Israel: un ataque del gobierno contra la Corte, con propósitos fascistas

Este lunes Israel fue sacudido por una huelga general y una movilización sin precedentes contra la reforma judicial que busca imponer el gobierno derechista-clerical de Netanyahu-Ben Gvir. Sólo en Jerusalén, una ciudad conservadora, se movilizaron más de 50 mil personas - una “de las movilizaciones más grandes de la historia del país” (Haaretz, 13/2). Desde principios de 2023 cada fin de semana las movilizaciones se incrementaron en número. Ahora fueron acompañadas por un paro general.

En el parlamento se encuentra a debate un proyecto de ley que autoriza al Legislativo a revertir las sentencias de inconstitucionalidad que son facultad de la Corte Suprema, aunque Israel no tiene una Constitución escrita. Sería, dicen los críticos, la abolición de la división de poderes. Busca facultar al Congreso a cancelar los fallos por crímenes de corrupción cometidos por Netanyahu y su esposa. Más allá de esto apunta a eliminar cualquier límite legal para la expropiación de viviendas de árabes israelíes y desatar una colonización sin freno de los territorios ocupados –una suerte de limpieza étnica para poder edificar el Gran Israel. La derecha clerical pretende redefinir también la ciudadanía israelí por el criterio de “jus sanguinis” excluyente. En el trabajo de judaizar legalmente al Estado se ha desatado un debate acerca del árbol genealógico de quienes pretendan ser reconocidos como judíos, dadas las mixturas matrimoniales y familiares crecientes de las personas judías.

Es una versión invertida de las leyes raciales del nazismo para privarlos del derecho de ciudadanía. Este ‘imbroglio’ es una de las razones de la ausencia de una Constitución escrita. El propósito fundamental es privar de la ciudadanía a la población palestina y, eventualmente, a opositores políticos, hurgando en su mezcla ´étnica’. El gobierno expresa una alianza de colonos ultranacionalistas antipalestinos y religiosos de extrema derecha y convertir al Estado sionista en una teocracia.

Simultáneamente, se movilizaron en Manhattan, New York, por primera vez, varios cientos de miembros de la comunidad judía, para repudiar al lobby trumpista de dos grandes magnates judeo-yankis, Jeff Yaas y Arthur Dantchiek, quienes financian al Kohelet Forum, una organización que está detrás de la reforma judicial. Todo esto, no obstante que los seguidores de Trump son en su mayoría antisemitas

Para Yedidia Stern, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Bar-Ilan, ni siquiera cuando “el asesinato de Rabin o la retirada de Gaza de 2005, cuando Israel estuvo más cerca de la guerra civil, se llegó tan lejos. Ahora estamos aún más cerca”; “la gente se pregunta, si llega el momento, ¿a quién serán leales las FF.AA.?” (Anshel Pfeffer, ídem, 9/2). Buena observación. En Israel hay un conflicto de poderes y sólo un árbitro: las poderosas FFAA sionistas. Del mismo modo que no se puede tapar el cielo con un harnero, el sionismo no puede ocultar las contradicciones históricas insalvables de su instalación en el Medio Oriente.

Las movilizaciones tienen, indudablemente, un límite que parece no franquearse: la hostilidad hacia la población palestina, incluida la minoría árabe palestina de Israel (un 25% de la población). El movimiento de protesta está reservado a los opositores políticos a Netanyahu, muchos de los cuales gobernaron con él hasta ayer. A la par de la reforma judicial, el gobierno ha intensificado los desalojos y expropiaciones contra la población árabe palestina. También ha redoblado la violación de derechos contra los presos palestinos en las cárceles sionistas.

Después de la razzia criminal desatada en la ciudad de Jenín, en los territorios ocupados, que costó la vida de nueve palestinos, hubo no menos de 35 asaltos fascistas desde los asentamientos contra aldeas y ciudades palestinas. Las fuerzas de seguridad nada hicieron para impedirlo.

Más recientemente el gobierno anunció que “demolerá un edificio de apartamentos en Jerusalén Este con 100 inquilinos”, mientras el Estado se desentiende de los barrios árabes de Jerusalén y “evita que la mayoría de los vecinos obtengan permisos de construcción” (Yael Freidson, ídem, 6/2).

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