico. En la Asamblea Legislativa ha anunciado el propósito de alterar ‘la arquitectura institucional’ del país”- lo mismo que plantea Trump para asegurar la sucesión de su camarilla. La consigna de este 24 de Marzo es abajo el Estado policial comprometido con el genocidio imperialista.
El DNU 941 le da mayor injerencia a los militares en el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), lo que fue recibido en las Fuerzas Armadas como una reivindicación. El personal de las FF. AA. Destinado a tareas de inteligencia se compone por efectivos cooptados hacia adentro de las fuerzas y personal civil, conformando una gran estructura distribuida territorialmente. En este punto, lo liberticidas abrevan del legado dejado por el “nacional popular” Milani, quien en su momento impulsó la creación de unidades de nivel táctico, compañías y secciones de inteligencia, incluso en lugares alejados de las grandes ciudades, promoviendo a civiles en tareas de análisis y tareas administrativas.
Uno de los elementos centrales de la construcción del Estado policial son las modificaciones introducidas en la SIDE, a la que, por el DNU 941, la han transformado en un “grupo de tareas”, dándole amplias facultades para llevar adelante espionaje y detenciones a personas sin orden judicial y un ciberpatrullaje masivo. Desde finales del 2024, la SIDE, con la anuencia del Ministerio de Seguridad, ha llevado adelante en las marchas “perfilamientos” para “identificar y monitorear” a “grupos sociales vulnerables” y a todo actor “no estatal”, en un contexto social que el Gobierno caracteriza de “creciente polarización política para expandir su influencia” que dañe el relato oficial, sobre todo, del delicado rumbo económico del tándem Milei – Caputo.
En agosto de 2024, el gobierno nacional dio a conocer el DNU 614/2024, por el cual se cambió el nombre de la agencia de inteligencia de AFI a SIDE y una reorganización de la misma, subdividiéndola en cuatro, que abordan tareas específicas: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la División de Asuntos Internos (DAI) y la Agencia de Federal de Ciberseguridad (AFC).
Las reformas introducidas en la SIDE surgen de la caracterización de los liberticidas de que en los últimos años, el sistema de inteligencia acumuló funciones superpuestas, estructuras sobredimensionadas, dificultades para integrar información relevante dispersa en distintos organismos y zonas de incertidumbre normativa sobre el alcance real de las tareas de inteligencia nacional.
A la represión y persecución “legal”, hay que sumarle los “grupos de tareas digitales", que actúan en las redes sociales llevando adelante persecuciones, hostigamiento y propaganda libertaria a tiempo completo y que tienen su centro de operaciones en el Salón de los Próceres en la Casa Rosada, financiados con los gastos reservados de la SIDE
En mayo de 2025 se filtró el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) donde los libertarios fijaron los ámbitos de acción de la SIDE, entreabriendo la puerta al espionaje ilegal contra los que criticaran la investidura presidencial y, sobre todo, su plan económico. El rol central que juega la SIDE para el gobierno de Milei se evidencia en las asignaciones presupuestarias que ha recibido, conmutados como gastos reservados, que el 941 le da mayor discrecionalidad en el manejo de estos fondos.
Al día de la fecha la SIDE se encuentra colonizada por las agencias de inteligencias extranjeras, más precisamente por la CIA y el MOSSAD, y está atravesada por la derecha continental nucleada en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CEPAC), en la que está enrolado el empresario Leonardo Scatturice como un exagente de la SIDE, relacionado a Santiago Caputo, y es quien propuso el nombre Andrés Vázquez, vinculados a la SIDE para que ocupe el cargo de Director de ARCA al frente de la DGI. Se enrolan en la pelea de fondo, los Caputo (Santiago y ´Toto´) por el control de los entes recaudadores. El hombre que Santiago Caputo quería colocar al frente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Vázquez, mantiene estrechos vínculos con la SIDE y con Antonio “Jaime” Stiuso. El largo brazo de la SIDE se ha diseminado más precisamente con Antonio “Jaime” Stiuso. El largo brazo de la SIDE libertaria se ha expandido como una mancha de aceite en la estructura del Estado. El camino recorrido en la construcción de un Estado policial confluye con la conmemoración del último golpe,
La movilización del 24 de Marzo debe recoger esta situación y enfrentar al Estado policial y al gobierno antiobrero que apoya el genocidio imperialista en el mundo y el avasallamiento de América Latina. Es lo que reclamarían los 30 mil desaparecidos.
