Rosario: la militarización del Estado

Escribe Jacyn

Myriam Bregman reclama la legalización de la droga y el pronto socorro médico para sus víctimas.

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Luego del atentado contra el supermercado de la familia política de Lionel Messi y de la pueblada que desató el asesinato de un niño, durante un enfrentamiento entre bandas narco, la crisis de seguridad de Rosario saltó otro peldaño a la plana nacional e internacional. La situación se ha convertido en insoportable para el propio régimen, que ve licuarse su autoridad. Rosario es un paso estratégico, por el cruce de rutas y por su puerto, para el negocio de la droga. Los puertos del Paraná, al igual que la Hidrovía, han sido privatizados y su supervisión se ha dejado en manos de los municipios. La llamada ‘autonomía municipal’ ha sido crucial para subfacturar exportaciones y sobrefacturar importaciones. También lo ha sido el abandono de la flota fluvial en beneficio de barcos de bandera, que llevan de todo y algo más. La necesidad de lavar el dinero de la droga cuenta en Rosario con un ámbito favorable en el negocio de contratos de cereales y la financiación bancaria. Sin el desmantelamiento de esta estructura, que es de naturaleza internacional e instrumentación electrónica y digital, la lucha contra la droga es un slogan de quienes quieren ´pacificar´ el negocio mediante acuerdos como los que realiza la DEA de Estados Unidos.

La crisis rosarina produjo el acercamiento de tres actores que, hasta la víspera, cruzaban acusaciones de todo calibre: el gobierno nacional, el gobenador Perotti y el intendente Javkin. La facción albertista tiene una cabeza de playa en la política provincial, a través de Agustín Rossi, jefe de gabinete. Perotti, por su parte, se ha arrimado al cordobés Schiaretti y al salteño Urtubey, en su intento por revitalizar una ´tercera vía´ federal. En el caso de Javkin, del Frente Progresista, mantiene discusiones con el ala larretista de Juntos por el Cambio.

Esta ´unidad´ celebró el envío de un nuevo contingente de gendarmes a la ciudad, la instalación de 600 modernas cámaras de seguridad, la apertura de una sede de la Unidad de Información Financiera para seguir la ruta del dinero narco y, finalmente, el despliegue de ingenieros del Ejército para colaborar en la urbanización de las villas rosarinas. Según Javkin, las licitaciones quedan desiertas por falta de oferentes. Desde el CELS, apuntaron que “las acciones de defensa civil que pueden desarrollar las Fuerzas Armadas (…) no tienen que ver con esta medida que busca una noticia de alto impacto”. Lo cierto es que las Fuerzas Armadas desarrollan, desde hace tiempo, tareas de apoyo logístico en “la lucha contra el narcotráfico” en el norte argentino. La trumpista Patricia Bullrich propone directamente militarizar los barrios de Rosario, es decir Rosario, y toda Santa Fe. El Departamento de Estado norteamericano viene abandonando la línea de involucrar a las fuerzas armadas en la faena, desde su retiro de asistencia militar a Colombia y el desastroso resultado en México, para pasar a recomendar tareas de inteligencia y de seguimiento y control del flujo financiero del dinero narco, un complemento indispensable para el sistema bancario mundial. En todo caso, los Fernández Alberto y “Hannibal” prometieron que se verán carros blindados, tanquetas, motos y patrullas. El gobernador y el intendente se atribuyeron haber impuesto al gobierno sus reclamos en materia de asistencia; el gobierno, por su parte, reivindicó “los esfuerzos realizados”.

En el discurso grabado con el que se difundieron los anuncios, Alberto Fernández remarcó que “el crimen organizado no se desarrolla de un día para otro” y que “para expandirse requiere tiempo para tomar territorios, reclutar sicarios, y cooptar voluntades en las Fuerzas de Seguridad, en la Justicia y también en la política” (La Nación, 7/3). Sobre esto, en materia de medidas, no anunció nada. La podredumbre, es cierto, abarca a todos los estamentos del Estado, pero no solamente en Santa Fe, donde prominentes dirigentes políticos están involucrados con los narcos y la cúpula policial fue descabezada 10 veces en pocos años por la connivencia con éstos. Notorios aliados del oficialismo, como en el caso del santiagueño Zamora, han sido señalados como actores clave del negocio. Santiago del Estero alberga centenares de pistas de aterrizaje. Un estudio citado en La Nación (7/3) advierte que la diferencia entre las provincias de Santa Fe y de Buenos Aires sería que, en el primer caso, la droga está en manos de bandas; en el segundo, el tráfico es “regulado y administrado por el Estado a través de la policía bonaerense”. “Lo mismo propuso Sabina Frederic”, agrega el columnista. Esto sugiere que el despliegue represivo podría servir para ´poner en caja´ el negocio, antes de que detone el derrumbe de todo el sistema político provincial. La semipueblada de días atrás sirve de anticipo de lo que podría ocurrir, a mayor escala, en caso contrario.

Por último, la izquierda posmoderna -que considera al porro y al tarot como vehículos de autoconocimiento- no perdió la oportunidad de insistir en legalizar la droga como remedio a la podredumbre. “Si vos legalizás (las drogas) se termina el negocio”, sostuvo la precandidata presidencial del FIT-U, Myriam Bregman (LID, 8/3). La falacia es obvia: la legalización multiplicará el negocio de los pulpos farmacéuticos. Eso sí, agrega Bregman, “esa legalización tiene que ir acompañada de fondos necesarios para todo aquel que tiene consumo problemático”. El fentanilo acompañado con una guardia médica en cada barrio. Es simplemente la barbarie, según la entiende este tipo de socialismo. La reivindicación de la droga libre no fue presentada, sin embargo, por el PTS o el FIT-U para la movilización del 24 de Marzo.

Abajo la militarización, abajo la destrucción moral y física de la juventud. Que las organizaciones obreras y socialistas hagan campaña contra la droga y organicen a la juventud para luchar por el socialismo.

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